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La larga lista de acciones judiciales que van a contramano de los deseos de la Presidenta no sólo demuestra que sigue habiendo magistrados decididos a no ceder a las presiones oficiales, sino también que muchos otros perciben el fin del ciclo kirchnerista y se van animando a despojarse de los temores políticos.
Una rápida enumeración debe incluir, en un período no mayor a 10 días, las siguientes decisiones: la exhortación de la Corte Suprema al Gobierno a que la Anses cumpla con las sentencias que ordenan reajustes a jubilados; la revocación por la Cámara Federal porteña del sobreseimiento del titular de ese organismo, Diego Bossio, en un juicio jubilatorio; la orden del juez federal Luis Rodríguez para que se adopten las primeras medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito al subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, el número 2 de Carlos Zannini.
También, la ratificación de la Cámara para que la propia Presidenta sea investigada por la firma del decreto 929/13 sobre hidrocarburos porque se presume intención de beneficiar a la petrolera Chevron; la declaración de inconstitucionalidad para el acuerdo firmado con Irán, y la negativa, en Casación Penal, a sobreseer a Amado Boudou en la causa Ciccone, en la que se acumulan pruebas contundentes contra el Vicepresidente.
La batalla
Con un panorama judicial semejante, más otras acciones que siguen pendientes y que involucran a funcionarios y protegidos del gobierno, se entienden mejor la furia presidencial contra la Justicia y el sentido de la estrategia pensada para evitar mayores contratiempos.
Aquella estrategia, ya en pleno desarrollo, contempla tener hacia fin de este año un Consejo de la Magistratura mucho más dócil que el actual. Ese organismo es el que propone la designación de nuevos jueces y tiene facultades para destituirlos. La renovación de sus miembros será en noviembre próximo y la operación está en manos de La Cámpora.
Wado de Pedro y Julián Alvarez, que hoy integran el organismo, le han prometido a Cristina que le darán esa alegría. El plan contempla trabajar fuerte dentro de la Asociación de Magistrados y de los Colegios de abogados -que tienen elecciones en setiembre- para que se impongan los candidatos kirchneristas. Los representantes al Consejo tendrán entonces el mismo signo político.
Alertados de la intención oficial, los sectores independientes y opositores también han resuelto hacer algo, aunque sin organicidad todavía, para que al camporismo no le resulte tan sencillo avanzar. En esa idea se inscriben algunas decisiones judiciales que marcan la voluntad de magistrados federales de tomar distancia del poder que los abrigaba hasta ahora.
La investigación que se hará sobre el acuerdo con Chevron es uno de los casos que más preocupan a la Casa Rosada porque involucra en forma directa a la Presidenta. Apenas conocida la resolución judicial, el Gobierno salió a decir que ese acuerdo fue firmado por YPF y no por Cristina. Pero hay un decreto presidencial de por medio. La empresa nacionalizada publicó luego una solicitada que apunta a desviar el cuestionamiento y a destacar su necesidad de inversiones para lograr los beneficios que traerá al país la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
Unas monedas
YPF también está en boca de todos por otras cuestiones. Hace unos días, su directorio aprobó para sus integrantes un aumento de honorarios del 67 por ciento. De este modo, un director sin funciones ejecutivas ha pasado a ganar 235 mil pesos mensuales, sin contar eventuales gastos de representación. La empresa tiene 17 directores titulares y 12 suplentes y se calcula que en el nivel ejecutivo, como es el caso de Miguel Galuccio, el sueldo mensual no sería menor a 400 mil pesos. Vale recordar que YPF no es una empresa privada sino del Estado.
El otro caso que afecta políticamente a la Presidenta es el de Boudou, a quien ella personalmente eligió como compañero de fórmula. Son varios los funcionarios del gobierno que venían sosteniendo en privado que si la Justicia se pronunciaba como ahora lo hizo, el vice debía pedir licencia hasta que haya sentencia definitiva. El problema es que una decisión semejante sólo pertenece a Cristina.
Una fuente con acceso a reuniones en Olivos confió hace unas hora que la Presidenta insiste en sostener a Boudou en el cargo con el argumento de siempre: sería entregarle su cabeza a la prensa y a la Justicia opositoras. Pero no está dicha la última palabra.