El kirchnerismo ha vuelto a creer en un presente eterno para sí. Esta es la premisa principal que llevó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a elevar una batería de proyectos al Congreso para modificar casi completamente el funcionamiento del Poder Judicial.
La avanzada de Cristina contra el tercer poder del Estado estaba cantada desde el año pasado, cuando dicho poder tomó participación y arruinó los festejos oficialistas del 7D, día en el que se esperaba que expirara la cautelar que protege al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de señales de radio y televisión para adaptarse a la Ley de Medios.
El plan que llegó al Congreso, que cuenta con seis proyectos de ley, es una respuesta punto por punto a los obstáculos que el Gobierno encontró en el desarrollo de su pelea con el Grupo Clarín.
La clave de la afirmación que abre este artículo se encuentra en la modificación del Consejo de la Magistratura, el órgano que dirige políticamente el Poder Judicial y se encarga de la selección y remoción de los jueces federales.
Este organismo quedó envuelto también en la pelea judicial del Gobierno con Clarín cuando cinco consejeros claramente no kirchneristas se negaron a convalidar un concurso en el cual se buscaba nombrar al juez titular del juzgado natural de la causa.
El proyecto que mandó Cristina Kirchner al Congreso dice en su mensaje de elevación que se busca, entre otras metas, "fijar mecanismos ágiles de toma de decisiones que dificulten la parálisis del organismo".
Por eso es que la Presidenta anunció el lunes no sólo la ampliación del número de integrantes del Consejo y la selección por voto popular sino también la reducción de las mayorías necesarias para echar o seleccionar un juez. Hasta ahora, se necesita de dos tercios de los integrantes y en el proyecto se pasa a la mitad más uno del total de miembros (llamada mayoría absoluta), lo que le permitirá al kirchnerismo controlar a su gusto el destino de los jueces de todo el país, ya que aún si no se elevara el número de integrantes de 13 a 19, hoy tiene los votos cautivos de 8 de los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura que si no pueden hacer lo que les dicta la Casa Rosada es porque hay 5 que impiden la conformación de dos tercios.
Pero el proyecto de ley, corregido el miércoles en un plenario de comisiones del Senado, prevé que la elección de los 12 consejeros que representan a los académicos (6), abogados (3) y jueces (3) se hará en las elecciones en las que se elija Presidente de la Nación y deberán pasar por las primarias (PASO).
Lo concreto es que el partido que gane las presidenciales tendrá 4 académicos, 2 abogados y 2 magistrados (porque se distribuyen según mayoría y minoría, como las bancas del Senado) asegurados en el Consejo de la Magistratura y además tendrá 2 senadores, 2 diputados y el representante del Ejecutivo. Un total de 13 sobre 19 asientos, un número superior a los dos tercios.
Sin embargo, como por única vez este año se elegirán los consejeros en una elección legislativa y quienes entren se sumarán a los 13 que ya están, por un tiempo habrá 25 miembros en la Magistratura y el oficialismo no quiere correr riesgos de continuar con el órgano bloqueado otros dos años.
Estos cálculos -que la oposición llama maquiavélicos- no prevén el escenario de que una fuerza opositora gane las elecciones en 2015, lo que le daría a ésta el control del futuro Consejo de la Magistratura por cuatro años (si no hay corte de boleta).
En este contexto, la flexibilización de las mayorías exigidas para la toma de decisiones será un bumerán para el kirchnerismo, que pasando a ser oposición seguramente reclamará los dos tercios necesarios para echar o nombrar un magistrado (algo que la Presidenta había defendido en 2005 cuando redactó el proyecto que achicó de 20 a 13 la cantidad de miembros). En esta eventual situación, ¿quién defenderá a los funcionarios K cuando ya no gobiernen?
Como toda iniciativa K arriesgada, ésta también trae consigo un eslogan para que la militancia pueda repetir hasta el cansancio. En este caso es la democratización del Consejo de la Magistratura a través del voto popular en las PASO de los consejeros no políticos.
Esto implica que habrá jueces (y también abogados y académicos) al final de las boletas de presidente y de legisladores nacionales aunque no se les exigirá a éstos afiliación partidaria con el partido que los postule.
La Presidenta dijo que se los lleva en una lista de una fuerza política para desarrollar un cargo político -en el Consejo, que es el órgano político del Poder Judicial- y no para que los jueces fallen de una u otra manera.
Esta casi imposible abstracción entre una y otra función salta por los aires cuando la diputada Diana Conti dice que en las democracias modernas el oficialismo controla los tres poderes y cuando un senador también K sostiene que los consejeros de los abogados y jueces que hoy frenan los planes oficialistas en el Consejo de la Magistratura son de la oposición, "responden a la UCR y al Pro, por lo que hay que sincerar el funcionamiento político del Consejo".
¿Qué es mejor que voten 25.000 abogados, 40 rectores de las universidades y 800 magistrados o que sus representantes los voten 20 millones de argentinos?, acicatean los oficialistas.
Hay aquí dos modelos de Justicia en pugna, que no tienen que ver exactamente con esa parte del relato K que dice Justicia corporativa versus Justicia legítima (transparente, elegida por la gente).
Por un lado está la concepción de la Justicia del kirchnerismo, que tan bien sincera Conti y que el proyecto explicita con la toma del control político del Consejo de la Magistratura para echar los jueces que se opongan a sus designios y nombrar otros.
Por el otro, la concepción de la Justicia como un poder contra-mayoritario, que defiende al ciudadano más débil no sólo del poder económico sino también del poder del Estado.
El kirchnerismo rechaza desde su discurso esta idea de Justicia contra-mayoritaria abrazando la del voto popular para llevar adelante cualquier misión y eliminar los obstáculos que se le aparecen en el camino.
Para ello, hace un acto de fe ciega en una verdad inventada: que el Estado es un actor débil (aún luego de 30 años de democracia) y que los verdaderos poderes están afuera, en la economía concentrada.
En esta pulsión entre corporaciones y Estado, el oficialismo pierde entonces de vista al ciudadano de a pie que todos los días ve violado sus derechos. La limitación de las cautelares contra el Estado hará casi imposible a un ciudadano ir contra algún estamento del Gobierno, no sólo por las trabas procesales que establece la reforma judicial K, también porque de ahora en más habrá un nuevo modelo de Justicia, donde los jueces deberán acomodar sus fallos -por temor al castigo- cada cuatro años, cuando algún partido gane las elecciones y se quede con el control del Consejo de la Magistratura.
"Hacete amigo del juez", recomendaba el Viejo Vizcacha, consejo que se les podría sugerir ahora a los jueces para que se hagan amigo del gobernante de turno y salven su pellejo. ¿Y la Justicia? Bien, gracias.
