La muerte del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, uno de los referentes ideológicos de Cristina Fernández, ha tenido un fuerte impacto en la dirigencia política argentina. No es para menos, porque los lazos que lo vinculaban a nuestro país fueron múltiples y excedieron largamente las relaciones formales entre dos naciones amigas. Lo que para muchos observadores resulta en cambio sorprendente es la escasa repercusión pública que el duelo ha tenido aquí. No hubo manifestaciones populares ni homenajes callejeros. Todo se ha limitado a seguir las transmisiones televisivas que llegaban desde Caracas.
Este dato no pasó inadvertido en los despachos de la Casa Rosada y hasta resultó inquietante para quienes evalúan desde allí las encuestas que reflejan los humores sociales. Ellos esperaban otra cosa. Suponían que la militancia kirchnerista lo sentiría más intensamente como una pérdida propia y acompañaría con gestos públicos el dolor de la Presidenta.
Esos funcionarios están convencidos de que los factores emotivos son pilares insustituibles para la construcción de adhesiones al relato épico, que tanto Chávez como Cristina han enarbolado en sus liderazgos. Por eso temen que una declinación de esa sensibilidad termine por afectar en algo el vínculo que existe entre la Presidenta y sus seguidores.
En rigor, ese vínculo muestra ya algunos contrastes. Dos sondeos encargados por el Gobierno a encuestadoras en las que confía, revelan que entre el 66 y el 75% de los consultados no apoyaría una reforma de la Constitución Nacional para que la actual mandataria pueda aspirar a un nuevo período en 2015. El influyente secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, acaba de decir que la Presidenta tiene una adhesión que no baja del 50%. Los resultados de las encuestas más recientes que están sobre su escritorio no dicen eso.
La posibilidad de una re-reelección de Cristina está envuelta en algunas confusiones que no son inocentes. En su discurso al Parlamento del 1 de marzo, la Presidenta, refiriéndose a los proyectos que enviará para "democratizar la Justicia", afirmó textualmente: "No se va a reformar ninguna Constitución, quédense tranquilos". Muchos integrantes de la oposición, pecando de ingenuos, se quedaron tranquilos y también algunos medios que tomaron la expresión imaginando que ella declinaba modificar la Carta Magna para volver a ser candidata.
Las explicaciones que dieron luego algunos funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, apuntaron a enfatizar que la Presidenta sólo se refería a que no habrá reforma constitucional para democratizar la Justicia, no para otra cosa. Tanto es así que ministros y dirigentes afines al cristinismo siguen insistiendo con la necesidad de que el modelo se proyecte después de 2015 bajo otra gestión de su jefa.
La oposición parece tener la vista nublada. Hasta ahora no da señales de comprender que la elección de octubre está por encima de los intereses partidarios de cada uno y será casi un plebiscito: reforma sí o reforma no. Si el oficialismo consigue la cantidad de diputados y senadores que le permita impulsar una Asamblea Constituyente, todo será posible para el Gobierno, incluidos otros avances sobre el esquema institucional del país.
Para eso necesita acortar distancias en distritos importantes como Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y ganar con amplitud la provincia de Buenos Aires. De allí que las presiones sobre los intendentes se incrementen. En el caso del gobernador Daniel Scioli, el cerco se va reduciendo para lograr un total sometimiento a la Casa Rosada o directamente una renuncia anticipada. Eso le permitiría al gobierno nacional, derivando una inversión millonaria en obras y subsidios, retener un elevado caudal electoral. Para Scioli, aunque no lo desee, son horas de definiciones trascendentes.
Los supremos
Donde el clima ha cambiado de forma notable es en la Corte Suprema de Justicia. Sus integrantes saben que han sido elegidos como nuevos enemigos del Gobierno y no están cómodos con esa situación. Les molesta la actitud exageradamente militante de la procuradora Alejandra Gils Carbó porque apunta a dividir a la Justicia, y saben que cada uno tiene una enorme lupa sobre su cabeza.
Sin embargo, aseguran que son conscientes de la responsabilidad institucional que les cabe y que nada alterará sus fallos. "No somos opositores ni oficialistas como pueden suponer aquellos a los que no les gustan nuestras sentencias", afirman. En la Casa Rosada, por las dudas, han comenzado a evaluar que si en las elecciones consiguen los dos tercios legislativos para reformar la Constitución, también con ese número podrán destituir por juicio político a parte de la Corte.
