En junio de 2026, la clave es revisar el contrato y distinguir gastos habituales de obras, fondos o mejoras que corresponden al propietario.
Las expensas extraordinarias siguen siendo uno de los puntos que más conflictos genera entre propietarios e inquilinos. Aunque aparezcan en el resumen del edificio, eso no significa automáticamente que el inquilino deba pagarlas. El problema es que, tras la derogación de la Ley de Alquileres y el régimen del DNU 70/2023, los contratos nuevos tienen mayor libertad para pactar gastos.
Por eso, en junio de 2026, la respuesta exige mirar dos cosas: qué dice el contrato y qué tipo de gasto aparece en la liquidación.
En contratos firmados bajo la Ley 27.551 o la reforma posterior, el artículo 1209 establecía una regla clara: el locatario no tenía a su cargo las expensas comunes extraordinarias.
Solo podían quedar a cargo del inquilino aquellas expensas derivadas de gastos habituales, vinculados a servicios normales y permanentes a disposición del locatario.
Por eso, en esos contratos, una obra excepcional, un fondo de mejora o una refacción importante no deberían trasladarse automáticamente al inquilino.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad explica que, para contratos posteriores al DNU 70/2023, el pago de expensas, ABL, AySA y servicios queda sujeto a lo que pacten las partes.
Esto no significa que cualquier cobro sea válido sin discusión. Significa que hay que revisar la cláusula exacta del contrato y cómo está redactada la obligación.
Si el contrato solo habla de gastos habituales, ordinarios o servicios de uso normal, no debería interpretarse como autorización automática para trasladar obras extraordinarias.
En cambio, limpieza, luz de espacios comunes, administración, mantenimiento ordinario, sueldo de encargado y servicios permanentes suelen considerarse gastos habituales.
Lo primero es pedir el detalle de la liquidación. No alcanza con mirar el total del resumen: hay que identificar el concepto exacto.
Después, conviene revisar el contrato. Si no hay una cláusula clara que traslade ese gasto, el inquilino puede plantear el reclamo al propietario o la inmobiliaria.
También es importante recordar que, frente al consorcio, el obligado principal suele ser el propietario. El vínculo del inquilino es contractual con el locador.