La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió este viernes archivar de forma definitiva la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresiones sexuales y trata.
El Ministerio Público determinó que los tribunales de España no tienen jurisdicción para tratar las denuncias de trata y abusos presentadas por dos exempleadas.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió este viernes archivar de forma definitiva la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresiones sexuales y trata.
La resolución judicial alega una "falta de jurisdicción" por parte de los tribunales españoles, argumentando que los hechos denunciados no guardan un vínculo territorial o personal suficiente con el país para proceder con la investigación.
La denuncia fue interpuesta el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras del artista (una empleada doméstica y una fisioterapeuta), quienes aseguran haber sido víctimas de tocamientos, insultos y humillaciones durante el año 2021.
Según el relato de las denunciantes —identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad—, los incidentes ocurrieron en las residencias de Iglesias en la República Dominicana y las Bahamas.
La Fiscalía fundamentó su decisión en que Julio Iglesias, de 82 años, "ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida", a pesar de poseer bienes inmobiliarios en la península.
Asimismo, el Ministerio Público recordó que, para investigar delitos de trata cometidos fuera de sus fronteras, es requisito que las víctimas sean nacionales o residentes en España, condición que las denunciantes no cumplen al ser extranjeras.
El proceso se hizo público tras una investigación periodística de tres años realizada por elDiario.es y Univisión. Ante las acusaciones, el cantante utilizó sus redes sociales para negar categóricamente los cargos, calificándolos de "falsedades" y asegurando que nunca ha faltado el respeto a ninguna mujer.
Su abogado, José Antonio Choclán, había solicitado previamente el archivo de las diligencias basándose precisamente en la falta de competencia judicial.
En su resolución, que no es recurrible, la Fiscalía explicó a las denunciantes que la vía adecuada es reproducir su denuncia ante los órganos judiciales de los países donde ocurrieron los hechos, los cuales tienen una "competencia clara y efectiva" para ello.
La organización Women’s Link Worldwide, que representa legalmente a las dos mujeres, calificó la decisión como "lamentable". La ONG sostiene que la justicia española pierde una oportunidad para aplicar el principio de extraterritorialidad contemplado en convenios internacionales, como los de Varsovia e Estambul, que obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es un nacional del país, independientemente de dónde ocurran los hechos.
A pesar del archivo en España, la organización anunció que las víctimas continuarán buscando justicia a través de otras vías legales.