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Pese a su intención “develadora de hipocresías”, Francisco Pérez no develó ayer la mayor de las intrigas generadas en la previa de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. El gobernador no dio mayores detalles de los pasos a seguir con el proyecto de reforma constitucional que incluye -hasta ahora- su propia posibilidad de reelección.
La referencia, si bien directa, obvió precisiones sobre las alternativas a manejar: persistir con la trabajosa “búsqueda de consenso” -que en los hechos se ha limitado a sumar diversas voluntades no sin polémica-; o la convocatoria directa a convencionales constituyentes para “continuar” el proceso “inconcluso” de 2001 -un artilugio que, al estilo del film Volver al futuro, pretende dar por válida una fallida convocatoria del entonces gobernador Iglesias y que a todas luces trastabilla cuando se explican sus argumentos-.
Hasta el momento no han alcanzado las razones que el oficialismo sostiene para convencer a la oposición y a la opinión pública sobre la necesidad de la reforma. Mucho menos sobre su oportunidad. Especialmente, si cuando ese repaso argumental incluye asuntos, deberes y derechos que ya están consagrados en la Constitución Nacional, también amenazada de modificaciones con fines igualmente coyunturales disfrazados de “nobles”.
Está claro que los tiempos para reformar están seriamente condicionados por la intensidad de un año electoral que volverá a impedir la oportunidad que Pérez reclama. Aunque ayer sólo haya subrayado que insistirá y batallará por el cambio en la Carta Magna, su referencia apenas sonó a una nueva apuesta para mantener el tema en agenda ante la inquietud de los que se oponen.
Con el horizonte en agosto y en octubre, a Pérez no le queda otra que concentrarse en gobernar. Si gana, y la nueva composición legislativa le favorece, su sueño podrá hacerse realidad. O, de lo contrario, pagar ahora el costo de una reforma impopular.
