Hace pocos días y cuando nada lo hacía suponer, ya que el Gobernador en su discurso del 1º de Mayo ni siquiera había mencionado el tema, el Sr. Vicegobernador apareció solicitando una declaración de emergencia en materia de seguridad, seguramente emulando una conducta similar de su nuevo referente político nacional, el gobernador Scioli.
Entendemos que esto merece algunas reflexiones:
En primer lugar pareciera que en el frente interno del Partido justicialista no hay unanimidad de criterios respecto del tema y menos aún si nos referimos a los diputados nacionales oficialistas que nos representan en el Congreso de la Nación, los cuales sería bueno que hagan pública su opinión pues, entre otros temas, su voto podría ser decisivo para la sanción de leyes de fondo que afectan directamente a la inseguridad y que analizaremos más adelante.
Por lo que se ve, el utilizar la inseguridad para la interna ha mostrado que las relaciones del Vicegobernador con otros miembros del Gobierno no son del todo buenas y afectan las decisiones en áreas fundamentales.
Sería bueno analizar el significado que pretenden darle a la llamada "Emergencia", ya que la Corte ha establecido que para que haya emergencia es necesario un "accidente sobreviniente", lo que da una idea de un acontecimiento extraordinario y en alguna medida imprevisible.
No pretendemos una discusión semántica pero es que no creemos que sea ésta la realidad de la inseguridad en Mendoza ya que llevamos varios años de una situación que se viene agravando y sobre la cual venimos haciendo las advertencias en diversos ámbitos y también en los medios de comunicación mendocinos.
Recordemos que sería la tercera ocasión que se declara una emergencia en este tema, lo que conceptualmente es un contrasentido, salvo que reconozcan que vivimos de emergencia en emergencia o en emergencia permanente. Y que las experiencias anteriores de emergencia poco hicieron en modificar la realidad delictual.
La UCR ni se ha negado ni se va a negar a participar en políticas de Estado serias e integrales que traten al menos de paliar el fenómeno de inseguridad en que vivimos, pero es necesario advertir a nuestra población que, en esta materia, por más que se dicten leyes provinciales que obliguen a identificar las motos, a modificar el Código de Faltas, o nuevamente el Código Procesal, a habilitar la compra de equipamiento y todo cuanto se nos ocurra, seguramente no va a mover la aguja de la balanza a favor de la seguridad, porque hay situaciones de responsabilidad del Gobierno nacional que favorecen directa o indirectamente la inseguridad del país en el que estamos viviendo.
Con 30% de la población debajo de la línea de pobreza y 10% de la misma debajo de la línea de indigencia y con el fracaso absoluto en materia de lucha contra la droga, nuestros esfuerzos provinciales pueden ser muy relativos.
Hasta la Iglesia Católica reclama cotidianamente por estos dos temas. Recordemos que después de 10 años en que el oficialismo Justicialista no permitió lo que dio en llamarse "diplomacia policial" (esto es, vínculos de cooperación entre policías locales y organizaciones extranjeras respecto de la lucha contra el narcotráfico) y cuando el tema se les ha ido de madre, recién ahora están restableciendo relaciones con instituciones internacionales que saben del tema y que mucho nos pueden ayudar
De todos modos proponemos dentro del ámbito provincial las siguiente medidas:
Restablecimiento del Servicio Cívico Voluntario.
Adhesión a Ley nacional antidrogas que permita, por un lado el fortalecimiento de la tarea de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, con personal y medios suficientes para que no sea una dependencia meramente simbólica.
A modo de ejemplo, debe ser una prioridad institucional capacitar al personal en seguimiento del dinero ilegal producido por la droga y en la adquisición de tecnología que entre otras acciones estratégicas cierre el tráfico de droga por nuestras fronteras provinciales, la adquisición de escáneres es fundamental para ello.
Por otro que permita también la creación de tribunales provinciales y fiscalías especializadas en este tema. Recordemos que la competencia de esta ley está referida al mercado de menudeo que es el que está arrasando con la juventud en nuestros barrios y por lo cual escuchamos quejas desgarradoras todos los días.
Reglamentación por Ley del Plan Provincial de Desarme y Control de Armas que con éxito se instrumentó durante los años 2000 a 2003 y que oportunamente fuera distinguido con un premio por las Naciones Unidas.
Instruir a nuestros legisladores nacionales (de todos los partidos) para que cuando tengan que votar el proyecto de Ley de Código Penal se abstengan de hacerlo en favor de la eliminación de la reincidencia, la disminución de las penas y la flexibilización de los regímenes de excarcelación de condenados.
La inseguridad que vivimos es para preocuparse, por lo que no es conveniente utilizar esta situación para posicionamientos internos ni para sobreactuar con supuestas medidas de shock y dejar que pase el tiempo sin que nada cambie mientras se restringen libertades a ciudadanos comunes. Hoy se debe exigir a la Nación políticas concretas que modifiquen la situación social y su secuela de violencia, y que planifique una verdadera estrategia contra el crimen y la impunidad. La impunidad que vivimos es una de las formas de violación de los derechos humanos.
