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Estamos ante un cambio de época donde los pueblos de América Latina han logrado construir democracias reales. Procesos emancipatorios que comenzaron en otros siglos y nunca dejaron de latir en nuestras naciones alimentados por los sentimientos de libertad, dignidad e igualdad. Así lo demuestra nuestra Carta Magna al afirmar que "la nación establece la libertad para todo ser humano nacido en nuestro suelo".
Como las sociedades, el paradigma de libertad cambió. Lejos quedó el objetivo libertario de un poder colonial. Hoy la amenaza actúa en otros escenarios donde lo que peligra ya no es la reafirmación de la Patria, sino la vulneración de los derechos más básicos de un ser humano.
En la Argentina, como en el mundo, existe una forma de explotación y sometimiento que ha perfeccionado sus métodos hasta constituirse en una práctica naturalizada. La trata de personas representa uno de los delitos más graves y mueve anualmente cifras que alcanzan los 32 mil millones de dólares ubicándose como el tercer crimen más rentable del planeta.
Podríamos decir que "es lo humano vendido al mejor postor". Si bien resulta difícil concebir una afirmación de este tenor, basta indagar sobre las situaciones extremas a las que, en pleno siglo XXI, son sometidas las personas a causa de este delito.
Así, en la vulnerabilidad más despreciable se construye el abuso, la derogación del Estado de derecho, la injusticia hecha cotidianidad, invisible para muchos pero palpable y concreta para aquellos que la sufren en su forma de explotación sexual o laboral.
Ante esta realidad, levantar la voz y denunciar resulta un acto heroico, necesario e indispensable como afirmación de la vida. Comprender esto, significa poder avanzar hacia la conformación de una sociedad libre de explotación, democrática y que priorice lo humano como valor fundante.
Un Estado democrático y popular que asume la lucha contra la trata y la explotación de personas, es un Estado con una clara direccionalidad política que impulsa y defiende intereses legítimos muchas veces postergados.
En este contexto, el gobierno de Mendoza asumió la tarea de concretar transformaciones para combatir la desigualdad y los factores de vulnerabilidad que posibilitan la perpetración de estos flagelos. Nuestra elección ha sido poner a la política como herramienta fundamental, como el sustento primario que interpela y nos convoca en una causa que nos toca a todos y a cada uno como integrantes de la sociedad.
La lucha contra la trata de personas va más allá de un simple acto de gestión, porque pone en el centro de su esencia a la persona humana y sus sensibilidades, le otorga importancia y trascendencia, lo que por definición resulta la finalidad de toda praxis política.
Nuestro gobernador ha decidido combatir este delito a través de una política de Estado que trascienda el mero lapso de una gestión y siente bases que perduren en el tiempo.
Del mismo modo, es decisión de este gobierno trabajar sin descanso en la creación de nuevas herramientas eficaces, democráticas y participativas, que den respuestas contundentes en la erradicación de la trata y la explotación de personas, pero que al mismo tiempo, garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos y castigue a quienes no tienen otro propósito que el lucro a través de cualquier forma de explotación.
Esta lucha que hemos iniciado es una construcción de todos para lograr más inclusión e igualdad, atributos irrenunciables de la Mendoza democrática con un espíritu cada vez más grande.