4 de junio de 2026 - 13:10

Cambia la ley de alquileres: nadie podrá pagar en efectivo a partir de esta fecha

La normativa se aplica a todas las personas físicas y jurídicas sin importar el monto del alquiler o el tipo de propiedad para garantizar la transparencia fiscal.

El Departamento de Impuestos de Chipre recordó que a partir del 1 de julio de 2026 la ley de alquileres cambiará. Esta medida, enmarcada en una reforma fiscal profunda, exige que todas las transacciones de arrendamiento dentro del país se realicen exclusivamente por medios electrónicos para asegurar la trazabilidad.

La nueva regulación se basa en el artículo 48A de la Ley de Determinación y Recaudación de Impuestos. No se trata de una sugerencia, sino de una obligación legal que busca modernizar el sistema financiero local y eliminar la informalidad en el sector inmobiliario. Los propietarios e inquilinos deben adaptarse a este cambio para evitar sanciones.

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Medios de pago autorizados y restricciones para el cobro manual

Los métodos permitidos incluyen transferencias bancarias, pagos con tarjetas de débito o crédito y cualquier otro medio electrónico reconocido oficialmente. El Departamento de Impuestos ha sido enfático al aclarar que los beneficiarios del alquiler no podrán aceptar la recaudación de tales rentas mediante ningún otro método que no sean los canales digitales establecidos.

Esta obligación rige para toda propiedad inmobiliaria ubicada en territorio chipriota, sin excepciones por el uso del inmueble. Tanto las personas físicas como las entidades legales están sujetas a la norma, independientemente de si el monto del alquiler es simbólico o elevado. La ley abarca desde viviendas particulares hasta locales comerciales y naves industriales en toda la isla.

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Un cambio que facilita la trazabalidad

El objetivo central de esta transición es fortalecer la transparencia en las transacciones que involucran alquileres. Al digitalizar el flujo de dinero, el Estado puede fiscalizar de manera más eficiente los ingresos reales y combatir la evasión. Esta medida forma parte de un paquete de leyes que buscan formalizar la economía y reducir la circulación de capitales no declarados en el mercado interno.

Para los dueños de propiedades, la normativa implica la responsabilidad de rechazar cualquier intento de pago en mano, ya que la aceptación de efectivo constituiría una infracción directa a la reforma tributaria. La fecha del 1 de julio marca un punto de quiebre en la gestión administrativa de los alquileres, consolidando un sistema donde cada transacción debe dejar una huella digital clara.

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