En el diario
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Los Andes
del sábado pasado se instala nuevamente la discusión sobre el acierto o no del gobierno provincial de haber apoyado la propuesta y facilitado los recursos para la adquisición de una bodega por parte de los contratistas de viña.
Para no caer en una discusión ideológica estéril de si el Estado debe intervenir en la economía, propongo ordenar el análisis en forma tal que, partiendo de un principio rector de cuál debería ser el rol del Estado en la vitivinicultura actual, podamos evaluar puntualmente el caso que nos ocupa.
A mi entender existe un consenso generalizado acerca de que el sector necesita de un Estado activo con capacidad de definir e implementar política públicas coherentes a través de instituciones fuertes, transparentes y eficientes que contribuyan al crecimiento socioeconómico de la provincia, a suplir las falencias del mercado cuando se generan externalidades, y/o a complementarlo cuando los resultados del mercado no satisfagan los objetivos de equidad compatibles con una vitivinicultura sustentable.
Por lo que ha trascendido, estamos frente a una cooperativa, Cootraavi, como una de las tantas que ya operan en el sector, que está dispuesta a asumir el riesgo empresario y que el Estado ha decidido apoyar con un crédito a tasa cero.
En consecuencia no se trata de una empresa estatal, tal como la bodega Giol, que conocimos en épocas pasadas y sobre la cual hice una evaluación crítica negativa desideologizada en una nota anterior.
Encuadra dentro de los objetivos del Pevi/Coviar, que prioriza la integración vertical de los productores no integrados al resto de la cadena de valor. En lo personal, opino que lo que realmente importa de esta nueva experiencia integradora es que un número importante de contratistas tengan la oportunidad de dejar de vender un producto perecedero en un plazo perentorio y transformarlo en vino, disponiendo así de mayores oportunidades de comercialización, tanto en el mercado de traslado como en el resto de la cadena comercial, incluyendo por ejemplo su embotellado o la venta a granel en el mercado externo.
Es aquí donde pienso que, entre otras alternativas, el gobierno provincial podría evaluar la conveniencia de financiar con tasas promocionadas a aquellas bodegas integradas y/o elaboradoras de mosto concentrado que compren preferentemente en el mercado de traslado los vinos y/o mostos sulfitados elaborados por los contratistas y también por los pequeños viñateros excluidos del circuito comercial. A tal efecto habría que ampliar el alcance del préstamo BID.
Finalmente, y volviendo al caso de la bodega de los contratistas, se podría cuestionar el hecho de que el inmueble se compró con un préstamo a tasa cero, pero es en este punto donde considero que está dentro de las atribuciones del Estado complementar el rol del mercado cuando éste no garantiza la inclusión social, pilar fundamental para el logro de una vitivinicultura social, económica y políticamente sustentable.
Si realmente este es el meollo de la discusión, deberíamos preguntarnos con total honestidad y desprovistos de cualquier tipo de prejuicio ideológico, por qué no cuestionamos los créditos subsidiados a tasa cero del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza otorgados a pequeños y medianos viñateros para la colocación de tela antigranizo.
Si estamos de acuerdo en lo anterior, solo nos queda observar atentamente el futuro desempeño de esta nueva empresa, comprender y capitalizar los errores del pasado y confiar en la palabra del ministro Marcelo Barg cuando expresa: “Nunca nadie desde el gobierno habló de una bodega del Estado”.