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La actividad de los grupos de presión sobre la política de Estados Unidos es inherente a las campañas electorales, pero la inyección de millones de dólares (a veces de forma opaca) también se da en causas como la aprobación de un juez para el Tribunal Supremo, lo que ahora sucede con Brett Kavanaugh.
La elección de un magistrado del Supremo es, por su carácter vitalicio y por el poder en las decisiones judiciales, un acontecimiento clave en la política del país, fuertemente polarizada, por lo que las cifras que se mueven para influir en esta son millonarias.
Kavanaugh fue nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 9 de julio para ser el sustituto de Anthony Kennedy, el magistrado conservador moderado del alto tribunal que había servido como voto de desempate en múltiples decisiones en esa sala.
Desde que Kennedy anunció su jubilación el 27 de junio, fundaciones de corte demócrata y republicano iniciaron acciones para convencer a los ciudadanos de quién debía ser el candidato, con sus miras puestas en los senadores que deben confirmarle a partir del 4 de setiembre.
En canales de televisión conservadores, como Fox News, por ejemplo, no es extraño ver anuncios de alrededor de medio minuto en los que supuestos civiles explican por qué Brett Kavanaugh es el mejor candidato para hacerse con la vacante en la corte.
Las distintas firmas de "lobby" buscan presionar a los senadores que ahora tienen en sus manos la confirmación del aspirante creando una opinión pública favorable o contraria al elegido por Trump.
Reuniones con senadores, anuncios y recursos para elaborar estudios sesgados son las principales vías de actuación de estos grupos, relata el politólogo de la Universidad de Connecticut, David Yalof, quien cree que cuando hay un presidente conservador, las organizaciones derechistas "tienden a ser mucho más influyentes".
Las presiones dirigidas a la opinión pública para que convenzan a los senadores se enmarcan en un contexto en el que las donaciones millonarias a las campañas de los propios representantes políticos son legales en el país y suponen un importante flujo de dinero a cambio (se presupone) de influir en su agenda.