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El oficialismo sabe que está en una disyuntiva: o modifica el rumbo del gobierno o en 2015 sale eyectado del poder. Esta certeza de cambiar para continuar, tan lejana ya de la "continuidad del cambio" que llevó a Cristina Fernández por primera vez a la Presidencia en 2007 como sucesora de Néstor Kirchner, fue el mensaje que dejaron las elecciones de hace seis meses en las que el Gobierno perdió casi la mitad de los votos que tuvo en 2011.
La urgida e inevitable transfiguración del kirchnerismo, su readaptación a una realidad que prefirió negar con necedad durante once años, se está produciendo abruptamente, sin maquillajes, y opera tanto sobre la gestión gubernamental como sobre la política en general.
Por un lado hay un esfuerzo en redirigir políticas públicas mal encaminadas durante toda una década, como la del transporte urbano o la energética, por otro lado hay torpedeos para desmoronar el relato, ese eje crucial de la construcción política kirchnerista, aceptando, de buenas a primeras, que las dos quejas más importantes de la sociedad, la inseguridad y la inflación, no son una sensación sino parte del dificultoso transitar cotidiano de los argentinos.
Ambos movimientos son parte de la misma estrategia de supervivencia.
No son pocas las tensiones internas que atraviesa el oficialismo por estas horas, minado por las dudas por lo que vendrá y por una nostalgia por la epopeya que no fue.
Analicemos algunos síntomas más recientes.
El primero es puramente gestual y se expresó en el tiempo que duró la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se aprobó el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF. Fueron 15 horas de debate, aún cuando todos sabían que el oficialismo tenía votos más que suficientes para ratificar el convenio en cuestión y no había suspenso alguno al respecto. ¿La explicación a este abarrotamiento de discursos?
"Todos los muchachos quisieron hacer uso de la palabra", confió un operador del bloque K para dejar en claro que los legisladores del Frente para la Victoria se anotaron masivamente para hablar en la sesión porque están convencidos de que este año parlamentario no tendrán muchos más temas que celebrar y que, en cambio, deberán ponerle el cuerpo a discusiones en las que el Gobierno llevará necesariamente las de perder.
Se puede afirmar entonces que la maratónica sesión fue una sobreactuación de triunfalismo oficialista, sobre todo si tenemos en cuenta que el pago a Repsol no sólo implica el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo (adiós al eslogan del desendeudamiento) sino que además le otorga al acreedor, la empresa española, todas las de ganar porque si bien la ley fija 5.000 millones de dólares como compensación-indemnización, esta cifra podrá ascender hasta 7.500 millones o más dependiendo del grado de especulación bursátil que instrumenten los españoles con los bonos que el Estado argentino le entregará en las próximas horas.
Será el mercado, tan vapuleado por el ministro Axel Kicillof desde su retórica, el que dictamine cuánto deberemos pagar los argentinos hasta 2033, cuando expire el último de los compromisos de esta nueva deuda. Y, encima, el mismo Estado argentino -controlante de YPF- deberá costear la remediación del estrago ambiental que dejó Repsol en las provincias porque el celebrado acuerdo conlleva una cláusula de indemnidad por la cual no podrá haber reclamos futuros por pasivos contingentes de ninguna índole.
Esta tensión interna que agita las aguas del oficialismo se advirtió también sin posibilidad de disimulo cuando el propio Gobierno decidió correrse del proyecto que pidió la presidenta Cristina Kirchner el 1° de marzo al Congreso y que presentaron siete de sus diputados más leales para regular los piquetes.
Como el proyecto de ley hace una diferenciación entre protestas legítimas e ilegítimas y además exige como condición de legitimidad que las mismas sean avisadas con 48 horas de antelación a la Policía, los movimientos sociales que apoyan al Gobierno se mostraron irritados y descolocados. En el propio bloque K ya se instruyó "freezar" la discusión el mayor tiempo posible porque la Casa Rosada no quiere ser la única que pague costos políticos por dar un debate que, como decíamos en esta misma columna la semana pasada, se introduce en el peligroso camino de criminalizar a quien se manifiesta.
Pero sin dudas la gran novedad, tanto en términos de gestión como en términos político-discursivos, se está produciendo en torno a la inseguridad, el principal argumento con el que la oposición de centro y de centro-derecha viene ganando terreno sin inconvenientes al advertir las flaquezas de las políticas gubernamentales en esa materia.
La cronología de las contradicciones entre lo que dice la Presidenta, sus funcionarios y sus legisladores, envueltos en suerte de tormenta pública de ideas, puede hacernos perder de vista la pesada caída del edificio teórico construido por el oficialismo durante años.
Desde lo discursivo, la semana que pasó dejó la siguiente frase de Cristina Kirchner (pronunciada paradójicamente con una tapa de Clarín de 1993 en sus manos como prueba argumental): "Los hechos delictivos no empezaron hace dos años".
Pero en el plano de la realidad la cosa es diferente: el Gobierno decidió reflotar una comisión creada en 2001 que jamás funcionó en los 11 años de kirchnerismo, la Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad, para que el secretario Sergio Berni defendiera en el Congreso las políticas oficiales contra el delito, aceptase propuestas de la oposición, y comprometiera así a todas las fuerzas políticas a trabajar en una política de Estado (aunque nadie quiso usar este término).
Si, como dijo la Presidenta, la delincuencia no es un fenómeno nuevo, entonces cabe preguntarle por qué razón su gobierno no encaró antes una política de Estado con el resto de los partidos, el Parlamento y el Poder Judicial, como la que se empezó a insinuar el jueves en el salón Azul del Senado. Pregunta, ésta, que seguro ella declinaría responder.
En esta misma estrategia de comprometer a la oposición en la búsqueda de soluciones a un fenómeno tan complejo, el Gobierno le cedió al PRO la comisión de la comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, que el pasado miércoles comenzó a debatir sobre un nuevo Código Procesal Penal que agilice el accionar de la Justicia Federal y, el mismo día, la Jefa de Estado mandó al cura Juan Carlos Molina, el titular del Sedronar, a defender la política contra las adicciones y la decisión de sacar de esta órbita la pelea contra el narcotráfico, que quedó a cargo de Berni (nada más que de Berni, como quedó en claro el jueves tras el pálido y dubitativo paso de la ministra Cecilia Rodríguez por la Bicameral).
Berni asistió al Senado a defender el mega-operativo hecho en Rosario, en el que intervinieron las fuerzas nacionales y la Policía santafesina, para desbaratar dos de las más importantes bandas narcos de la ciudad. Pero se encontró con reclamos de toda índole, sobre todo por esa manía kirchnerista de ocultar y tergiversar estadísticas, en este caso los índices de criminalidad, a los que ni siquiera el Congreso puede acceder. Si se nos pide colaboración, le dijeron los dirigentes opositores, dennos primero la información.
Mención aparte, y para finalizar, merece Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, quien aunque es miembro de la Bicameral debutante no asistió a la misma -mandó un reemplazante- porque tenía compromisos de armado territorial en Chaco y Corrientes. Justo quien se subió al caballo de la lucha contra la inseguridad para ganar la determinante elección bonaerense del año pasado pegó el faltazo al ámbito idóneo para hacer propuestas y críticas. Cosas de la política argentina.