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A partir de las últimas transformaciones vividas al interior del sistema educativo nacional, observamos cómo de alguna manera las mismas se circunscriben en el marco del enfoque de Derechos (Constitución Nacional, Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Nacional, entre otras).
La ley de educación nacional establece que el Estado es el principal responsable de garantizar el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo a todos y todas, sin importar ningún tipo de diferenciación social, económica o de cualquier otra índole.
Se menciona que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, que deben ser garantizados por el Estado.
La única manera de consolidar una sociedad más justa y equitativa es a partir de una distribución igualitaria del conocimiento, eliminando todo tipo de discriminación en dicha distribución.
La escuela debe dejar de ser reproductora de ideologías e intereses hegemónicos, como así también de las posiciones sociales, para constituirse en una institución que presta un servicio educativo de calidad, eliminado los rótulos de escuelas para pobres o escuelas para ricos. Todos debemos comprometernos en esta tarea de "educar con calidad" a todos y todas.
En los últimos tiempos estamos vivenciando una transformación estructural del sistema educativo. A partir de las políticas instrumentadas desde el año 2003, nuestro sistema viene avanzado hacia un cambio radical de paradigma, inspirado en los conceptos de inclusión y calidad educativa para nuestros niños, jóvenes y adultos, a partir de la participación y democratización de las prácticas educativas.
No es casual que desde esa fecha se hayan sancionado leyes de suma importancia para el regulamiento del sistema educativo, como así también que se hayan instrumentado una serie de programas (como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo) que han favorecido notablemente la incorporación de niños y jóvenes de los sectores más vulnerables, antes excluidos, a la estructura formal del sistema. Hasta no hace mucho, vastos sectores de la sociedad quedaban excluidos y relegados de la posibilidad de acceder a una educación de calidad que le permitiese mejorar sus condiciones de vida, bajo el lema de una escuela pensada para sólo unos pocos.
En este marco, hoy la visión de la política educativa provincial es distinta, y es desde allí que se está trabajando arduamente en esto. Es por eso que las últimas disposiciones están orientadas hacia el logro de estos objetivos, con el claro convencimiento de que el mejor lugar en donde deben estar nuestros niños y jóvenes, no es otro que la escuela, aprendiendo.
La nueva normativa referida al Código de Convivencia, que cuenta con el aval del Consejo General de Educación de la provincia, el cual está conformado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, establece que si hay una trasgresión a la norma, hay un sanción, la que debe ser proporcional a la falta y con carácter formativo, es decir, permitiendo que los estudiantes tomen conciencia de sus actos, se responsabilicen de los mismos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, aprendiendo así conductas socioafectivas, a partir de un proceso de autorreflexión, siempre orientado por mayores, encargados de la formación de los mismos.
También la norma fija límites innegociables, por ejemplo, el uso o portación de armas dentro de las escuelas o el hecho de atentar contra la vida de un tercero, en donde se establece que se tomarán acciones tales como la suspensión del estudiante, la generación de instancias de trayectorias alternativas, etc., y además se seguirán las acciones legales correspondientes.
Por otro lado, quisiera aclarar que la Resolución 714/12 del Consejo Federal de Educación, establece que el primer y segundo año de la escuela primaria se consideran como una unidad pedagógica integral, ya que se apunta a respetar los distintos ritmos de aprendizajes.
Es preciso señalar que las resoluciones emitidas por el Consejo Federal de Educación son de cumplimiento obligatorio para las provincias, buscando resguardar la unidad del sistema educativo nacional. Las instancias de deliberación y consenso se desarrollan al interior del mismo, en donde están representadas todas las provincias. Por esto, es impensable proponer que la aplicación de estas normas deban contar con la aprobación de la Legislatura Provincial, puesto que esto está regulado por la Ley de Educación Nacional Nº 26.296.
Para finalizar, quisiera que como sociedad nos preguntáramos: ¿pensamos en una escuela inclusiva y de calidad, que desarrolle procesos de formación integral, basados en valores, y que le permitan al educando definir su propio proyecto de vida, o seguimos manteniendo viejas prácticas expulsoras que lo único que hicieron fue reproducir la estructuración social, llevando a niños y jóvenes a situaciones de vulnerabilidad, exponiéndolos a caer en situaciones de fragilidad social, como son la delincuencia y la drogadicción, entre otras?
