10 de noviembre de 2012 - 00:51

A no hacerse los rulos, que oír no es cambiar

El Gobierno escuchó, sin dudas, el ruido de la movilización del 8N, pero en éste como en todos los desafíos que tiene, jamás escucha para comprender sino sólo para responder.

Para la política, entendida como el ámbito en el que se dirimen los proyectos de poder, los hechos son importantes pero más lo son los efectos que éstos producen. La multitudinaria protesta contra el gobierno nacional que se desplegó el jueves en distintos puntos del país, o sea un hecho de trascendencia histórica para la vida en democracia, ha sido largamente analizada antes, durante y después de su verificación en las calles por voces opositoras y oficialistas y también desde pretendidas posiciones de neutralidad científica.

Si apelamos a una máxima simplificación, podría decirse que la extensa variedad de motivaciones que tuvieron los que pacíficamente salieron a reclamar, se sintetiza en una indignada apelación a la presidenta Cristina Fernández: "No estamos conformes con algunas medidas y actitudes del Gobierno, y queremos que se nos escuche". En lo conceptual, eso no es mucho ni poco. Básicamente es el ejercicio del legítimo derecho a expresar la incomodidad que siente una parte de la sociedad cuando la representación institucional, que debe gobernar para todos y no sólo para su fracción política, no atiende sus intereses. Y, además, pide un cambio.

Diferencias

Entusiasmados por la magnitud del acontecimiento, dirigentes opositores le abrieron camino al optimismo. Confían en que la gente en la calle ha construido un poder en sí mismo, que el Gobierno no podrá obviar esa referencia y algunos hasta disfrutan con sólo pensar que algo podrán capitalizar de este fenómeno. Pero también hay una mirada más escéptica al respecto.

Quienes ofician de voceros gubernamentales dicen no entender el mensaje de la protesta y la desvalorizan porque no se encauza en un proyecto político determinado ni encuentra liderazgos bien identificados. La propia jefa del Estado no pudo ser más clara al respecto, apenas unas horas después de las movilizaciones: "El verdadero problema es la falta de una dirigencia política que represente un modelo alternativo. De eso no podemos hacernos cargo. Nosotros creemos en el nuestro, que se encarguen los que no creen en el nuestro de hacer el suyo".

Para Cristina, entonces, no existe ninguna alternativa de modificar el modelo oficial, ni aun en sus errores. El que quiera algo distinto, que haga otro modelo. De este modo, queda sepultada la esperanza expresada por muchos de que la Presidenta podría escuchar los reclamos y habilitar un diálogo con los que no piensan de la misma manera. A olvidarse de eso, a no hacerse los rulos, porque no está en la naturaleza política de Cristina cambiar de rumbo.

Hay que entender que como amante de la confrontación, el Gobierno escucha para responder, no para comprender, y hay en eso una gran diferencia. De hecho, así se inhabilita una conversación racional y serena con quienes buscan que haya flexibilidad en las decisiones oficiales. Que los disconformes no tengan una representación dirigencial hace más difícil ese intento, porque aun escuchando el reclamo, cualquier cambio quedaría a voluntad de la Presidenta y no sería producto de un diálogo con algún opositor.

A esta visión pesimista sobre los efectos que en el corto plazo tendrá la protesta del jueves, debe agregarse un argumento no menor. Para Cristina admitir que alguien que no pertenece a su grupo tenga razón es lo mismo que capitular. En la dialéctica kirchnerista amigo-enemigo, algo semejante implicaría una debilidad imperdonable. Es una concepción del poder, no un capricho.

La utilidad

¿Significa entonces que esa enorme movilización no ha servido para nada? De ninguna manera. Sirvió para mostrar que una parte importante de la sociedad comprendió el valor de dejar de ser un sujeto pasivo y adoptar un rol activo en la política. Que desde esa base podrán levantarse futuras alternativas de poder.

Que los reclamos se legitiman con el aval de multitudes en las calles. Que la Justicia, presionada por el Gobierno para disponer a su antojo de las leyes y la Constitución, puede sentir ahora un respaldo que no sólo se expresa en declaraciones de la oposición política. Que la notable superación en número de participantes con el cacerolazo anterior implica la idea de un fenómeno en crecimiento.

Podrá la Presidenta seguir subestimando a quienes piensan distinto y afirmar que sólo repiten los titulares de los diarios y lo que dicen las pantallas de la televisión. Pero es evidente que la agresión de las palabras, la soberbia hecha estilo y la vocación de llevarse todo por delante, ha comenzado a tener sus consecuencias. Estamos a un año de las elecciones legislativas y a tres del final de su mandato. Tarde o temprano, los efectos se verán.

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