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Estamos atravesando un momento histórico en la República Argentina. El hecho de que un remisero discreto y detallista -Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido mientras era ministro de Planificación- haya dado minucioso testimonio escrito de la dinámica y operatoria de tan solo una porción de las millonarias coimas que recibieron funcionarios kirchneristas, da cuenta de este guión que se mantiene abierto y promete nuevas entregas.
Desde otro lado, Amado Boudou, el vicepresidente amigo de las guitarras, la exhibición desvergonzada y las motos caras, es otro personaje oscuro en esas escenas de corrupción explícita y sentimiento de impunidad.
La aparición de los cuadernos de Centeno irrumpe en un momento clave. Si hubiesen salido a la luz hace poco más de dos años, quizá no contaríamos con la oportunidad que hoy tiene la Justicia de hacer historia y dar una lección sin precedentes. Estamos en presencia de lo que se perfila como el Lava Jato argentino.
Desde mediados de 2016, Argentina dispone de una Ley del Arrepentido, herramienta especialmente valiosa en la dura lucha contra la corrupción.
En nuestro país, la ley no exime de pena a la persona que se acoge a la figura del arrepentido. Además, el que se arrepiente debe realizar aportes sustanciales y entregar datos verosímiles para el esclarecimiento del delito. Si llega a mentir, la norma le impone una sanción aún mayor a la que le cabría si no se hubiese presentado como arrepentido.
Nuestro Derecho es claro: pretende ser una vía para perseguir a los responsables máximos de la comisión del delito. La legislación le da al arrepentido un tratamiento diferencial pero no lo exime; no se trata de una carta blanca ni un perdón sin concesiones. El Estado no se arrodilla ante el colaborador, todo lo contrario, se pone de pie para ir hasta las primeras líneas.
La utilidad de esta figura -que impulsamos con énfasis desde la Cámara de Diputados hasta convertirla en ley- hoy está a la vista: no sólo Centeno declaró en tal carácter sino también varios empresarios que reconociendo la autoría del ilícito, aportaron información relevante.
Todo indica que habrá más arrepentidos en la causa que llevó a la detención de Roberto Baratta y a otra decena de señalados en el expediente como engranajes necesarios en esta red de corrupción. De a poco, va comprobándose lo que algunos -muy criticados durante la era K- venimos sosteniendo desde hace años: el kirchnerismo arquitectó (sic) un plan sistemático de corrupción.
Boudou también tuvo un “arrepentido de confianza”: su testaferro Alejandro Vandenbroele, quien cambió el silencio y la actitud distante para apuntar al ex vicepresidente por maniobras corruptas, lavado de dinero y la apropiación de Ciccone. Si bien el testimonio de Vanderbroele implicó un paso necesario en la confirmación de los hechos espurios que se le atribuían a Boudou, al día de hoy la Justicia parece quedarse a mitad de camino porque carece de otra herramienta que duerme en el Senado: la Ley de Extinción de Dominio.
Este instrumento haría posible recuperar los bienes mal habidos y devolverle a la gente los millones que se robaron los delincuentes disfrazados de funcionarios públicos. Contamos con la Ley del Arrepentido y necesitamos que el Senado apruebe la Ley de Extinción de Dominio para poder completar el acto de justicia: con la primera norma, se condena a los responsables del delito; con la segunda, se los podría obligar a que reintegren el dinero que jamás debió ingresar a su patrimonio.
Estamos frente a una oportunidad histórica, la de nutrir el menú de herramientas para que la Justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias. El Senado tiene que aprobar de forma urgente la media sanción del proyecto de Extinción de Dominio para que devuelvan lo robado de una vez por todas.
