La semana pasada, la presidenta de la Nación festejó en un acto militante transmitido por cadena nacional el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Medios, oportunidad en que dijo: "Tampoco se puede entender que una ley sancionada en el Parlamento argentino, por amplía mayoría, pase tres años y todavía no se pueda cumplir".
Pero, en realidad, la Ley de Medios está en plena vigencia desde su sanción, menos en un artículo escrito en contra de un nombre y apellido, cuestionado por la Justicia precisamente por su vocación más particularista que universalista. Además, Cristina minimizó el cumplimiento efectivo de la ley cuando ésta en apenas tres años cambió todo el mapa mediático nacional. Aunque esto no significa que la ley haya alterado las tendencias de las audiencias masivas del país, sino que lo que modificó sustancialmente es la oferta comunicacional, de un modo que nunca antes se vio en el país.
¿Todas las voces o una sola? La Ley de Medios se impuso aduciendo defender un loable objetivo: aumentar la pluralidad de voces. Y fue sostenida por esforzados grupos de "comunicación alternativa", quienes critican a los grupos mediáticos privados al afirmar que no les dan o le quitan espacio. La ley, se suponía, debía equiparar todas las voces hacia la total democratización de la información.
La inmensa mayoría de estas ONGs alternativas coincidieron tácticamente con el gobierno en el apoyo a la Ley de Medios, pero sus objetivos estratégicos eran diferentes: estas organizaciones querían hacer oír sus voces, o sea querían más voces. Pero el gobierno lo que quería es que se sumaran esas voces no para que hubiera más voces, sino para que se escucharan menos voces o no se escucharan las que lo critican. Por eso, así como para estas ONGs alternativas la ley es toda la ley, para el gobierno la ley es sólo un artículo: el cuestionado por la Justicia y sobre el cual está montando todo el discurso bélico para el anhelado 7D, cuando supone que el enemigo será aplastado.
En síntesis, el objetivo -muy positivo- de los que forjaron o inspiraron la mayor parte del articulado de la ley era el de que se escucharan más voces, mientras que el gobierno siempre buscó lo contrario, o peor: que se escuche una sola voz, la suya.
En estos tres años, si bien la ley no produjo cambios significativos en las preferencias mediáticas de la mayoría de los argentinos, bajo su impronta ocurrió una transformación extraordinaria, aunque muy discutible: en vez de construir para estas ONGs un tercer sector más allá de los medios privados y del Estado, como proponía la ley, lo que el kirchnerismo hizo es incorporar al sector estatal estas voces, con lo que éstas dejaron de ser alternativas para devenir oficialistas. Por ende, se incrementó burdamente la cantidad de medios oficialistas o para-estatales, pero casi no se incentivó al tercer sector, ese que buscaba ser independiente de los medios privados y del gobierno.
Y lo que ocurrió fue lo previsible: los que antes no eran escuchados supuestamente por carecer de espacios hoy -a pesar de tener muchísimos espacios- siguen sin ser escuchados porque nadie consume -a través de los medios- lo que proviene desde las usinas gubernamentales. Incluso la inmensa mayoría de los ciudadanos que votan al oficialismo suele interesarse infinitamente mucho más por los medios independientes del gobierno que por los que de él dependen, como se verifica en toda medición de audiencias. Es que a pesar de los muchos cuestionamientos (seguramente gran cantidad de ellos muy justos) que puedan recibir los medios privados, los dependientes del gobierno jamás podrán competir con ellos, ni aunque el poder borre del mapa hasta al último medio crítico.
No obstante, aclaremos que no es imposible hacer una comunicación alternativa desde medios estatales, pero sólo cuando éstos -como las universidades- son efectivamente del Estado y cumplen con normas de objetividad, algo imposible cuando son del gobierno. No existe comunicación alternativa y oficialista a la vez, ni siquiera cuando los "alternativos" coincidan ideológicamente con el gobierno. Por eso nadie los escucha ni lee ni ve, con desinversión o sin desinversión de los medios privados. Y por eso, porque nadie escucha a las voces cooptadas por el discurso oficial, es que la Presidenta en su discurso festejando la ley apenas les dedicó un módico e insustancial párrafo.
Eso de lo que no se habla aunque no se hable de otra cosa. De lo que sí habló la Presidenta en su alocución fue de lo que realmente le interesa que exista, o mejor dicho, de lo que le interesa que deje de existir: la inflación. A la inflación, aunque sin nombrarla, le dedicó casi la mitad del discurso.
