Valentina Olguín está sospechada de comprar prendas del exterior y revenderlas en su departamento en Buenos Aires. Así era su mecanismo.
Valentina Olguín es investigada por usar datos personales de varios gobernadores argentinos.
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Web La influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín, de 26 años, está acusada de usar el CUIT fiscal de al menos cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde el extranjero y es investigada por la Justicia Federal de Tucumán, según trascendió el pasado miércoles por la tarde.
El caso salió a la luz cuando el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió un correo electrónico sobre una compra internacional que no había realizado, a fines de 2024. Ante esta situación, presentó una denuncia que dio comienzo a la investigación a cargo del fiscal Agustín Chit.
Lo curioso fue que a los pocos días se sumaron más gobernadores como víctimas del mismo delito. Se trataba de Axel Kicillof, de Buenos Aires; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Claudio Poggi, de San Luis.
Los investigadores de la Justicia Federal de Tucumán llegaron a Valentina Olguín. La santiagueña primero se justificó asegurando que había superado su propio cupo de compras al exterior y que obtenía la información fiscal de Internet.
Sin embargo, el fiscal Chuit considera que existen pruebas suficientes para determinar que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar, por lo que quedó imputada por el delito de contrabando simulado.
De acuerdo a la investigación, Olguín utilizó los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores para realizar compras vía Courier, un sistema de importación menos estricto en controles. De esa manera logró sortear el cupo personal impuesto por Aduana de cinco compras anuales de hasta 5 mil dólares.
Los investigadores indicaron que con los datos fiscales la artista compraba ropa de alta gama para revenderlos en una tienda online, muy popular por sus productos exclusivos y precios accesibles. Las operaciones se realizaban desde su domicilio, en Buenos Aires, sin contar con un local comercial habilitado. A través de Internet, vendía las prendas a Córdoba, Santiago del Estero y otros puntos del país.
La causa está en manos del juez federal tucumano, José Manuel Díaz Vélez, aunque no se descarta que pase a la Justicia Federal bonaerense tras la denuncia de Axel Kicillof.