20 de octubre de 2012 - 21:31

Golpe por golpe

Ante la negativa radical a discutir la reforma constitucional, el Gobierno recurre a nombres vinculados a Iglesias para cubrir cargos públicos, generándole dolores de cabeza a la conducción partidaria de Cornejo.

La mayoritaria negativa del congreso de la Unión Cívica Radical a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno llevó al justicialismo a buscar inmediatas respuestas políticas, especialmente destinadas a irritar a la dirigencia del principal partido de la oposición.

En tal sentido se movió el Ejecutivo con la nominación de Jorge Mastracusa, para el EPRE, y la designación de Eduardo Cicchitti en la Inspección General de Seguridad; ambos son reconocidos iglesistas. Dos movidas que llenaron de enojo, pero también de interrogantes, a la cornejista conducción del radicalismo provincial. "Golpe por golpe", dicen los voceros del justicialismo al referirse a la estrategia elegida.

Sin duda, el mayoritario aval dado por la UCR en el Senado a Héctor Caputto para ingresar al Tribunal de Cuentas no fue suficiente para las aspiraciones del oficialismo, que esperaba una postura clara y explícita sobre la reforma de la Carta Magna.

Aliados en la interna opositora. En la plana mayor del radicalismo ya nadie duda de que sus diferencias internas interesan cada vez más al partido gobernante.

La discusión que se presentó en el congreso llevado a cabo en Rivadavia le permitió comprobar a los estrategas del oficialismo que no todos los sectores del partido liderado por el intendente de Godoy Cruz están de acuerdo con darle la espalda en estos momentos a la reforma constitucional que promueve Pérez.

En los despachos de la Gobernación no niegan la actual embestida contra "los que se pusieron duros" en el congreso del radicalismo, "pero de ninguna manera queremos interferir en otro partido. Simplemente pretendemos que se debata la reforma que proponemos en forma razonable. Y entendemos que para ello debemos escuchar a los sectores dirigenciales de la oposición que están abiertos al diálogo".

La trayectoria de Víctor Fayad y de Roberto Iglesias son en estos momentos suficiente requisito para las aspiraciones oficialistas de generar fisuras en la fortaleza radical. Ven un eje entre estos dos personajes. Respetan a Fayad como intendente y reconocen el peso de Iglesias, que aunque en minoría en su partido consigue generar planteos entre congresistas y concejales y, además, todavía cuenta con legisladores provinciales que le responden.

Iglesias, al que muchos en su propio partido pretendieron sacar de circulación tras la derrota electoral ante Pérez, ahora es reflotado por un oficialismo empeñado en desempolvar manuales politiqueros para ganar terreno y prepararse para el próximo año electoral.

El cornejismo es consciente de que lo de Mastracusa y Cicchitti puede ser el primer paso de una avanzada destinada a bloquear propuestas a las que pueda estar llamada la oposición a la hora de convocar a cubrir nuevos cargos vacantes. La Justicia es uno de los ejemplos.

Mastracusa, de legítimos antecedentes en materia energética, fue elegido por el Gobierno sobre Mario Salomone, otro radical pero más vinculado a Cornejo, que también había calificado para aspirar al EPRE.

En la Legislatura y en la calle. Siguiendo con la pretendida reforma constitucional, por un lado el justicialismo trabaja pacientemente para sumar los votos necesarios en el Senado. Considera que una media sanción del proyecto de ley en la Cámara alta facilitaría las cosas en Diputados, donde la oposición es más fuerte numéricamente.

Ayer trascendió que desde la conducción radical habrían reiterado que la discusión por la reforma no está del todo cerrada, sino que lo que pretendió dejar en claro el reciente congreso partidario es que el momento elegido no es oportuno.

La otra parte de la estrategia por la cruzada reformista pasa por instalar el debate en la calle, entre la gente. Es un objetivo que en el oficialismo han mantenido y que consiste en interesar, principalmente, a los sectores sociales supuestamente beneficiados con el contenido de la enmienda que se propone.

Recursos para obras y para votos. Pero no sólo de reforma constitucional se nutre en estos momentos el oficialismo provincial. El año electoral que se avecina obliga a tomar recaudos en materia financiera y por eso los "caciques" departamentales han mirado con beneplácito la asistencia que llegará directamente desde la Nación para encarar obras públicas.
 
No tienen tiempo que perder. Los trabajos deberán estar visibles o en uso antes de las elecciones legislativas. Esa es la condición de la Casa Rosada para justificar desprenderse de esos dinerillos. En realidad, a nadie puede sorprender que después de tantas restricciones aparezca la ayuda en un año que puede ser decisivo para el futuro del kirchnerismo.

El trato será directamente entre el Gobierno nacional y los respectivos intendentes. Francisco Pérez sólo abrió la puerta al acuerdo en la reunión que mantuvo, a su regreso de Brasil, con Julio De Vido.

No se trata de un beneficio sólo para municipios mendocinos, ya que el plan fue anunciado por la Presidenta el miércoles pasado a los intendentes del Gran Buenos Aires que son fieles al cristinismo.

Pero, indudablemente, Francisco Pérez tiene buena llegada a los principales despachos gubernamentales nacionales y eso agiliza las cosas. Seguramente, este plan de obras públicas a nivel municipal tendrá como prioritarios destinatarios a los intendentes justicialistas. ¿Se incluirá a los jefes comunales de los restantes partidos? Es muy difícil que eso suceda, especialmente si se mantiene la actual tensión entre el PJ y el radicalismo de Cornejo y sus aliados.

El desdoblamiento visto puertas adentro del peronismo. En materia de estrategias preelectorales, la posibilidad de tratamiento legislativo del desdoblamiento electoral, en el marco de la amplia reforma política que se propone, parece beneficiar más al justicialismo en estos momentos.

Si el oficialismo aduce estar dispuesto a avanzar en tal sentido independientemente de lo que resulte de la enmienda constitucional propuesta (ver página 2) es porque existe una fuerte motivación.

Según varios sondeos recientes, la UCR, con Cobos como principal candidato a diputado nacional, tendría posibilidades contra el oficialismo. Sólo habría que evaluar el eventual comportamiento del electorado en caso de que Iglesias, u otro competidor interno importante, se presentase en las primarias abiertas nacionales a medir fuerzas contra el ex vicepresidente. Otra posibilidad que no descartan hoy en día en el PJ.

En cambio, con elecciones desdobladas la tracción que puede ejercer Cobos desaparecería y así aumentarían las posibilidades de las listas de senadores y diputados provinciales y concejales del PJ al amparo de la fuerza territorial que tienen sus intendentes.

Política en descenso. Hasta aquí el reducido escenario que nos ofrece hoy la política mendocina, entre especulaciones y la búsqueda de conspiraciones en el terreno del adversario. Responsabilidades compartidas entre oficialistas y opositores, por lo menos de los principales partidos.

En una provincia que tiene el privilegio de contar con equilibrio de fuerzas surgido del voto de una ciudadanía mayoritariamente pensante, en vez del "golpe por golpe" debería imponerse el debate serio, con altura.

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