¿Vuelve el dinero a la Liga Mendocina?

Después de un mes y medio, el Consejo Directivo de la Liga Mendocina de Fútbol volvió a sesionar el viernes por la noche a través de una de las plataformas digitales de videoconferencia. En primer lugar, se realizó un sentido minuto de silencio en homenaje al ex presidente del Club Empleados de Comercio, Guillermo Pereyra. Luego se dio lectura al acta de la sesión anterior (N° 4383 del 1 de octubre pasado). Y posteriormente, tomó la palabra el presidente Carlos Hugo Suraci para informarles a los consejeros presentes que la asesoría letrada de la Liga Mendocina recibió una propuesta de la empresa constructora SJ Solar S.A. para la devolución de los importes abonados por el ente madre para la construcción del futuro edificio, que finalmente quedó trunco, y el resarcimiento mediante el pago de intereses punitorios.

Para ello, los presidentes de todos los clubes afiliados a la Liga Mendocina de Fútbol han sido convocados para mantener una reunión virtual hoy (a las 20:30 horas) con el fin de informarles sobre la propuesta presentada por la empresa constructora. “Vamos a hacer una reunión para que todos los presidentes tengan una idea clara. Si están de acuerdo, se hará. Si no están de acuerdo, continuaremos con el juicio”, expresó el tesorero Alfredo Arias durante la sesión. Ante esto, el consejero del Atlético Palmira, Juan Rosales, pidió la palabra y se generó un fuerte ida y vuelta con el titular de la Liga y con el propio Arias. “Sucede que ahora quieren devolver lo que ellos quieran. Me hubiese encantado que se hiciera por los carriles normales”, expresó Rosales, uno de los denunciantes.

¿Cómo se llegó a esta situación conciliatoria en la causa de los fondos? El que lo explica es Matías Santoni, abogado de la parte demandante: “Hace un tiempo, en nombre y representación de la Liga, se presentó el doctor Jofré solicitando una audiencia de conciliación aduciendo que uno de los denunciados (Ricardo Miranda) se había presentado en el expediente y había hecho una propuesta. Revisamos el expediente y nos dimos cuenta de que era falso. Jofré se presenta el 16 de octubre y recién el 20 de octubre lo hace el señor Miranda proponiendo un abogado defensor. Es decir, fue a posteriori. Le consulté al fiscal Garay cuál era la situación de este pedido de conciliación en el marco de la causa y me respondió que, si bien se puede hacer la audiencia de conciliación, le solicitaron a Jofré que explicara si había llegado a un acuerdo con los cinco denunciantes porque, en caso contrario, la causa no se cierra. Me consulta si tuve algún ofrecimiento por parte de Jofré, le respondo que no tuve contactos con nadie y a partir de ahí se genera lo que yo creo que es una nueva maniobra fraudulenta. A partir de una connivencia entre Miranda, Suraci y Jofré se ofrece una suma irrisoria a la Liga y ellos creen que con eso van a cerrar el juicio. Hay un decreto del fiscal en el que si no se concilia con los denunciantes, que son personas físicas, no se va a llegar a una conciliación en la causa”, explicó el abogado. Esta noche, luego de la reunión de presidentes, seguramente habrá más novedades.

La propuesta: 4 millones de pesos ahora y cuatro cuotas de enero a abril.

Según pudo averiguar Los Andes, la empresa constructora propuso devolver a la Liga Mendocina de Fútbol una suma total de 8,5 millones de pesos. SJ Solar S.A. propone abonar un monto en efectivo de 4 millones de pesos en el momento del acuerdo y cuatro cuotas de un millón de pesos entre enero y abril del año próximo.

Carlos Suraci afirmó públicamente que desde las arcas de la Liga Mendocina salieron 5.420.000 pesos, pero el artículo 3 del contrato de fideicomiso establece una suma total de 221 mil dólares, unos $18.785.000 al precio del dólar oficial actual. Ahí está uno de los principales puntos de la cuestión.

Para entender la situación de la causa de los fondos de la Liga hay que remontarse al 14 de febrero pasado. El abogado Matías Santoni (matrícula 7039) radicó una denuncia penal bajo el expediente N° P-14374/20 en la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Santiago Garay por la presunta violación del artículo 173, inciso 7 del Código Procesal Penal de Mendoza, que habla de administración infiel. Tal acusación fue firmada por los presidentes de Gutiérrez (Carlos Quiroga), Guaymallén (David Berbel), Murialdo (Emilio Castronovo) y por los dirigentes Juan Rosales (Palmira) y Gustavo López (AMUF). Se acusa al titular de la Liga, Carlos Suraci, al tesorero, Alfredo Arias -ambos en carácter de fiduciantes por aportar los fondos- y a Ricardo y Lucía Miranda, en carácter de fiduciarios por aportar el terreno ubicado en Cervantes 1557 de Godoy Cruz para construir las futuras oficinas del ente madre. En el rol de fiduciario (y contratista) del acuerdo se menciona a la empresa SJ Solar S.A., ubicada en Azopardo 515 de Godoy Cruz. La empresa Solar SJ, que según un informe presentado en la justicia se encontraba inhibida en el momento de celebrar el contrato de locación de obra, comenzó con los trabajos de demolición del viejo edificio que había en el terreno de Cervantes 1557 y armó las bases de la estructura. Sin embargo, de un día para el otro, la obra se detuvo y actualmente no sólo es un lote baldío, sino que el terreno del ex propietario (Eduardo Palumbo) fue adquirido por el dueño de un conocido supermercado.

Según la parte querellante, se violaron los artículos 22 y 53, siguiente y concordantes, del Estatuto de la Liga Mendocina de Fútbol que establece que para cualquier compra o venta de inmueble debe contarse con la aprobación de la Asamblea.

Por ahora, tampoco puede haber elecciones

La pregunta que muchos se hacen es ¿qué sucederá con las elecciones de renovación de autoridades, postergadas desde marzo debido a la pandemia? A la prohibición de una convocatoria a una Asamblea Extraordinaria (para más de 50 personas) para tratar la modificación del artículo que establece los requisitos para postularse a presidente en las elecciones, el 25 de septiembre, mediante un despacho de la doctora Carolina Lask, la Liga Mendocina fue notificada de una medida cautelar en la que se suspende la tramitación de cualquier pieza administrativa ante Dirección de Personas Jurídicas, hasta tanto no se resuelva la denuncia y con el fin de evitar que se modifique el status quo de la entidad en relación a los hechos denunciados. Sucede que al expediente original iniciado en la DPJ en marzo pasado, la parte querellante adjuntó “hechos nuevos” (irregularidades producidas en el seno del CD de la Liga).