Kicillof, el interventor de la economía

Como hitos, en el medio de esta saga, se deben resaltar los decretos 1.277 y 1.278 de la Presidenta, por los cuales Cristina entronizó al joven economista otorgándole las potestades para establecer todos los planes de inversión que deberán hacer las empresas petroleras que operan en el país, a riesgo de fuertes penalidades si no los cumplen, y de coordinar las decisiones que tomará el Estado en las empresas privadas en las que la Anses tiene participación minoritaria desde que se eliminó el sistema de las AFJP.

A principios de año se puso al hombro la intervención de YPF mientras se trataba la ley de re-estatización en el Congreso y denunció el “vaciamiento” realizado por Repsol (convalidado por los representantes del Gobierno en el directorio).

Su fulgurante aparición en la escena política le permitió quedarse con un importante sillón en el directorio de la petrolera nacionalizada.

Hoy, Kicillof es el hombre más influyente de la política energética del país -desplazó a Julio De Vido- porque además de proyectar su sombra sobre las decisiones que toma el CEO de YPF, Miguel Galuccio, es quien establece las metas de inversión a las otras petroleras que trabajan en la Argentina (gracias al decreto 1.277). Pero además, establece qué deben hacer los representantes del Estado en las empresas en las que la Anses tiene acciones (decreto 1.278).

El círculo se perfecciona con la nueva potestad que tendrá el Estado, como minoría en el directorio de las más importantes firmas que cotizan en la Bolsa, para pedir su intervención a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la cual quedó escrita en el artículo 20 de la nueva ley de mercado de capitales.

Con esto, el kirchnerismo podrá pedirse a sí mismo -ya que los directores de la CNV son empleados designados por el Ejecutivo- una veeduría o el desplazamiento por seis meses de la administración de una empresa privada si considera que se están perjudicando los intereses del Estado.

Ahora bien, es el mismo Kicillof quien sostiene en público que para seguir el proceso de re-industrialización del país son necesarios los dólares y que por ello es necesario acotar al máximo el acceso de los argentinos al billete estadounidense (el famoso cepo que niega la Presidenta). Cuando dice esto, el economista de la “sintonía fina” admite el grave inconveniente que está teniendo nuestro país para acceder a los mercados de crédito internacionales que, en cambio, sí financian proyectos de inversión multimillonarios en los otros países de la región.

El problema de la Argentina es que no tiene hoy en la economía doméstica los fondos necesarios para seguir impulsando el desarrollo del país y que afuera, en el exterior, nadie le quiere prestar dinero no sólo por el fantasma del default de 2002 sino, sobre todo, por la falta de confianza que inspiran las políticas del kirchnerismo para los inversionistas.

Cristina prefiere creer que se castiga a la Argentina por hacer las cosas bien y no seguir las recetas neoliberales que se aplicaron en nuestro país en los '90 y que ahora comprometen el presente de Europa. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, asegura que son las calificadoras de riesgo las culpables de que a nuestro país se le vede el acceso al crédito. Pero no fueron las recetas del FMI ni las opiniones de las consultoras las que llevaron al Gobierno a intervenir y luego destruir el Indec, haciendo volar por los aires, de esa manera, toda posibilidad de ser creíble ante los ojos de nadie.

En la misma línea -nuevamente coherente- el kirchnerismo dejó que la  inflación se expandiera año a año para no frenar un crecimiento asentado en el consumo, pero sin querer reconocer que el ahorro y la inversión, tan necesarios para el desarrollo, son incompatibles con una inflación alta y tasas de interés bajas en el sistema financiero y también con reglas de juego cambiantes para el capital extranjero.

En este contexto, el kirchnerismo sacó dos leyes en el Congreso para intentar contrarrestar la mala relación con el mundo y conseguir fondos para desarrollar la matriz productiva.

La primera fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes mencionada, porque se obliga al sector financiero a destinar una parte de los recursos a préstamos para las pymes.

La segunda, es la ley sancionada ayer para reformular el mercado de capitales, ya que a través de la regulación de este sector se busca incentivar a que más empresas argentinas, de menor tamaño, inviertan en este sistema para así poder volcar fondos a la producción. La apuesta del oficialismo es triplicar la cantidad de firmas, que hoy apenas pasan las cien.

Sin embargo, empujado por sus obsesiones, una vez más el kirchnerismo se desvió del espíritu de la ley para, en cambio, fortalecer su poder de policía sobre el empresariado argentino. Como explicamos, Kicillof es quien coordina las acciones de los directores estatales en las empresas privadas y ahora podrá pedir una intervención de la misma por 180 días, solicitando a la CNV que deje sin efecto medidas aprobadas por el directorio de las mismas.

Así, el Gobierno, que dice querer hacer crecer el mercado de capitales -que viene retrayéndose en los últimos diez años- dando espacio a las empresas chicas que aportarán sus ahorros, espanta a los empresarios de mayor tamaño, que podrían aportar muchísimos más  fondos, porque ahora tienen el temor de que cualquier accionista minoritario de sus firmas pueda pedir la intervención de la CNV.

Cuatro de las firmas que operan en la Bolsa mendocina ya manifestaron sus deseos de retirarse de la institución debido a esta nueva ley, como publicó

Los Andes

en su edición del miércoles.

El crecimiento económico y el desarrollo del país, que el kirchnerismo pregona, necesita de importantes inversiones. El propio Kicillof, que expulsó del país a los españoles de Repsol con una serie de argumentos irrefutables, se encontró con esta realidad en su sillón de YPF porque observa lo difícil que le resulta a Galuccio atraer inversores internacionales para explorar y explotar los yacimientos de gas no convencionales de la Patagonia neuquina. El país no tiene en su economía los dineros para poder llevar adelante semejante empresa. Pero además, otras áreas también necesitan de financiamiento que hoy no está llegando.

Éste es el desafío que debe enfrentar el kirchnerismo, que en agosto celebró el pago de una importante porción de la deuda externa, y que a pesar de esto sigue siendo considerado peligroso para el sistema financiero internacional.