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El famoso dictum hegeliano de que la historia se repite, con el agregado de Karl Marx (en "El 18 brumario de Luis Bonaparte") de que primero se presenta como tragedia y luego se reitera como farsa, se confirmó días pasados con la puesta en escena oficial en el 40 aniversario del asesinato del padre Carlos Mugica.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) aprovechó la ocasión para rebatir allí un documento de la Iglesia sobre la "violencia" en la Argentina e intentó apropiarse de la memoria de Mugica, un cura peronista que en los '70 quedó en la línea de fuego entre Montoneros y la ultraderecha peronista, en especial la Alianza Anticomunista Argentina (la triple A) que encabezaba el ministro de Bienestar Social, José López Rega, y que se había formado a partir de una orden del Comando Superior del PJ por iniciativa del propio Juan Domingo Perón.
Difícilmente alguna vez se sepa con certeza si a Mugica lo mató la AAA o los Montoneros. Ambos lo amenazaron. La ultraderecha peronista desde la revista "El Caudillo" y los Montoneros, desde "Militancia". Pero no hay duda de que se trató del asesinato de un peronista a manos de otros peronistas.
La Presidenta no puede alegar desconocimiento. En el prólogo que escribió para la edición en español de "Las travesuras de Naricita y Perucho", cuentos infantiles del escritor brasileño José Monteiro Lobato, ella cuenta, como aspecto heroico de su vida, que en 1976, para intentar exorcizar el peligro, en su casa se forraban las tapas de libros de "(Rodolfo) Puiggrós, (Frantz) Fanon, (Rodolfo) Walsh o (John William) Cooke" con las de los cuentos de Perucho y Naricita y que su hermana Gisell tiró al pozo ciego "todos los ?Desca y las ?Militancia'".
"El Descamisado y Militancia eran dos semanarios obligados de aquella época", explica la Presidenta en esa introducción a cuentos infantiles, que cierra agradeciendo a personajes como Perucho y Naricita por haber contribuido a "alimentar mis sueños y forjar mis utopías".
Dirigida por Eduardo Luis Duhalde, quien décadas después fue secretario de Derechos Humanos (hasta su muerte en 2012) del gobierno de Cristina, Militancia publicó 40 días antes del asesinato de Mugica una virtual condena a muerte del cura villero en una sección llamada "Cárcel del Pueblo", que tenía cierta cualidad profética: quienes aparecían allí solían toparse luego con la metralla justiciera de la izquierda peronista.
Eso no prueba, claro está, que a Mugica lo haya matado Montoneros, pero tampoco es del todo convincente, como indican los expedientes judiciales, que lo haya hecho en persona el comisario Juan Carlos Almirón, jefe operativo de la triple A.
El principal testimonio en ese sentido se desdijo en sede judicial, como consigna "Operación Traviata", libro de Ceferino Reato sobre el asesinato de José Ignacio Rucci, el acto montonero que llenó de ira a Perón e impulsó la creación de la triple A.
Los intentos de apropiación y reescritura del pasado por parte del kirchnerismo no son nuevos. Más inquietante aún es su reedición.
El lunes, la Presidenta, con su inocultable soberbia, intentó "gastar" y desacreditar la pregunta de una periodista sobre las quejas que en su momento presentó el gobierno chileno por el trato argentino a Lan Chile con el objeto de beneficiar a Aerolíneas Argentinas. La propia Presidenta dijo que el tema está en la Justicia, reconociendo de hecho no sólo que el conflicto existió y existe sino que, a nivel político, no pudo resolverse.
Aunque en un contexto por fortuna diferente, el destrato presidencial se asemejó al que en febrero de 1974 el entonces presidente Perón dispensó a la periodista Ana Guzzeti, luego secuestrada y torturada, por atreverse a preguntar por el accionar de los grupos paraestatales de la derecha peronista (en suma, la triple A).
Luego del episodio presidencial, el ministro de Economía, Axel Kicillof, calificó de "antiargentina" a la periodista Natasha Niebieskikwiat, del diario Clarín y autora del flamante libro "Kelpers".
Mientras tanto, en Santiago del Estero, Juan Pablo Suárez, editor del sitio "Última Hora", fue acusado por un fiscal federal de "incitación a la violencia colectiva", cargo agravado por "la finalidad de aterrorizar a la población". El fiscal invocó la llamada "ley antiterrorista", sancionada a fines de 2011, semanas después de la reelección presidencial de CFK, por la mayoría kirchnerista en el Congreso.
La ley considera agravante de cualquier delito incluido en el Código Penal la intención de "obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", frase que, de tan genérica, es una invitación a la arbitrariedad y el unicato.
De hecho, la acusación contra Suárez, a quien podrían caberle penas de entre 6 y 12 años de prisión, fue porque durante las rebeliones policiales de diciembre pasado difundió un video de la detención violenta del policía Nelson Villagrán.
El extravío de Kicillof no se limita a tratar de "antiargentina" a una periodista por poner el dedo en una cuestión que involucra a su amigote Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas Argentinas.
También negó la inflación, palabra que considera "absurda" y en las últimas horas acusó al banquero Jorge Brito de impulsar una devaluación por hablar del tema. "Cuando un banquero dice que se viene una devaluación hay que ver si no está tratando de provocarla", dijo el ministro. Y algo de razón tiene.
Pero valgan dos recordatorios. El primero es que Brito fue, hasta no hace mucho, el principal aliado K entre los banqueros. El otro, que en una nota que firmó junto a Augusto Costa (actual secretario de Comercio Interior) y Cecilia Nahón (actual embajadora en EEUU), el propio Kicillof se burlaba hace unos años de aquellos para quienes "toda devaluación es producto de una conspiración abierta o encubierta, destinada a desestabilizar al gobierno de turno".
A falta de comprensión del fenómeno, decía con sarcasmo el trío de los hoy funcionarios, que algunos recurren a "las tranquilizadoras hipótesis de golpe de mercado", para encubrir las deficiencias de la política económica (¿alguna conexión con el presente?).
La Presidenta, intentando apropiarse del pasado; un fiscal federal acusando de terrorismo a un periodista y el ministro de Economía descalificando a una periodista y un banquero, tienen en común el tic oficial de poner siempre la culpa -de lo que sea- en otro lado. Sería mejor que se encargaran de sus tareas y asumieran sus responsabilidades.