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Fue un Día de la Lealtad atípico para el gobierno de Cristina Kirchner. Por primera vez en nueve años el aparato sindical no celebró junto al kirchnerismo. La Presidenta recibió en la Casa Rosada a los intendentes K del conurbano bonaerense, que en un año electoral como el próximo recibirán un ambicioso plan de obras en sus municipios. "El peronismo se mide en los hechos, en las obras y en los compromisos que uno tiene", dijo.
En tanto, el sector del oficialismo que con más convicción apoya a la Presidenta prefirió festejar en Córdoba, para mojarle la oreja a José Manuel de la Sota, el nuevo malo de la película ultra-oficialista.
Los "cristinistas" se trasladaron bien lejos de la Plaza de Mayo, a donde la semana pasada la CTA de Pablo Micheli y la CGT de Hugo Moyano realizaron una movilización, y bien lejos del Congreso Nacional, donde la semana que viene las mismas centrales obreras mostrarán su poder de fuego cuando los diputados K deban tragarse el sapo de sancionar los cambios a la ley de Riesgos de Trabajo que les sacan a los trabajadores la posibilidad de ser indemnizados por una ART y luego reclamar en tribunales por daños integrales.
El jueves Moyano realizó un acto en la sede de la CGT, donde reunió a unas cinco mil personas; desde allí machacó fuertes críticas al Gobierno nacional. Rodeado de dirigentes del peronismo disidente, con quienes está trabajando en un armado político para 2013, habló como un candidato en elecciones. "Vamos a encauzar el voto de los trabajadores para lograr el objetivo, que es un país para todos", lanzó.
La otra CGT, que nació por pedido de la Casa Rosada y comanda Antonio Caló, sólo realizó una pequeña reunión en la sede del Sindicato de Taxistas, de Omar Viviani, un antiguo moyanista.
El modesto acto tuvo como previa una reunión de la central obrera K que no arrojó buenas noticias para el Gobierno ya que los dirigentes volvieron a insistir con que se aumente el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias (caballito de batalla de Moyano) y apuntaron contra la resolución 1.200 de la Superintendencia de Servicios de Salud, del 3 de octubre, porque dispone un nuevo sistema de reintegros de los tratamientos de alta complejidad que prestan las obras sociales sindicales.
A 50 cuadras de distancia, Moyano también reclamó sobre el tema, aunque apuntó a que la misma resolución deja sin reintegro las erogaciones por escuela diferencial que pagan los trabajadores a sus hijos con capacidades especiales. Los mismos reclamos, pero por partida doble.
Es la primera vez que un gobierno kirchnerista no tiene fuertes bases sindicales que lo respalden. La semana que se inicia, cuando Diputados apruebe la Ley de Riesgos de Trabajo que Cristina consensuó con la Unión Industrial Argentina (UIA), quedarán demostradas las débiles bases del Gobierno en la burocracia sindical.
El último martes, cuando los sindicalistas fueron invitados a la Cámara baja para que den su opinión sobre la misma, sólo asistió Moyano (que aprovechó para romper frente a las cámaras con Héctor Recalde, titular de la comisión de Legislación del Trabajo y ex mano derecha del camionero) y la CTA de Micheli.
Hugo Yasky, de la CTA kirchnerista, prefirió evitarse el mal momento y mandó una carta en la que se sumó a las críticas al proyecto de ley, considerado como un retroceso para los trabajadores similar a la Ley de Flexibilización Laboral del menemismo.
Caló apostó a la misma estrategia, no asistió y se excusó por no haber recibido una invitación formal.
El miércoles que viene, los diputados kirchneristas tendrán su prueba de ácido: votar una ley que está en las antípodas de cualquier fe progresista.
Para compensar semejante trago amargo, el jueves los senadores kirchneristas se auto-reafirmaron peronistas por votar la ley que habilita a los chicos de 16 y 17 años a votar en las próximas elecciones legislativas. Recordaron la ampliación de derechos políticos que significó el voto femenino propiciado por Eva Duarte de Perón en 1948.
Mientras, Unidos u Organizados, que encolumna a los sectores más fieles a la Presidenta, marcharán a la Plaza de Mayo el 27 de octubre, cuando se cumplan dos años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Tendrán, así, su propio Día de la Lealtad.
Algunos peronistas se preguntan por qué la Presidenta decidió concederle a la UIA los cambios a la Ley de Riesgos de Trabajo -con el argumento de terminar con la litigiosidad e impulsar a las pymes a que tomen más empleados en blanco- justo con este complejísimo y volátil panorama sindical.
Los hermeneutas más ideologizados sostienen que Cristina Kirchner busca no tener intermediación alguna con la sociedad e inscriben esta atomización del terreno sindical -realizada por la Casa Rosada- como un acto de libertad más que como una señal de debilidad.
Probablemente una y otra cosa sean solo caras de la misma moneda. Lo que queda por ver es si esta vocación presidencial de desmarcarse de las presiones es sostenible en el tiempo; se corre el riesgo de un encapsulamiento cada vez más grande que ponga a la jefa del Estado en una realidad muy diferente a la de los demás argentinos.
Sin dudas, Cristina Kirchner ensaya una forma de gobernar sin tantos compromisos sectoriales como los que tomaba su marido. La diferencia sustancial es que ella desconfía del justicialismo y está decidida a recrear su propio movimiento basándose en los sectores más leales.
La frase que dejó el miércoles ante los intendentes del conurbano bonaerense fue bien clara: "A mí no me gusta hablar de justicialismo, odio la palabra justicialista, a mí me gusta hablar del peronismo, yo soy peronista".