Mendoza, ¿una bodega estatal? No

"Si no hay criterio objetivo para el uso de los recursos que puedan asignarse para la producción, como un medio de verificar indirectamente la eficiencia del proceso, entonces, mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente".

James Buchanan - Premio Nobel de Economía 1986.

Descontando la buena voluntad del Sr. Gobernador y su equipo, en lo que respecta a la idea de una bodega estatal, la respuesta epistemológica y teórica que nos brinda la ciencia económica, es claramente No.

Esta nota intenta, sin dejar de lado lo expresado por el Dr. Aciar en su columna publicada por este mismo diario hace unos días sobre el tema de marras, colocar el eje del debate en un marco más teórico que apunte al concepto mismo de empresa estatal.

Empresa estatal, una contradicción en sus términos

Una empresa estatal es una contradicción en sus términos, ya que es imposible hacerse pasar por empresario. Éste arriesga recursos propios y capital en una idea que se transforma en activos produciendo. Si acierta en satisfacer a los consumidores obtiene ganancias, mientras que si se equivoca, el resultado son pérdidas, algo muy distinto a lo que sucede cuando las decisiones se politizan, debido a que se toman sin tener en cuenta a esos consumidores, es decir al mercado.

Incluso la mera creación de una empresa estatal o la estatización de una privada, implica capital mal asignado debido a que se cambian las prioridades de la gente en cuanto a dónde debían colocarse esos recursos, si tenemos en cuenta que el Estado sólo puede sacar recursos de los privados para sus funciones y ocurrencias (vía impuestos, deuda pública o inflación).

Si por ventura acertara en la asignación de los siempre escasos recursos, tal como lo hubiera realizado el mercado actuando libremente, no tiene sentido la intervención y además se ahorraría los costos administrativos que genera la misma.

Por último, si por fortuna del destino esa empresa estatal obtuviera ganancias, cabría preguntarse cómo llegó a ella, ya que la competencia en el mercado no se puede simular tampoco. Si se compite se acepta un mercado funcionando en libertad, de lo contrario se entra en la órbita estatal con los privilegios del caso. Finalmente si se decidiera eliminar esos privilegios, otra vez no tiene sentido la intervención y la empresa estatal.

De más está decir que el argumento que señala que deben ser estatizadas porque las utilidades no son reinvertidas o son giradas al exterior si son empresas extranjeras, no tiene argumentos científicos sino sólo ideológicos.

El hecho de que una empresa se mantenga viva en un mercado sin privilegios, significa que los consumidores la eligen como su proveedora; y para que siga siendo elegida, deberá invertir capital. De lo contrario la tiranía del consumidor opera cambiando de proveedor.

En todo caso, el Estado debería preocuparse porque el consumidor tenga infinitas opciones y, para que eso suceda, deben llegar muchas empresas a invertir y a su vez, para que eso suceda, es necesario marcos institucionales funcionando, derechos de propiedad respetados al igual que los derechos individuales.

Costo de oportunidad, un concepto olvidado

Debido a que el Estado sólo puede sacar recursos de los privados, no se tiene en cuenta el costo de oportunidad que esos recursos tienen.

Henry Hazlitt señala en su libro "Economía en una lección", que los políticos en general no tienen en cuenta que "los cortes de cinta" tienen costos de oportunidad. Esto implica que, como los recursos no pueden ser aplicados a dos cosas al mismo tiempo, nadie repara en lo que el mercado dejó de hacer para que el burócrata de turno pudiera sacarse una foto inaugurando algo; científicamente esto se llama despilfarro de capital, ya que ignora el concepto de costo de oportunidad, el cual opera absolutamente siempre.

La cita más arriba, expresada por James Buchanan, trae luz sobre el concepto de eficiencia económica que es la otra cara de la moneda del concepto de costo de oportunidad. Los arreglos contractuales libres y voluntarios son, por definición, eficientes, ya que han tenido en cuenta el costo de oportunidad involucrado (algo que también ha señalado Ronald Coase por medio de su concepto de costos de transacción) que, por otro lado, es un concepto subjetivo, nunca objetivo.

Para cerrar, no me olvido de la razón que expone el Sr. Gobernador para la creación de una bodega estatal, esto es, la volatilidad de los precios que enfrentan los pequeños productores en relación a los grandes productores. Ya el Dr. Aciar se encargó de mostrar que esto no es así empíricamente. Pero suponiendo incluso que no fuera así, es decir, que el Sr. Gobernador estuviera en lo cierto, alterar los precios relativos con una bodega estatal es, otra vez, cambiar el sistema de información para la toma de decisiones alterándolo, lo que generará despilfarro de capital.

En todo caso si el Gobierno está preocupado por la competitividad del sector vitivinícola, sobre todo de los más pequeños, la única forma genuina de generar mejoras en ese plano es bajando la presión tributaria y para ello debe bajar el gasto público, lo cual no se logra con una empresa/bodega estatal.

LAS MAS LEIDAS