La nueva Ley de Inteligencia no prevé una purga de espías

Cristina Fernández de Kirchner envió ayer al Senado el proyecto de “Creación de la Agencia Federal de Inteligencia” que ella anunció el pasado lunes por cadena nacional.

La Cámara Alta comenzará a debatir la iniciativa del Ejecutivo el próximo martes a las 14, cuando se reúnan las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Penales y Justicia, y de Presupuesto y Hacienda. Se estima que el miércoles 11 de febrero la propuesta conseguirá media sanción y que antes de fin de mes Diputados la convertirá en ley.

También ayer, en el Boletín Oficial, se publicó el decreto por el cual la Presidenta convocó a sesiones extraordinarias, a fin de que el Congreso pueda sancionar la reforma de la Ley de Inteligencia que data de 2001.

Dos temores que manifestaron dirigentes de la oposición esta semana en torno al anuncio presidencial quedaron ayer evacuados cuando se conoció el texto del proyecto.

En el artículo 8° se crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se señala que estará conducida por un director general y por un subdirector general, que deberán tener acuerdo del Senado. Pero también se aclara que “el cese de estos funcionarios será dispuesto por el Ejecutivo”, de modo de que si antes de dejar el gobierno Cristina nombra una nueva conducción del sistema de inteligencia, quien la suceda en la Presidencia podrá echarla con un decreto.

El proyecto también especifica qué pasará con el personal de la actual Secretaría de Inteligencia. Según el mismo, no está prevista una purga, lo que seguramente acentuará la crítica opositora de que la movida oficialista es sólo “un cambio de nombre” y no una reforma integral de los servicios de inteligencia.

Para llevar tranquilidad a los agentes de la ex SIDE, días después de aumentarles el sueldo, el Gobierno deja bien en claro en su proyecto que “el personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones”. Sin muchas precisiones, en una cláusula complementaria, la iniciativa afirma que deberán aumentarse los controles sobre los ex espías para que no realicen tareas de inteligencia y que se deberán perfeccionar los estándares de ingreso a la AFI.

También aclara el texto que no todo el personal de la ex SIDE irá a la AFI, ya que quienes forman parte de la Dirección de Observaciones Judiciales, que es la que hace las escuchas telefónicas, pasarán junto a dicha dirección a la Procuración General de la Nación, bajo el mando de Alejandra Gils Carbó.

Este es el punto que, a priori, aparece como más polémico ya que la oposición no confía en la procuradora y pretende que las escuchas las realice la Corte Suprema. Además, la ley le transfiere a la AFI las facultades y el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, del Ministerio de Justicia.

Mar de fondo

La iniciativa K llega en medio de la crisis política e institucional que desató la muerte de Alberto Nisman, por ello la oposición asegura que se trata de una maniobra “distractiva” del Gobierno y de un intento de culpar a los servicios de inteligencia estatales del fatídico final del fiscal de la causa AMIA.

En los fundamentos, el proyecto de Cristina Kirchner destaca “los denodados esfuerzos para el esclarecimiento de los atentados” terroristas en Argentina y, tal como lo hizo la Presidenta en cadena nacional el pasado lunes, señala que desde 2013, cuando se firmó el entendimiento con Irán para avanzar en la causa AMIA, el Gobierno comenzó a “observar que desde la ex SIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.

Esta es la única referencia que el texto de la futura ley hace al caso Nisman, ya que se alude a los espías que trabajaron junto al fiscal y se opusieron al Memorando con Irán porque implicaba poner en duda la culpabilidad de los iraníes acusados de la voladura de la mutual judía en 1994.