Los brasileños están tan acostumbrados a la impunidad, particularmente cuando se trata de la legendaria corrupción en su sistema político, que a menudo emplean una máxima fatalista para describirla: la policía arresta; las cortes liberan.
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Los brasileños están tan acostumbrados a la impunidad, particularmente cuando se trata de la legendaria corrupción en su sistema político, que a menudo emplean una máxima fatalista para describirla: la policía arresta; las cortes liberan.
Sin embargo, han estado cautivados durante varias semanas por el espectáculo televisivo en la Corte Suprema del país, en el cual los magistrados están luchando por lo que es el mayor escándalo de corrupción de Brasil. Cuando el polvo se asiente y las condenas sean anunciadas, prominentes políticos y banqueros efectivamente pueden terminar en la cárcel.
El hecho de que el juicio esté llegando a una fase así -apuntándole a integrantes del Congreso, miembros del partido gobernante y oficiales de alto rango que trabajaron directamente bajo uno de los presidentes más populares- indica un inusual progreso en transparencia política y una vena crucial de independencia en el sistema legal.
Hasta ahora, la Corte, el Supremo Tribunal Federal, o Corte Suprema, ya ha encontrado culpables a más de 20 de los 38 acusados en el caso de delitos que incluyen lavado de dinero, mal uso de fondos públicos y aceptar dinero en efectivo a cambio de votos.
El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva se niega a reconocer la existencia del ardid de la compra de votos en el corazón del escándalo. Sin embargo, su ex jefe de Estado Mayor, José Dirceu de Oliveira e Silva, está acusado de haber orquestado el engaño, y este martes, en la sesión más decisiva del juicio, se alcanzó una mayoría entre los 10 magistrados de la Corte para condenarlo formalmente. La Corte también halló culpable a José Genoino, el ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, de cargos de corrupción.
Tanto Joaquim Barbosa, el magistrado que supervisó el juicio, como el procurador general Roberto Gurgel, quien está a cargo del caso y dijo que el escándalo era “la confabulación más audaz e indignante de corrupción y malversación de fondos públicos que se hubiera visto en Brasil”, fueron nombrados por Da Silva, el ex presidente.
“Este juicio demuestra que las instituciones de Brasil están funcionando con vigor”, opinó Thiago Bottino, catedrático de leyes en la Fundacao Getulio Vargas, universidad brasileña del más alto nivel. “Los magistrados podrían haberse lavado las manos fácilmente de este caso y alejarse; en vez de eso, entraron a la pelea por una democracia ética”.
A menudo, los tribunales de Brasil son más objeto de ridiculización que de elogios, y algunos académicos advierten que este caso es apenas uno en un laberíntico y privilegiado sistema judicial.
A los jueces se les paga generosamente y tienen gran flexibilidad para ejercer su influencia, como ordenar el arresto en setiembre del principal ejecutivo de Google en Brasil a causa de un video políticamente contencioso, pero acabar con la corrupción y castigar a poderosas figuras políticas generalmente no ha estado entre sus máximas prioridades.
En el escándalo que estudia la Corte Suprema actualmente, la extensión de los cargos es pasmosa. Equiparado en magnitud e importancia con el escándalo de Watergate en Estados Unidos, un jefe del Estado Mayor de Estados Unidos también está bajo intenso escrutinio, en este caso Oliveira e Silva, o José Dirceu, como se le conoce comúnmente en Brasil.
José Dirceu, de 66 años de edad, ex líder estudiantil que se fue al exilio a Cuba durante la larga dictadura militar de Brasil, calificó entre las figuras políticas más poderosas en Brasil cuando surgió el escándalo en 2005. Algunos fiscales dicen que supervisaron una estratagema en la que se canalizaron fondos de empresas estatales al gobernante Partido de los Trabajadores, al tiempo que se hicieron también pagos mensuales a legisladores de diversos partidos para comprar sus votos en la Legislatura. De aquí el nombre del escándalo: mensalao, o gran estipendio mensual.
Una fase clave en el juicio se ha estado desarrollando durante la última semana, con los magistrados votando sobre los cargos en contra de José Dirceu, quien es acusado de encabezar la conspiración de compra de votos. Hasta ahora, seis de los 10 magistrados han votado a favor de hallar culpable al ex jefe del Estado Mayor y dos votaron por la exoneración. Se prevé la votación final esta semana.
El ex presidente brasileño Da Silva no fue acusado, en tanto su sucesora, Dilma Rousseff, se ha abstenido de hacer comentarios sobre el escándalo, al tiempo que intenta reforzar su imagen como una líder que aplica severas medidas en contra de la corrupción. De cualquier forma, su partido está luchando con la resonancia del juicio en la sociedad brasileña.
“Este juicio está volviendo popular al sistema de justicia; antes prevalecía la incredulidad total”, cree Miguel Ángel Vila, de 60 años, médico que pasa buena parte de su tiempo libre actualizando una página de Facebook llamada Culpables de Mensalao en la Cárcel. Su hermana, la odontóloga Rosa Martínez, de 55 años, maneja una cuenta de Twitter con el mismo nombre.
De cualquier forma, algunos expertos advierten que las expectativas populares pudieran ser irrazonablemente altas para aquellos que prevén largas condenas en prisión, o siquiera tiempo en la cárcel, para los políticos de mayor rango involucrados en el escándalo.
Ese tipo de encarcelamiento es inusual; el primer político hallado culpable de corrupción por el Supremo Tribunal Federal desde que terminó la larga dictadura militar en 1985 fue José Gerardo Oliveira de Arruda Filho, legislador federal que fue hallado culpable en 2010 de malversar fondos públicos. Sin embargo, no fue a prisión.
En el caso del mensalao, diversos acusados, incluido José Dirceu, son acusados de crímenes graves, incluido el equivalente brasileño de conspiración ilegal. Sin embargo, aunque sea hallado culpable de este cargo, la máxima condena en prisión por eso es apenas tres años, dos de los cuales ya fueron consumidos por el estatuto de limitaciones. Otros cargos, como el llamado corrupción hacia el exterior, el equivalente grosso modo de soborno, podría generar condenas en prisión de hasta 12 años. Sin embargo, los acusados hallados culpables de este delito podrían ser elegibles para libertad condicional en aproximadamente dos años. Sus abogados también podrían solicitar un arreglo semiabierto, como se conoce, en el cual ellos duermen en una celda carcelaria especial pero salen cada día para ir a trabajar.
No se prevé la condena sino hasta después de que se anuncien las últimas condenas o exoneraciones, posiblemente en varios días o semanas.
Algunos expertos legales dicen que el juicio acompaña a importantes progresos institucionales en Brasil, fuera del sistema de cortes, incluida una nueva norma que aplica duras medidas en contra del lavado de dinero y el fortalecimiento tanto de la Policía Federal, entidad investigadora comparable al FBI, como del Ministerio Público, organismo de fiscales públicos de tipo independiente.
“En cualquier caso, las cortes siguen siendo el mayor cuello de botella para la transparencia en Brasil”, dice Matthew Taylor, académico especializado en el sistema legal de Brasil por la Universidad Americana, en Washington. “Es prometedor ver a la Corte acometiendo al mensalao, pero este juicio es la excepción que confirma la regla”.