En efecto, para defender la inflación "oficial" sin nombrarla, Cristina recurrió a un imaginativo recurso a la metáfora, y entonces realizó una increíble comparación con los Estados Unidos citando informaciones de The New York Times, donde los republicanos acusan al gobierno de Obama de dar datos truchos sobre el desempleo, para así ganar las elecciones. Y que los medios de la "derecha" yanquis amplificaron tal denuncia mentirosa.
A las citas de The New York Times, Cristina le sumó una opinión de su propia cosecha: "Realmente la deformación, la distorsión, la no posibilidad de acceder a la verdad, a través de los medios de comunicación, se da a la lo largo y a lo ancho del planeta".
La conclusión que Cristina buscó fundamentar con esa cita es por demás clara: Los opositores en EEUU (la derecha política y la derecha mediática) acusan a Obama de mentir con los datos estadísticos. Y como los medios malvados son universales, los que se la agarran con Obama son los mismos que la acusan a ella de mentir con la inflación. Claro que le faltó agregar que en la Argentina, a diferencia de EEUU, los que acusan al gobierno de mentir con la inflación no son sólo los opositores y los medios sino la totalidad de los argentinos, y no porque voten opositores o porque lean lo que dicen los diarios, sino porque suelen ir frecuentemente al supermercado.
Entonces, aunque jamás mencionó la palabra inflación, la Presidenta fue por demás clara al relacionarla con el tema mediático. Lo que ella quiso decir es que la Ley de Medios es necesaria para que se acabe con esa tergiversación mediática. Su aspiración es que luego del 7D ya no se pueda hablar de lo que el gobierno dice que no existe.
Lo curioso es que habiendo tantos temas de agenda en las que el gobierno pone un énfasis muy distinto al de los medios, Cristina haya focalizado en el peor de todos, el más indefendible, la mentira inflacionaria que -con medios o sin medios de por medio- es repudiada por la inmensa mayoría de la población, incluyendo dentro de ella a una inmensa mayoría de sus votantes, y aún de muchos de sus propios funcionarios y militantes, aunque éstos critiquen por abajo, en silencio y con temor.
Es raro, entonces, que en un largo discurso homenajeando a una ley estratégica del gobierno, prácticamente no se haya hablado de los logros de la ley, acusando de ello a un solo artículo que aún no se aplica. Pero mucho más raro es que la Presidenta crea que las falsedades inverosímiles del Indec no tienen respaldo popular sólo porque los medios insisten en criticarlas.
Podrán desaparecer no sólo todos los medios de la Argentina, sino también los del mundo entero (ya que prácticamente todos los que se ocupan de nuestro país, no sólo los de derecha, critican tan flagrante mentira), pero incluso así, aún cuando el gobierno decrete la prohibición absoluta de hablar sobre la inflación, los habitantes del país seguirán pensando que "e pur si muove". Y se mueve a más del 20%, no a menos del 10% como ridículamente nos quieren hacer creer.
Chávez, Perón, Cristina, Pueblo y Ejército. Cristina ofreció en su discurso una especial salutación al triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, el presidente que ya logró lo que ella aún no pudo, su reelección indefinida. Pero lo discutible no es eso, sino el aspecto del triunfo en que se detuvo, al decir: "Cuando vi en el Palacio de Miraflores a militares venezolanos en la terraza de la Casa de Gobierno agitando banderas venezolanas, banderas de su país, sentí un poco de envidia y me hizo acordar a aquel peronismo de los primeros años, del '46, donde pueblo y fuerzas armadas estaban absolutamente consustanciados con un proyecto de país".
En realidad, dentro de una democracia plena, las fuerzas armadas no deben estar consustanciadas con ningún proyecto de país sino con la defensa profesional del papel que les fija la Constitución.
En los tiempos del primer Perón las fuerzas armadas tomaron clara posición por el proyecto político por él defendido. Se entendía entonces que tener políticamente del lado del gobierno a los militares era la garantía para que no hicieran de nuevo lo que le hicieron a los radicales en 1930. Sin embargo eso fue una falsa apreciación, porque el proceso de politización de las fuerzas armadas siguió su curso creciente y así como en los '40 apoyaron al peronismo, desde 1955 hicieron lo contrario hasta que conquistaron su entera autonomía política y el país fue llevado al desastre.
En 1983 una idea fundacional de la renacida democracia fue la de archivar para siempre toda intromisión política de las fuerzas armadas, incluso la vieja idea de la fusión entre pueblo y ejército. El kirchnerismo hasta ahora continuó esta tradición democrática nacional, por eso no debería envidiar a Venezuela cuya relación con los militares remite a una realidad del pasado argentino que no es necesario ni bueno hacer volver.
