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El Gobierno nacional pretende que Mendoza y las demás provincias petroleras paguen la indemnización a Repsol en proporción a las acciones que recibirán. Esas acciones estarán sindicadas para que el manejo lo tenga el Gobierno central y no podrán venderse en el mercado ni utilizarse como garantía. Tampoco habrá utilidades.
Desde el poder central han descolocado a gobernadores que más que mandatarios de sus pueblos han devenido delegados de la Presidencia de la Nación. Esto ha generado un debate en el que reaparecen viejos dinosaurios del sindicalismo petrolero responsables, en gran parte, de la decadencia y el saqueo que sufrió en su momento YPF.
La fuerza política que en 1998 vendió por razones fiscales a Repsol, una empresa que estaba funcionado bien, sin tener en cuenta una estrategia energética, después buscó un socio local, amigo de la familia Kirchner, que no puso un peso para quedarse con el 25% de las acciones, afectando las utilidades y las inversiones.
Entre la larga lista de fracasos gubernativos, sin duda mezcla de ineptitud y cleptocracia K, se ha llevado al país a esta crisis con la pérdida de las exportaciones de energía y el crecimiento de las importaciones que afectan tanto nuestra balanza de pagos y que constituyen, junto con la industria automotriz y las ensambladoras de Tierra del Fuego, el agujero negro de nuestra economía.
La cuenta ahora se la quieren endosar a las provincias que ya sufren la pérdida de participación en el reparto de los impuestos, consentidos por legisladores nacionales sumisos a los caprichos presidenciales.
Por otra parte, las provincias también se han perjudicado en esta década con la recaudación de las regalías, pues el gobierno K las ha liquidado con un precio arbitrario, muy inferior a la cotización internacional del crudo.
Si el Gobierno de Mendoza acepta esta imposición del Ejecutivo nacional, estará entregando las valiosas reservas que, de acuerdo a la Constitución, son propiedad de la Provincia.
Tanto el Gobierno actual como los anteriores debieron haber encarado una agresiva búsqueda de hidrocarburos, con licitaciones serias y transparentes con empresas especializadas, en lugar de hacerlo con los amigos del poder. El activo a defender son las reservas y no la participación accionaria en YPF que no aporta nada, salvo la expectativa de un cargo burocrático a disputar entre las provincias.
El camino es tomar como referencia y ejemplo la gestión de Rodolfo Corominas Segura, gobernador entre 1938 y 1941, modelo de negociación entre la Provincia como poder concedente y la empresa nacional de energía.
En esa oportunidad se acordó otorgar la exclusividad a YPF (1932-1943) de la exploración y explotación de yacimientos en Mendoza durante la gestión del ingeniero Silveyra. En ese convenio, firmado el 16 de junio de 1940 entre el gobernador y el titular de YPF y ratificado por la Legislatura con la ley 1388, se estableció el pago de regalías, un adicional para financiar la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas, la contratación de mano de obra local y la creación del Instituto del Petróleo dentro de la recién fundada Universidad de Cuyo para capacitar y formar técnicos y profesionales.
También que los pozos perforados que no tuvieran resultados en la búsqueda de hidrocarburos fueran transferidos al Departamento General de Irrigación para el manejo del agua encontrada.
Es bueno recordar que cuando Mendoza acordaba con YPF el manejo de la política energética nacional, la provincia de Salta otorgaba sus recursos a la Standard Oil de procedencia estadounidense. Esto demuestra que Mendoza, además de defender su patrimonio provincial, se insertó en la estrategia nacional de soberanía energética.
La destilería de Luján de Cuyo fue fruto de este acuerdo; el proyecto del poliducto al litoral; la participación de la provincia en los beneficios del mismo; la revisión periódica de las regalías y la reserva de los derechos de la provincia a conceder por licitación las áreas no exploradas al mejor oferente. Una verdadera defensa de la autonomía provincial y conciliación de intereses con la empresa estatal.
Un aspecto que ha descuidado, sin ninguna justificación el Gobierno, es el daño ambiental que provocó la actividad de YPF en el territorio mendocino. Vaya como ejemplo la dramática contaminación de napas de agua subterránea y de suelos en Ugarteche, Medrano, Barrancas, Carrizal de abajo, Alto Agrelo y Malargüe.
El reciente desastre provocado por la empresa en Bardas Blancas por la explosión e incendio de sus depósitos de crudo y derrame sobre el río Grande, no ha merecido ni un llamado de atención o reclamo por parte del Gobierno.
El doctor Pérez, gobernador de Mendoza, nacional y popular, como a él le gusta definirse, está urgido por pagar con dinero que no tiene la Provincia por la participación accionaria en YPF. Le recuerdo que primero la empresa y la Nación deben pagar las acciones que confiscaron a los 20.000 ex empleados de la firma cuando fue privatizada, por los mismos que ahora la estatizan.
Tal vez con esto el Gobernador alivie los piquetes y cortes de ruta que cada diez días tenemos en el Acceso Sur ingreso a Luján de Cuyo, que estos sufridos y hoy ancianos "ex ypefianos" reclaman sin que nadie los escuche.
Mendoza ha contado con gobernadores de distinto signo político que defendieron los intereses provinciales. El actual gobernador -nacido en Jujuy y formado políticamente en Santiago del Estero-, ha recibido la generosidad del pueblo mendocino que lo eligió para gobernar.
Es imperioso que trate de exportar las virtudes de la provincia que lo ungió a las del Noroeste de donde es originario y no importar a Mendoza los vicios conocidos y re-conocidos que van desde la pereza, al feudalismo y la corrupción. De una vez por todas que deje de extender siempre la mano al Estado nacional por causa de lo que no es capaz de defender.