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Que los episodios de saqueo y violencia sucedidos los últimos días en distintos lugares del país hayan sido protagonizados sólo por ladrones y no por gente con hambre, como afirma el Gobierno nacional, puede ser un hecho a demostrar, que requiere de pruebas fehacientes. Las policías locales tenían versiones previas, poseen imágenes filmadas, conocen a los vecinos, hablan con informantes. Pueden entonces esclarecer el punto y es deseable que lo hagan.
También los funcionarios representados por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, deberán comprobar y no sólo denunciar, que esos hechos responden a una planificación organizada por la dirigencia sindical opositora que hoy encabeza el camionero Hugo Moyano. Basándose en un informe preliminar de la Secretaría de Inteligencia, el Gobierno descubrió que un par de personas involucradas en los ataques estarían vinculadas a sindicatos del sector moyanista. Fue suficiente para encontrar culpables y apuntar al foco de oposición más temido por el oficialismo, generando una nueva batalla de agresiones verbales.
Las causas
Con más certezas que dudas, en cambio, desde el análisis político se pueden abordar aquellos episodios como un síntoma -por ahora sólo eso-, de la densidad que muestra el clima social que se vive en determinadas zonas del país. Nada es nuevo ni sorprende, salvo que se tenga como única referencia los discursos oficiales.
Los informes de especialistas serios que miden con termómetros confiables el comportamiento de las variables, señalan hace tiempo que la mayoría de las economías regionales tienen serias dificultades. Eso genera ya en algunos casos desocupación, y en otros la incertidumbre por el futuro laboral de miles de personas.
Eso, más el ajuste que silenciosamente está produciendo el Gobierno recortando beneficios y planes sociales, sumado a la vigencia de una inflación que se siente fuerte en los bolsillos más débiles, no son sin embargo los únicos ingredientes de este peligroso cóctel. El desánimo por comprobar que la Justicia no llega a todos por igual, y la inevitable contradicción que se produce al comparar la realidad con el relato oficial, terminan de dar forma a un descontento social que históricamente se expresa en estas fechas.
Lo que sorprende es la actitud del Gobierno frente a esta situación. Se repiten los errores, advertidos hasta por los propios funcionarios, y se insiste en facilitar con revanchismo un clima de mayor confrontación que lejos está de apagar los fuegos. Los muertos en los recientes saqueos serán difíciles de explicar para una gestión que se reivindica como progresista y decidida a no criminalizar la protesta social.
¿Podrá la Presidenta Cristina Fernández reconciliarse con los sectores medios que observan pero también sufren las consecuencias de sus políticas? Para el Gobierno las próximas elecciones legislativas serán decisivas. Por ahora, todas las encuestas de opinión, incluidas las que encarga la Casa Rosada, muestran un serio deterioro en la imagen de Cristina.
Generalmente eso no se revierte en pocos meses ni a la luz de medidas que dividen simpatías.
La estatización del predio de la Sociedad Rural en la Capital Federal es un ejemplo de esa división. El Gobierno, más que atacar la injusticia de que esa entidad haya adquirido esos terrenos a precio vil, buscó sin dudas el efecto político. Como símbolo de la “oligarquía vacuna” y de “la derecha terrateniente”, a los sectores de izquierda que alimentan los cuadros militantes del oficialismo les sonó como una bella música.
La oportunidad del anuncio, en cambio, dejó en claro que se buscó lo que ya es una práctica repetida del Gobierno: generar contrapesos a las situaciones que le resultan negativas.
Malas nuevas
El embate contra la Justicia que encabeza la propia Presidenta, motivada por su obsesión de destruir al Grupo Clarín, tiene sus dificultades. La Corte Suprema decidirá el próximo jueves si acepta o no hacerse cargo del polémico expediente y quizás nunca como ahora el Máximo Tribunal pondrá en juego su prestigio.
Por lo pronto, desde otros estamentos judiciales se han levantado actitudes que para el oficialismo eran inesperadas. La Sala I de la Cámara Federal convalidó la investigación de la fiscalía en el caso Ciccone y con ello el vicepresidente Amado Boudou fracasó en su intento por conseguir la nulidad de esas actuaciones. En esa causa, Boudou es el principal sospechoso de corrupción por tráfico de influencias y lavado de dinero, pero permanece en su cargo sostenido políticamente por la Presidenta.
En estas fiestas, para el Gobierno no serán muchos los motivos de celebración. Millones de argentinos esperan que, al menos, en el brindis de la Presidenta se mencione la palabra Paz.