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El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió ayer a todos los poderes del Estado que aprueben inmediatamente un proyecto de ley de "seguridad jurídica" para la Policía, en el que se contemple la imposibilidad de que sean juzgados por hechos ocurridos mientras estén de servicio.
"Sin garantías necesarias para que los agentes de seguridad pública actúen en favor de los ciudadanos de bien, la reducción de los delitos no ocurrirá a la velocidad que piden los brasileños", publicó Bolsonaro en su cuenta oficial de Twitter.
"Los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen que asumir este compromiso urgentemente", añadió.
Bolsonaro prometió durante la campaña adoptar el llamado "excluyente de ilicitud" para operaciones de seguridad pública en la lucha contra el crimen: una excepción que concedería a la Policía, por ejemplo, usar la fuerza letal sin temor a las consecuencias.
"Hay un problema, llega un Policía, y lo resuelve", explicó Bolsonaro durante la campaña en una entrevista al Jornal Nacional publicada en agosto. "Si mata a tiros a diez, a 15 o a 20 tipos, tendríamos que darle una medalla, no llevarlo a juicio, haya pegado diez tiros a cada uno o les haya pegado 30", añadió.
Los críticos de esta propuesta consideran que la excepción da carta blanca a la Policía para actuar sin ningún tipo de restricciones. Y avisan que esta legislación podría incluir, además, la expansión de las circunstancias por las que el Ejército podría integrarse en la seguridad local. Por ejemplo, en forma de patrullas de rutina por los barrios del país, lo que podría desembocar en una militarización de la vida pública.
Al tiempo que Bolsonaro impulsaba la ley para proteger a los policías, una ola de ataques violentos mantiene en vilo a Ceará, uno de los estados brasileños con los mayores índices de delincuencia y donde en los últimos dos días se registraron 45 atentados contra bancos y edificios públicos.
Hasta el momento fueron detenidas 45 personas vinculadas con los ataques, dijo en las redes sociales Camilo Santana, gobernador del estado ubicado en el noreste de Brasil.
Ante la gravedad de la situación y con carácter urgente, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, conducido por el popular exjuez del Lava Jato Sergio Moro, dispuso ayer el envío de tropas de la Fuerza Nacional, un organismo que reúne a policías militares de diferentes estados del país.
La decisión de Moro, que responde a un pedido del gobernador Santana, fue elogiada por el presidente, quien reconoció que la situación se agravó en las últimas horas.
"El pueblo de Ceará necesita ayuda en este momento", dijo Bolsonaro durante una ceremonia de cambio de mando de la Aeronáutica.
La motivación y origen de los delitos se desconoce, pero funcionarios del gobierno estatal creen que se trata de una venganza de grupos criminales por el supuesto nuevo rigor que se aplicaría en las cárceles.
El martes, el secretario de Administración Penitenciaria de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, dijo que no reconocería facciones criminales y que los presos dejarían de ser divididos según su afinidad con esas organizaciones.
Apenas horas después comenzaron los ataques, que ya han alcanzado 14 ciudades además de la capital, Fortaleza.
La inseguridad es una de las prioridades que Bolsonaro prometió enfrentar apenas asumiera, pero entre los nuevos frentes que abrió incluyó ahora los derechos de los trabajadores.
El mandatario afirmó que estudiará con su equipo la posibilidad de poner fin a la Justicia del Trabajo, ya que considera que hay un "exceso de derechos" para los trabajadores brasileños y que las cargas laborales "molestan a todos".
"Cuando uno piensa en producir alguna cosa, cuando ve la cuestión de las cargas laborales, que molestan a todos en Brasil, esa persona desiste de emprender", declaró Bolsonaro en una entrevista a la cadena televisiva SBT.
En la primera entrevista concedida desde su investidura, el martes pasado, Bolsonaro expresó que estudia e incluso podría hacer una propuesta para la extinción de la Justicia del Trabajo, pues, a juicio del presidente, ella está politizada.
"¿Qué país del mundo tiene (Justicia del Trabajo)? Ya tenemos la Justicia común. Si (un trabajador) entra en la Justicia y pierde, tiene que pagar", manifestó.
"Miren Estados Unidos. Allí casi no hay derechos laborales. No sirve de nada tener derechos si no hay trabajo", completó.
Durante la transición de gobiernos, Bolsonaro confirmó la extinción del Ministerio de Trabajo, creado en 1930 y cuyas funciones serán "redistribuidas" entre las nuevas carteras de Justicia y Economía.
E insistió con la reforma previsional.
El nuevo presidente de Brasil dice que está dispuesto a recibir una base militar de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de Rusia en la región. Dijo que le preocupa la cercanía de Rusia con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Rusia y Venezuela llevaron a cabo una misión de entrenamiento conjunta en el país sudamericano en diciembre. La iniciativa fue criticada por el secretario de Estado Mike Pompeo.
El excandidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la Presidencia de Brasil, Fernando Haddad, se unió a la campaña en respuesta a las polémicas declaraciones en que una de las ministras de Bolsonaro dijo que los niños tienen que vestirse de azul y las niñas de rosa. Haddad publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece leyendo un libro y vestido con una camisa de color rosa.