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Fue una postal típica del fin de ciclo político que atraviesa el país: el miércoles de la semana pasada los bloques opositores en la Cámara de Diputados corrieron por izquierda al kirchnerismo durante toda la sesión en la cual se sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos.
No sólo el trotskismo o la centro-izquierda fustigaron al Gobierno por las enormes concesiones que la norma aprobada da a las multinacionales del sector, sino también bancadas de centro-derecha como el PRO.
“Ni a Carlos Menem se le hubiera ocurrido hacer esto”, fue el reproche que más veces los legisladores del Frente para la Victoria debieron digerir en silencio, ayudándose con sorbos de agua mineral.
La esquizofrénica relación del peronismo gobernante con la política energética sobrevoló toda la sesión. Desde la privatización de YPF realizada por Menem en los ’90 y la venta de acción de oro de la empresa apoyada por el matrimonio Kirchner desde Santa Cruz, a la creación de una empresa nacional de Energía, Enarsa, que sólo sirvió para importar el gas que Argentina dejó de producir durante la década ganada.
Nadie se olvidó tampoco de “la argentinización” de YPF procurada por Néstor Kirchner cuando hizo entrar a los banqueros Esquenazi a la principal petrolera y les permitió que pagaran sus acciones sobregirando utilidades y secando de inversiones los yacimientos. En aquellos momentos, la soberanía energética no era ninguna prioridad.
La próxima secuencia, más fresca, fue la estatización de YPF, celebrada con los bombos y platillos de una gesta épica. A la luz de los hechos, hoy vemos que este proceso de búsqueda de recuperación del autoabastecimiento energético tiene como capítulo segundo una catarata de beneficios para las mismas empresas -que hasta hace poco era acusadas de vaciamiento y de falta de inversión- para convencerlas de enterrar sus dólares en las cuencas hidrocarburíferas, principalmente en Vaca Muerta.
El diputado Claudio Lozano sintetizó el caótico manejo de la política energética K con la siguiente frase: “Este proyecto corona el proceso por el cual pasamos de Repsol-YPF a Chevron-YPF”, ya que la norma aprobada traslada a todas las empresas del sector los beneficios que obtuvo Chevron en 2013 por asociarse con YPF para explorar una porción minúscula de Vaca Muerta.
El sobreactuado giro al mercado (del kirchnerismo) en la política hidrocarburífera, tiene una razón de ser: frenar la salida de dólares del Banco Central que año a año se escurren para pagar las facturas de gas importado (este año asciende a U$S 13.000 millones).
De ahí que se haya decidido permitir a las petroleras, incluyendo a YPF, acceder a un número ilimitado de prórrogas en las áreas concesionadas, subdividirlas y quedarse en ellas hasta que se agote la vida útil de los pozos.
Todo esto a cambio de inversiones en dólares que aligeren el déficit comercial energético y permitan al Gobierno atravesar sin tantos condicionamientos un 2015 en el que se definirá el futuro político de la Argentina.
Pero no es ésta la única ley que Cristina Fernández pidió al Congreso aprobar en términos de urgencia para hacerse de dólares, ese bien escaso al que si fuera posible el kirchnerismo le aplicaría con gusto la Ley de Abastecimiento recientemente sancionada.
Desde esta semana comenzó a discutirse en el Congreso el proyecto “Argentina Digital” que es en rigor una nueva Ley de Telecomunicaciones.
Aunque el Gobierno señale que se busca beneficiar a las pequeñas empresas y a los usuarios, lo cierto es que la norma favorece sobremanera a las empresas de telefonía, que son oligopólicas, por lo que lo más lógico es esperar una mayor concentración del mercado, aunque el Ejecutivo se reserve la potestad de fijar tarifas y regular los servicios.
La nueva iniciativa es un golpe al corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y al relato oficialista, ya que la norma de 2009 consiguió apoyo en el Congreso sólo porque la Presidenta decidió impedir que las telefónicas pudieran ofrecer contenidos audiovisuales.
Ahora, todo esto se borra de un plumazo y se permite a Telefónica Argentina ser dueña de Telefé y a David Martínez, el mexicano que es socio del Grupo Clarín en Cablevisión, seguir adelante con su plan de adquirir Telecom.
Hay una versión que corre por los pasillos oficiales y que vuelve a poner a la urgencia de dólares que tiene Cristina Fernández como elemento clave de su accionar también en esta decisión de cambiar la vieja ley de Telecomunicaciones.
Los rumores indican que las “telco” que se presentaron a la licitación del servicio de 4G (Claro, Personal, Movistar y Arlink, del grupo Vila-Manzano) se mostraron muy renuentes a depositar los 2.000 millones de dólares (500 millones cada una) que estaban en los pliegos como condición para acceder a los lotes con frecuencias, subastados
Estos 2.000 millones de dólares eran esperados con ansias por el Gobierno nacional para engrosar, junto con el “swap” chino y el anticipo de retenciones de la soja, las alicaídas reservas del Central.
De ahí que -siempre las mismas voces- el Ejecutivo aceptó cambiar la Ley de Telecomunicaciones con el pretexto no dicho de permitir a las telefónicas dar contenidos audiovisuales, algo que -como ya dijimos- la Ley de Medios prohíbe.
Las negociaciones salieron bien: el viernes se abrieron los sobres y las “telcos” ofertaron 2.233 millones de dólares, que depositarán antes de fin de año.
Además, se habrían comprometido a saldar una vieja deuda de más de 10.000 millones de pesos con el Fondo para el Servicio Universal, que ahora pasará a un fideicomiso a nombre del Estado nacional (cuando se apruebe la norma “Argentina Digital”).
Como sucedió en 2009, cuando todo el mundo daba por “cerrado” el ciclo del kirchnerismo en el poder, la Casa Rosada está apretando el acelerador enviando leyes al Congreso que le aseguren mejores condiciones de sobrevivencia política aun después de 2015. En aquel entonces fueron la “Ley de Medios” y la reforma política que permitió las PASO.
El nuevo Código Procesal Penal es una herramienta que tiene consenso en la sociedad y en la Academia como herramienta para agilizar las causas judiciales, pero conlleva también la creación de más de 1.700 cargos en las nuevas Fiscalías y en las nuevas Defensorías.
Aunque en un año el Gobierno no tendrá tiempo de nombrar a todos estos funcionarios judiciales, avanza firme en el nombramiento de fiscales gracias a un veloz procedimiento de designación dispuesto por la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien escoge a fiscales allegados a los intereses del kirchnerismo y envía sus pliegos a un Senado, donde el oficialismo tiene mayoría.
En este mismo contexto se dará la puja por la vacante que se abrió en la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno y algunos miembros del Alto Tribunal consideran que éste debe funcionar con cinco magistrados -quedarán cuatro, tras la renuncia de Raúl Zaffaroni a partir de enero- y por lo tanto debe haber un gran acuerdo político para designar al nuevo integrante.
Los ojos de la oposición están puestos en la UCR, ya que es el único bloque que podría dar, al Frente para la Victoria, los votos necesarios para alcanzar los dos tercios del Senado que exige la ley para designar un nuevo supremo.
Por ahora, las autoridades radicales dicen que debe ser el próximo gobierno, en 2016, quien ponga al nuevo ministro de la Corte.
Pero hay movimientos que llaman poderosamente la atención, como el aval implícito de los radicales para que el Gobierno apure en tiempo récord las vacantes que hay en la Cámara de Casación Penal, la máxima instancia que deberá resolver los casos de corrupción una vez que Cristina Fernández haya entregado el poder a su sucesor.
Mario Fiore - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires