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El 13 de septiembre de 2015, un hombre (al que solo identificaremos por sus iniciales JA), alrededor del mediodía circulaba en una moto marca Mondial por calle Rawson en dirección al Oeste en Maipú. Al llegar a la intersección con calle 9 de julio, unos pozos existentes en la calzada, como también el mal estado general de la misma, le hicieron perder el dominio del rodado y cayó al suelo, lo que le produjo lesiones de consideración.
Ese accidente vial dio inicio a una demanda por más de un millón de pesos, en la que la víctima reclamaba por incapacidad sobreviniente, daño moral, daño material del rodado y privación de uso.
Tras un extenso y argumentado fallo, el juez Mariano Gabriel Urrutia del Tribunal de Gestión Asociada Cuarto, resolvió condenar por daños y perjuicios a la Municipalidad de Maipú al pago de 450.000 pesos dentro de los 10 días de quedar firme la sentencia, un monto sensiblemente menor al reclamado.
Al definir la incapacidad sobreviniente del demandante, el juez Urrutia dijo que se trata de "la secuela o disminución física y psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento de la víctima", según la obra "Instituciones Civiles-Obligaciones" de Ramón Pizarro y Carlos Valles Pinos. "No se trata de alcanzar predicciones o vaticinios absolutos (...) pues nada permite asegurar con certidumbre qué podría haber sucedido en caso de no haber ocurrido el infortunio que generó la incapacidad".
Como conclusión el magistrado señaló que los daños incapacitantes ocasionados fueron físicos, "lo que sin dudas le ha producido una incapacidad que afecta en su vida". Por ello consideró que el demandante debe ser indemnizado y estimó el daño en la suma de 300.000 pesos.
Después de rechazar el reclamo por los daños sufridos en la motocicleta, el juez Urrutia hizo referencia al daño moral para lo cual tomó palabras de Aida Kemelmajer de Carlucci, cuando la ex ministra de la Corte aseguró que "quienes afirman el carácter resarcitorio del daño moral sostienen que en general no se requiere prueba directa de la existencia y extensión del daño" y que "los jueces gozan de un amplio arbitrio para su determinación".
"Se requiere, aunque más no sea, una prueba indirecta, la que en algunos casos surge de los propios hechos", completa el concepto. Así, el juez resolvió imponer un valor de 150.000 pesos y dio por probado el daño porque la víctima "debió soportar dolores y molestias propias de los mismos, lo que sin dudas debió afectar su vida laboral, personal y familiar", como había argumentado en su presentación el abogado Manuel Linares al denunciar el hecho.
En el último párrafo el juez Mariano Urrutia resolvió "hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por daños y perjuicios promovida por JA en contra de la Municipalidad de Maipú, condenándola a pagar a la parte actora la suma total de $ 450.000 más los intereses vigentes".