El gobierno de Rodolfo Suárez deberá encontrar la forma de evitar que el malhumor del PJ con Cornejo se traslade e influya en la gestión. Esa parece ser la clave de la discusión legislativa de estos días.
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El gobierno de Rodolfo Suárez deberá encontrar la forma de evitar que el malhumor del PJ con Cornejo se traslade e influya en la gestión. Esa parece ser la clave de la discusión legislativa de estos días.
¿Tendrá la Provincia el presupuesto del año ya en curso aprobado por lo menos en febrero? Difícilmente así ocurra para desagrado de Suárez y su equipo. En la semana los dos bloques legislativos del Frente de Todos (diputados y senadores) participaron del debate y aprobación de las leyes de Avalúo e Impositiva, más allá de que votaron en contra de ambas. Fue un gesto. Le dieron al Gobierno una herramienta importante. Además, aquí no se produjo la puja que sí debió encarar la administración bonaerense de Kicillof por el impuestazo con que llegó. La gran provincia tiene influencia nacional y el joven gobernador kirchnerista deberá tenerlo muy en cuenta.
Pero en el peronismo/kirchnerismo local se niegan rotundamente a avanzar con el Presupuesto 2020 planteando objeciones fuertes al pedido de endeudamiento de 300 millones de dólares que hace el actual gobierno. La especulación es lógica; hacen falta los dos tercios de los votos para que ese pedido pase el filtro.
Claramente culpan al jefe del Ejecutivo de encubrir una supuestamente delicada situación económica provincial derivada de la administración anterior, de Cornejo. Y no dejan de sostener que el gran problema del gobierno de Suárez radica en el alto nivel de endeudamiento. Por eso piden públicamente que el oficialismo blanquee “dificultades de caja” que podría estar enfrentando para que el presupuesto que se pretende debatir contenga la real situación de las arcas provinciales.
Por otra parte, más allá de esa mirada crítica, es cada vez más insistente la versión de que el Frente de Todos esperaría el tratamiento del presupuesto nacional, que Alberto Fernández prometió enviar al Congreso luego del primer trimestre del año, para, ahí sí, adaptar los números a los recursos que estén previstos para Mendoza en la pauta de la Nación. Si esta fuese la postura del principal sector de la oposición, cualquier gestión que se encare desde el radicalismo, aun en el actual receso de enero, será en vano.
Lo que sí aparece como probable es que durante febrero se comience “a hilar fino” con los números, según opinan algunos en el peronismo, pero partiendo de la base de que todo sería materia de negociación, en especial si el Gobierno mantiene su postura con respecto al endeudamiento de 300 millones de dólares que pretende se le autorice sin hacer referencia a la gestión anterior de Cornejo.
Todo esto es público. Pero detrás de escena, en el justicialismo señalan que “la bonanza” dada a conocer por la anterior administración provincial fue en base al endeudamiento, que, siempre según la mirada opositora, fue excesiva y ahora le juega en contra al nuevo gobierno.
Obviamente, en el radicalismo no comparten en absoluto el juego que hace la oposición con el pretexto de la toma de deuda y menos aún en lo que se refiere a la gestión anterior. Las voces cornejistas que ahora comparten poder con el incipiente suarismo salen al cruce haciendo referencia al trabajo de cuatro años de Gobierno para ordenar y hacer funcionar al Estado “de una manera eficiente”. Y aluden a los magros resultados derivados de los años previos, con el peronismo gobernando en Mendoza durante dos períodos, aunque el mayor destinatario de las críticas fue Francisco Pérez, al que el radicalismo, como oposición, le negaba autorizaciones de deuda con el argumento de que esos recursos eran destinados a gastos corrientes y no a obras, como plantea Suárez ahora y antes Cornejo.
Posturas firmes de ambos lados que seguramente deberán tener algún punto de encuentro. En el oficialismo saben de la especulación opositora con los tiempos del presupuesto nacional de Alberto Fernández. Y en el peronismo no deberían ignorar que en algún momento, cuando la cuerda esté a punto de cortarse, pueden aparecer los “caciques”, los seis intendentes propios, pidiendo moderación y negociación para poder gestionar. Una prueba para la elogiada unidad fuerte actual. Si hay algo seguro es que los jefes departamentales ya tienen un mucho mejor trato con Suárez que con Cornejo y eso influye en el clima político.
Está claro que proyectos de presupuesto puestos como prenda de negociación política siempre hubo y habrá. Pasaron gestiones en estos casi 40 años de democracia que presentaron la pauta de gastos y recursos a destiempo y, aunque tarde en los tiempos que marca la ley, el debate igual se dio en la Legislatura. Sí puede darse el caso de que la gestión de Suárez sea la primera en no obtener una rápida aprobación en su primer año de gobierno. Así se sumaría al récord, que ya tiene, de verse obligado a retroceder con su primer propuesta a los pocos días de la asunción. Un mal trago del que ya se ha dicho que obligó al Gobierno a relanzarse.
Y a propósito de la fallida reforma minera, es bueno ver cómo quedó el clima interno en Cambia Mendoza. Hay heridas que se verá si el paso del tiempo las cierra.
Nadie niega que hay gran tirantez entre el núcleo duro del suarismo y el diputado Difonso, a quien muchos siguen definiendo como el más influyente en la magnitud de la protesta pública. “Se le fue la mano. Debió ser más moderado”, dijo un radical que, no obstante, asegura respetarlo por la gestión que tuvo en su departamento y por el énfasis que puso en la campaña electoral que le dio el triunfo a Suárez.
En cambio, los radicales más cautos admiten que era lógico que el ex intendente de San Carlos saliese a defender la vigencia de la ley 7.722 en su condición de coautor de dicha norma. En general hay coincidencias sobre la necesidad de que la buena relación en el espacio continúe y que se dé vuelta la página sobre lo sucedido.
Seguramente se exigirán aportes desde el Ejecutivo para ver cómo solucionar la crisis social que Suárez y su equipo admiten y que dio argumento a la propuesta para reformar la legislación minera. En el Gobierno están convencidos de que la derogación de la reforma dejó costo político pero constituyó una decisión acerdatídisima ante la mayoritaria negativa de la ciudadanía a la minería metalífera. Lo que inquieta, sin embargo, es que fácilmente no se observa a otros sectores de la economía capaces de invertir rápido y generar trabajo.