La cantante santiagueña deberá presentarse ante la Justicia, luego de que la fiscalía federal agravara la imputación por presunto contrabando simulado.
La cantante santiagueña podría ir a juicio oral por cinco causas distintas.
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web El caso de Valentina Olguín, la influencer santiagueña acusada de utilizar los CUIT de cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el exterior, dio un giro judicial en las últimas horas. El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, resolvió agravar la acusación y recalificar los hechos como “contrabando simulado en concurso real”, una figura que contempla penas más severas.
De acuerdo con fuentes judiciales, Olguín deberá comparecer ante la Justicia el 4 de noviembre junto a su defensa, para responder a los nuevos cargos.
La causa se inició el 28 de octubre de 2024, tras la denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien advirtió que su número de CUIT había sido utilizado sin autorización para efectuar compras en el exterior, principalmente en la tienda estadounidense Revolve, especializada en moda de lujo.
Durante la investigación, la fiscalía detectó que la joven habría empleado también los datos fiscales de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). En total, se registraron 16 operaciones sospechosas entre septiembre y octubre del año pasado, presuntamente concretadas bajo ese mecanismo.
El 12 de diciembre de 2024, efectivos del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal allanaron la vivienda de Olguín, donde secuestraron U$S 16.646 en efectivo, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil y varias prendas de la marca antes nombrada, elementos considerados clave para la investigación.
Si bien la defensa de la influencer de 27 años había solicitado una probation (suspensión del juicio a prueba), el fiscal rechazó el pedido, al considerar que la gravedad de los hechos y el número de damnificados impiden acceder a ese beneficio.
De mantenerse esa posición, el expediente podría avanzar hacia un juicio oral que unifique los delitos cometidos en las cinco jurisdicciones afectadas.
La defensa de la santiagueña había solicitado una "probation", es decir, la suspensión del juicio a prueba, proponiendo realizar tareas comunitarias en Tucumán y ofrecer disculpas públicas al gobernador Jaldo. Sin embargo, el fiscal Chit desestimó esta solicitud, considerando la gravedad de los hechos y la multiplicidad de delitos involucrados.
De este modo, la causa podría avanzar hacia el juicio oral. El agravamiento de la imputación bajo la figura de "contrabando por simulación en concurso real" implica que cada hecho será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas.