Es una cuestión delicada para cualquier ciudadano, y más aún para un periodista, tomar posición cuando los conflictos están en plena ebullición y tocan áreas sensibles que hacen a la salud de la democracia y de las instituciones republicanas, es decir, cuando se trata de cosas serias. Pero no tomar posición, por el motivo que sea, puede ser también muy delicado. En esta ocasión quiero dejar en claro que parece riesgosa la forma que están tomando los reclamos de las fuerzas de seguridad por mejoras salariales y laborales, aunque sea justa la pretensión de cualquier trabajador de peticionar por mejores condiciones de trabajo.
La protesta de prefectos, gendarmes y algunos sectores de las Fuerzas Armadas marca un momento complicado para un Gobierno que se encontró primero -hace tres semanas- con el malestar de la gente que salió masivamente a protestar y ahora debe ver qué hacer con los gérmenes de sindicalización de instituciones que, por su propia constitución, deben subordinarse al Ejecutivo nacional, que es quien les otorga el monopolio de la fuerza pública.
Un país que se desarrolla entre constantes tensiones sectoriales no parece ser el más adecuado para el ensayo de que sus fuerzas de seguridad experimenten un proceso de sindicalización. Sobre todo, porque el sindicalismo argentino tiene muchas veces una lógica corporativa.
El clima de reclamos no parece que vaya a amainar si tenemos en cuenta la serie de movilizaciones que preparan las centrales obreras no oficialistas, la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli.
El kirchnerismo, que ha sabido revertir situaciones difíciles, debe estar tomando apunte de todo esto. Es poco probable que pueda hacer un buen diagnóstico si intenta explicar todo con la lógica de la guerra con los medios de comunicación "hegemónicos", que para el ultracristinismo son el Eje del Mal, porque esta lógica no acepta el hecho de que el Gobierno -que lleva 9 años y medio en el poder- puede haber cometido errores en temas estructurales.
Veamos. No es la primera vez que la seguridad pone en apuros a la Casa Rosada. Ya sucedió con la toma del Parque Indoamericano, en el sur de la Capital Federal, en diciembre de 2010. En aquella oportunidad la Presidenta Cristina Fernández decidió crear el Ministerio de Seguridad y poner al frente a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, quien es hoy la funcionaria más erosionada por el reclamo salarial de los uniformados y sus intentos de sindicalización.
Pero hay que hacer algunas distinciones. Esta vez no se trata de una ola de crímenes ni del accionar muchas veces ilegal de los uniformados en el combate del delito lo que golpea al Gobierno. Esta protesta de los efectivos de seguridad, que debería haber finalizado cuando se anunció que los descuentos quedaban anulados pero que en cambio está en pleno desarrollo, desnuda que la política de seguridad del kirchnerismo tiene problemas de fondo regados por errores garrafales en la aplicación de los distintos planes.
El decreto que dio origen a los descuentos de entre el 40 y el 70% en los salarios de prefectos y gendarmes sólo puede leerse de una sola manera: como un acto de torpeza absoluta cometido por el propio Gobierno nacional. Ningún funcionario -y mucho menos Garré- puede haber desconocido el malestar de las capas inferiores de la Gendarmería y de la Prefectura por sus bajos salarios y el enojo de éstas por el hecho de que desde principios de 2011 están abocadas a prevenir y combatir el delito en algunos barrios de la Capital y en zonas urbanas del Gran Buenos Aires, tareas para las que no están capacitadas (para ello están formadas las policías provinciales y la Federal).
Fuentes confiables aseguran que varios especialistas advirtieron al Gobierno de que el decreto firmado en agosto por Cristina, Garré y Juan Manuel Abal Medina, no solucionaría el problema de los adicionales en negro, que distorsionan completamente las jerarquías (un subordinado puede ganar más que su superior) y generan asimetrías entre personal del mismo rango. Pero la aplicación del decreto, que buscó blanquear los salarios de los uniformados, sólo echó más leña al fuego ya que redujo brutalmente los haberes de los mismos.
Así, el Gobierno nacional se encuentra con que un desaguisado en la liquidación de los haberes de las fuerzas de seguridad termina generando un quiebre en la cadena de mandos que, además de erosionar la autoridad del poder político -desde la Presidenta hacia abajo- da piedra libre para que los fantasmas por los viejos temores del pasado reciente se reaviven.
Fue una cadena de errores -acción y omisión- del propio Ejecutivo lo que disparó esta situación delicada. Se trata de fallas administrativas, es cierto, pero que conviven con el constante cambio de planes en un área tan compleja como la seguridad ciudadana.
¿En qué se sustenta esta última afirmación? En el hecho de que el Gobierno nacional no tuvo la decisión política de transformar y depurar las policías provinciales y la Federal para volverlas fuerzas más modernas y democráticas, más allá de los descabezamiento de las cúpulas. En lugar de hacer esto creó un Ministerio y recargó de funciones a prefectos y gendarmes, sólo por el hecho de que la población les tiene más confianza que a las policías Bonaerense y Federal, tan asociadas en la consideración popular a la corrupción.
Para decirlo de un modo más claro: el kirchnerismo, a nivel nacional, desaprovechó la oportunidad en todos estos años de generar una política de Estado en materia de seguridad, que defina claramente cuáles son los ejes y que permita al mismo tiempo una profunda transformación de las fuerzas que han sido creadas para prevenir y combatir la delincuencia.
Es este gran déficit lo que devela esta protesta de los gendarmes y prefectos en distintos puntos del país quienes, por más que no estén perpetrando un golpe de Estado, están rompiendo con la lógica de la democracia, como bien lo consensuaron todos los partidos políticos el miércoles en la Cámara de Diputados cuando emitieron una resolución muy oportuna.
Volviendo al mal diagnóstico que está haciendo el oficialismo de los distintos reclamos sociales, es dable pensar que en esto se inscribe también la maniobra que hizo ayer el Frente para la Victoria en el Congreso cuando usó su mayoría para desplazar al titular de la Auditoría General de la Nación, el radical Leandro Despouy. El kirchnerismo le avisó en una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que su mandato había finalizado hace dos años y medio y pidió a la oposición que designara a otra persona al frente de la AGN (que no puede ser comandada por el partido del Gobierno porque su rol es auditar el cumplimiento de todas las políticas públicas y los gastos que ellas implican).
La movida sólo consiguió tensionar la relación con las otras fuerzas políticas, las mismas que un día antes habían firmado el documento de la Cámara baja solicitando a los uniformados que se subordinen al orden democrático. Es difícil imaginarse por qué el kirchnerismo jugó esta carta ayer (podría haberlo hecho en febrero, cuando desde la propia UCR se buscó remplazar a Despouy), pero es una muestra más de que el plan maestro del "vamos por todo" debería tener a alguien que piense más fríamente en los tiempos.
