Sabemos todos que no atraviesa por un buen momento la credibilidad de las estadísticas oficiales gracias a las manipulaciones que realiza el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en los indicadores que elabora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Lamentablemente, los números que se publican en el ámbito oficial de nuestra provincia -concretamente en lo referido a la evolución de los precios al consumidor- también están bajo sospecha desde que en 2007, durante la gobernación de Julio Cobos, el Indec comenzaba a interferir en las mediciones. La historia es conocida: al poco tiempo de asumir, Celso Jaque decidió abandonar la medición de precios que se realizaba y prometió reformular el indicador.
Así fue como en febrero de 2011 comenzó nuevamente la provincia a medir sus precios. El flamante Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo corta vida. En febrero de 2012 se publicó por última vez y en mayo el gobernador Francisco Pérez ordenó dejar de elaborarlo. Así fue cómo el Presupuesto 2013 fue confeccionado en base a una pauta del 10% de inflación para todo el año, según la proyección que da el Indec en función de los datos aportados por la provincia de Buenos Aires y por el que se guían todas las provincias que no mantienen sus mediciones locales.
Desde el gobierno argumentaron la decisión alegando que era poco operativo el indicador debido a que no se utilizaba para actualizar contratos ni para las discusiones paritarias. Pero este año la administración Pérez, si hubiera tenido un indicador sobre la evolución de los precios creíble, se habría ahorrado el disgusto que le hicieron pasar los docentes. Recordemos que luego de acordar un aumento en sus sueldos del 25%, los maestros quisieron más incrementos cuando se enteraron que los trabajadores de la salud obtuvieron un porcentaje mayor de suba salarial.
Al no haber un número creíble y confiable, los gremios se guían por las consultoras o por los porcentajes que creen convenientes. El gobierno, al no tener ningún número preciso para contrarrestar de actualización de precios, sólo se defiende apelando a la falta de fondos.
Más allá de los problemas operativos, tener el propio IPC indicaba cierta autonomía que diferenciaba a Mendoza del Gobierno nacional y de los manejos del Indec. El valor simbólico del indicador cotiza alto por estos días, por más que su uso, como manifestó el gobierno, fuera poco. Cuesta creer igual que durante años se publicara la evolución de los precios y que no tuviera sentido hacerlo. San Luis, esa provincia que denostamos por su escasa institucionalidad, tiene su propio IPC.
Con este escenario, desde el Ministerio de Agroindustria afirman que en marzo de 2013 se tendrán los resultados de la encuesta de gastos en los hogares. En función de esos datos se elaborará una canasta en la que se reflejarán los montos que las familias destinan para salud, educación y alimentos, entre otras cosas. Está pensado que para 2014 se le sume el seguimiento de los precios para poder así volver a tener un indicador que mida su evolución para remplazar el cuestionado IPC actual.
Tanto en el Ministerio de Agroindustria como en la DEIE se entusiasman porque tienen avanzadas negociaciones para realizar la encuesta agropecuaria con formularios que reflejen las realidades que atraviesan las economías regionales. Sucede que esa encuesta hoy se realiza pero no toma diferentes producciones provinciales. También quieren publicar el índice de desarrollo municipal, un sistema que se comenzó a elaborar hace 15 años y se abandonó. Pero aquí otra vez la política mete la cola. Si bien los municipios tienen información que no está sistematizada, a muchos caciques no les interesa demasiado la idea de que sus números se comparen con los de otros departamentos e impiden que todos los ciudadanos puedan tener una "foto" del departamento que dirigen.
Pero lo que desvela a los funcionarios, técnicos y economistas que no forman parte del gobierno, es la instrumentación de la matriz insumo producto, debido a que con esa herramienta se puede saber cómo se vinculan los sectores productivos, qué impacto producen en la economía provincial, qué inversión atraen, qué valor agregado producen y cuánto empleo generan, entre otros datos. En definitiva, es una herramienta poderosa para definir políticas públicas y que también aportará información relevante al sector privado.
Las iniciativas son auspiciosas pero los funcionarios no deben olvidar que están comenzando a transitar el segundo año de la gestión Pérez, por lo que sería bueno que los avances que hayan decidido dar a nivel de estadísticas oficiales, sean más rápidos. Tanto en el Ministerio de Agroindustria como en la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), admiten que los problemas sobre la credibilidad de los números que se publican referidos a los precios los ha alcanzado. Por eso han definido un plan para revertir la situación que consiste en capacitar al personal, optimizar las bases de datos que poseen y mantener la autonomía.
El año que empieza será clave entonces porque prometen dos indicadores importantes: la encuesta de gastos y la matriz insumo producto. Pero saben que la tarea no se agota ahí, mientras la DEIE siga publicando que la pobreza en Mendoza es del 2% -para las consultoras privadas llega al 25%- y que en todo 2013 habrá 10% de aumento de precios. La falta de credibilidad amenaza con devorarse cualquier informe que produzcan, por más que sea rigurosamente elaborado.
