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Si para solucionar los problemas estructurales del país como la inflación, el desempleo, la inseguridad o las cuestiones estratégicas de energía, transporte o educación, la presidenta Cristina Fernández hubiera puesto la misma tenacidad y dinero que usa para combatir a los medios y al periodismo crítico, la Argentina sería hoy muy diferente.
Es probable también que su base de sustentación política, a un año de la finalización de su mandato, sería mucho más amplia y la propia sociedad demandaría continuidad a su gobierno.
Lo anterior sería sólo un ejercicio de imaginación si no lo compartieran entre lamentos muchos funcionarios del oficialismo que acompañan a Cristina pero se callan por temor a las habituales sanciones que ella aplica a los díscolos.
Hay entre ellos gobernadores que tampoco dicen nada porque de lo contrario -aseguran en voz baja- "no podríamos pagar los sueldos y nos quedaríamos sin futuro político".
Es cierto que la guerra con los medios obedece a un muy pensado diseño de la confrontación con la que el kirchnerismo ha construido poder y alimenta su relato épico cada vez más lejano a los intereses reales de la gente, pero la obsesión presidencial supera largamente esa escala y se interna en delirios tales como "queremos noticias sin intermediarios", lo que significaría la desaparición de los periodistas. Nadie parece haber llegado tan lejos.
Conveniencias
La nueva embestida contra el Grupo Clarín, reflotada como herramienta de remplazo a la decreciente enemistad con los fondos buitre, tiene también otras lecturas.
Era sabido que cualquier diferencia que apareciera en el proceso de adecuación de ese multimedios a la ley audiovisual, derivaría en una nueva judicialización y es eso lo que ahora ocurrirá.
Especialistas neutrales y muchos de los que analizan con perspicacia el cuadro político actual, sostienen que lo que hizo el Gobierno con tanta vehemencia, planteando la adecuación de oficio, tiene por objetivo volver con el tema al ámbito de la Justicia.
El razonamiento es que a Cristina no le conviene que Clarín cumpla la ley, por dos razones: necesita seguir teniendo a ese Grupo de enemigo para señalarlo como culpable de todo lo que está mal en el país y, a la vez, no admitir el fracaso de la ley de medios que ya cumple 5 años.
¿Por qué fracaso? Entre otras cosas porque después de armar con millones de dólares del Estado una red de medios propios y de empresarios afines, que significa el 80 por ciento de todos los que hay en la Argentina, los productos periodísticos de Clarín, en gráfica, radio, televisión e Internet, registran niveles históricos de audiencias.
Es decir, son elegidos libre y masivamente cada día por sus respectivos públicos. Los medios oficialistas, en cambio, logran sobrevivir por ahora gracias a los aportes económicos del gobierno.
Que la guerra contra Clarín se traslade otra vez a la Justicia, con la lentitud que tienen esos pleitos, también permitirá a la Presidenta denunciar complicidades de jueces y fiscales.
A esto ya lo anticipó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hombre ya merecedor de un profundo estudio psiquiátrico. Al referirse a la adecuación forzosa de Clarín a la ley, habló de "poderes invisibles" de las corporaciones mediáticas y judiciales.
Ubicaciones
Para graficar por qué senderos transita hoy la relación entre Cristina y la Corte Suprema, vale relatar un episodio que ocurrió el martes pasado, cuando Cristina presentó en la Casa Rosada el nuevo Código Civil y Comercial.
Cuando llegaron las invitaciones oficiales a la Corte, su presidente, Ricardo Lorenzetti, hizo saber que si se trataba de un acto con público y militantes, no concurriría. En cambio, sí lo haría si la presentación tenía características académicas, aunque no pronunciaría ningún discurso.
También Lorenzetti, a través de las áreas de protocolo, expresó su deseo de no estar arriba de la tarima, al lado de la Presidenta, sino abajo con el resto de los juristas.
Llegado el día, a la responsable de Prensa de la Corte, María Bourdín, se la vio acalorada diciendo al secretario de Justicia, Julián Álvarez, que Lorenzetti no entraría al Salón Blanco.
Un cartelito con su nombre estaba sobre una silla, entre los gobernadores y al lado del vicepresidente Amado Boudou. "Si ése es el lugar asignado, Lorenzetti no entra", repetía Bourdín. Sobre la hora, se sentó con sus colegas Elena Highton y Raúl Zaffaroni.
Dicen en Tribunales que Lorenzetti confió a un secretario que se anticipó: "No quería un escrache perverso como hicieron con el ex titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y menos aparecer al lado de Boudou".
Carlos Sacchetto [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires