El Gobierno español aprobó hoy una reforma legal para permitir la exhumación de los restos de Francisco Franco del polémico Valle de los Caídos y su traslado a otro lugar "digno y respetuoso" que en principio podrá decidir la familia del dictador.
Foto:
El Gobierno español aprobó hoy una reforma legal para permitir la exhumación de los restos de Francisco Franco del polémico Valle de los Caídos y su traslado a otro lugar "digno y respetuoso" que en principio podrá decidir la familia del dictador.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó hoy tras la reunión del Gabinete que la exhumación del cadáver de Franco, que gobernó España entre 1939 y 1975, se hará mediante una modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, con la previsión de que todo el proceso haya terminado "a final de año".
Coronado por una inmensa cruz de 150 metros, el monumental mausoleo de Francisco Franco continúa generando división en España cuando, cuarenta años después de la muerte del exdictador, el gobierno socialista se prepara para exhumar sus restos.
Inaugurado en 1959, el Valle de los Caídos está situado en una cadena montañosa a 50 kilómetros de Madrid.
Compuesto por una basílica de 262 metros de largo horadada en la roca y una abadía benedictina, el complejo está coronado por una cruz de 150 metros de altura y unas 200.000 toneladas de peso.
Debajo de la basílica, cuyos muros están decorados con amenazantes estatuas de arcángeles y escenas inspiradas por el Apocalipsis bíblico, se hallan las tumbas siempre cubiertas de flores de Francisco Franco, muerto en 1975 tras 36 años de poder, y de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista de la Falange.
Franco, vencedor de la sangrienta guerra civil española (1936-1939) tras protagonizar un levantamiento militar contra el gobierno republicano, ordenó la construcción de este complejo en 1940 con la intención de convertirlo en un lugar de "reconciliación" de todos los españoles.
Para ello, enterró en la cripta los restos de alrededor de 37.000 víctimas de la guerra civil, "caídos por Dios y por España", una parte procedentes del campo republicano trasladados desde fosas comunes sin el consentimiento de sus familiares.
Ahora que el gobierno español de Pedro Sánchez quiere retirar los restos del dictador, surge la incógnita de qué hacer con este monumental vestigio que, en las últimas semanas, ha experimentado un aumento de visitas.
El jefe del gobierno y su partido socialista quieren convertirlo en un lugar de "reconciliación" y de "memoria", inspirándose en lo que hizo Alemania con los campos de concentración y exterminio nazis.
Una ley de 2007, aprobada bajo el mandato del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, prohibió las manifestaciones políticas en el Valle de los Caídos, donde cada 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, se citaban grupos de extrema derecha para una misa en su honor.
Una comisión de expertos designada por el gobierno socialista recomendó en 2011 efectuar una "resignificación" del lugar.
Su informe proponía añadir al complejo una exposición permanente sobre la historia de lugar, las víctimas enterradas allí y los 20.000 presos políticos que participaron en su construcción.
Pero ese mismo año, Rodríguez Zapatero perdió el poder y su sucesor conservador Mariano Rajoy optó por aparcar la cuestión.
Para su Partido Popular, formación heredera de Alianza Popular fundada por exministros franquistas, atacar los vestigios de la dictadura reabre las heridas de un pasado que dicen que es mejor olvidar.
Así, el complejo se ha mantenido intacto, sin ningún panel explicativo.