En varias oportunidades escuché del gobernador, Francisco Pérez, su preocupación por los miles de pequeños y medianos viñateros que han quedado fuera del circuito comercial del negocio del vino, cuyos ingresos dependen exclusivamente de la venta de un producto perecedero, en un mercado volátil resultante de una oferta inestable, un volumen de exportación en franca disminución y una demanda interna prácticamente estancada. Velar por el destino de tales productores es no solo muy auspicioso, sino una obligación política y ética de un gobierno consciente de la necesidad de equidad en la política sectorial.
Es un desafío complejo que requiere compatibilizar objetivos igualmente deseables, como la eficiencia en la asignación de recursos productivos y la inclusión social.
Paso ahora a responder concretamente la pregunta inicial, basándome en mi propia experiencia personal, ya que en 1984 fui convocado a incorporarme a Giol como director de Comercio Exterior para diagramar una estrategia exportadora para la empresa y el sector.
Durante ese tiempo incursioné en el resto de las áreas de su competencia, lo que me permitió calcular la relación costo/beneficio de su intervención en el mercado para el cumplimiento de los objetivos económicos y sociales que le fueron asignados al momento de su creación.
Remito al lector a la nota de mi autoría “Mendoza y la visión vitivinícola”, publicada por Los Andes el 4 de diciembre de 2010, donde expongo los resultados de mi apreciación sobre Giol, sus fortalezas y debilidades en su rol de Empresa Estatal, Industrial y Comercial.
Resumo a continuación las principales conclusiones de mi análisis:
1-
No se debe juzgar a Giol por no haber podido reducir la brecha entre los precios del vino en góndola y el mercado de traslado, ya que la misma depende más de un cambio tecnológico en el fraccionamiento y en la logística de distribución que de la existencia de una empresa estatal.
2-
Tampoco se puede tomar como indicador de su mal desempeño la tendencia negativa y las grandes fluctuaciones del precio del vino de traslado, resultantes de la existencia de una oferta de corto plazo rígida (inelástica) que depende casi exclusivamente de las condiciones climáticas imperantes.
3-
No pudo Giol, ni estaba dentro de sus posibilidades, mitigar el impacto de los recurrentes desajustes entre producción y consumo, que se fueron intensificando con el tiempo.
4-
Sí fueron responsabilidad de Giol, las propias ineficiencias acumuladas en cada uno de los eslabones de su actividad industrial y comercial. Al coexistir con otras empresas privadas más tecnificadas y con una estructura de costos menor, su intervención en el mercado no sólo resultó ineficaz sino contraproducente.
5-
El pequeño viñatero continuaba percibiendo niveles de ingresos de subsistencia y fluctuantes mientras que los productores más grandes, integrados a la cadena de valor, recibían una renta económica producto de la política de Giol.
6-
Giol se convertía así involuntariamente en cómplice de un mecanismo perverso de fijación de precios que atentaba contra su propia función social de alcanzar una mayor equidad distributiva.
7-
Sin lugar a dudas, la privatización de Giol llevada a cabo por el entonces gobernador José Octavio Bordón fue el hito más importante de la política sectorial de las últimas décadas y el comienzo de un camino de transición hacia la nueva y pujante vitivinicultura actual.
Las conclusiones anteriores no predican una vitivinicultura mendocina con un Estado provincial ausente. Por el contrario, lo que el sector necesita son mas políticas activas, para lo que es imprescindible redefinir un nuevo rol del Estado.
Queremos una vitivinicultura inclusiva, en un marco de desarrollo sustentable que garantice la igualdad de oportunidad de acceso a los recursos productivos y a los mercados, de todas las personas que intervienen en las distintas etapas de la cadena de valor.
Las siguientes son propuestas de política sectorial que involucren al Gobierno:
1
- Desarrollar, con el INV, un mecanismo de estabilización del mercado que garantice precios estables al productor y la continuidad de las exportaciones.
2-
Arrendamiento de cuatro bodegas ubicadas en las 4 regiones para la elaboración de uvas producidas por pequeños viñateros.
3
- Ofrecer financiamiento en condiciones preferenciales a las bodegas y/o elaboradores de mosto que compren a pequeños viñateros y contratistas.
4-
Establecer alianzas estratégicas con diversos organismos para que en sus acciones de promoción incorporen a los pequeños productores.
