La sucesión de acontecimientos con directa incidencia en la actualidad política, ha adquirido en el país una dinámica impensada. Situaciones similares generalmente se producen en vísperas de elecciones, cuando se disputa minuto a minuto la atención de los ciudadanos y cada fuerza procura no ceder la iniciativa. Pero hay dos fenómenos que sin embargo hacen diferentes a ambos momentos: uno es que falta más de un año para los próximos comicios, y el otro es que la iniciativa detrás de los hechos que suceden está, en forma voluntaria o por errores propios, en manos casi exclusivas del Gobierno nacional.
Han pasado sólo semanas y episodios tales como la movilización de protesta del 13 de setiembre o las discutidas incursiones de la Presidenta Cristina Fernández en dos universidades norteamericanas, parecen ya lejanas en el tiempo. El Gobierno maneja, y muy bien, el recurso de tapar los efectos de un hecho con otro hecho nuevo. Cae sin embargo en la confusión de creer que la realidad puede ser argumentada y libretada a su gusto, y que la percepción de cada uno de aquellos hechos no tienen un poder residual acumulativo en la sociedad.
Repasemos algunos ejemplos de la semana que pasó. El conflicto desatado en la Gendarmería y la Prefectura como consecuencia de un decreto disponiendo una equivocada reestructuración salarial, fue enfrentado por el oficialismo con la agitación de los fantasmas de un golpe de Estado. Supuestamente esa acción estuvo organizada por los responsables de todos los males argentinos, esto es, la prensa independiente.
Lo que en realidad desnudó ese conflicto -además de la ineficiencia de la gestión- es la miseria de las remuneraciones de esos efectivos y sus deplorables condiciones de trabajo. Si después de nueve años de crecimiento económico, un gobierno que se proclama progresista y abruma con cifras de redistribución de la riqueza, paga a sus gendarmes sueldos de 2.600 pesos con un alto porcentaje en negro, algo no está funcionando bien entre lo que se dice y lo que se hace.
Ese concepto también es aplicable al intento de manipular la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura y de despreciar la institucionalidad destituyendo de hecho al presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. Casualmente ese organismo ha producido informes amplios y certeros sobre las responsabilidades del Estado en casos de corrupción, como la tragedia ferroviaria de Once, la compra de combustibles por parte de Enarsa, el desvío de 24 millones de pesos por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, etc.
También la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace apareció en el caso que tensionó el jueves a toda la sociedad democrática. El presunto secuestro de Alfonso Severo, quien debía declarar como testigo en el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, concluyó con su aparición con vida, pero dejó dudas al por mayor. Hasta fuentes políticas cercanas al Gobierno admitieron como posibilidad que el episodio haya contribuido a una operación de inteligencia y propaganda.
La inevitable pregunta sobre cuáles serían los fines de esa acción fue respondida con el argumento aquel de advertir, con un hecho grave como sería hoy el secuestro de un testigo, que la democracia corre peligro en el país. Por cierto, todo bajo la responsabilidad de lo que el Gobierno identifica como su principal enemigo: el periodismo crítico.
A trabajar
La estrategia comunicacional del cristinismo enfrenta hoy dos grandes desafíos. Por un lado, convencer a la sociedad que la Presidenta es una víctima del odio de sus enemigos, que en realidad son todos los que piensan diferente. El otro desafío importante es imaginar un nuevo relato para después del 7 de diciembre, fecha elegida por el Gobierno para que se defina lo que en sus despachos se menciona como "la madre de todas las batallas". Ese día vencerá la cautelar que mantiene como inaplicable el artículo 161 de la ley de medios, que obliga a la desinversión y que fue presentada por el Grupo Clarín hasta tanto la propia Justicia resuelva la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no de la norma.
De cumplirse el objetivo del cristinismo, ese día y para el Gobierno, se terminarían los problemas más importantes del país, que no son como muchos creen la inflación, ni la inseguridad, ni la pobreza, ni la corrupción, ni el cepo cambiario, ni ningún otro tan relevante como las voces críticas. Desaparecido ese terrible enemigo, habrá que buscar otro e inventar un nuevo relato.
