"Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y cuando quiera enojarse, vos te debés encoger, pues siempre es güeno tener, palenque ande ir a rascarse", dice con cínica resignación el Viejo Vizcacha a un hijo de Martín Fierro.
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"Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y cuando quiera enojarse, vos te debés encoger, pues siempre es güeno tener, palenque ande ir a rascarse", dice con cínica resignación el Viejo Vizcacha a un hijo de Martín Fierro.
Sin embargo, ese miedo reverencial a los jueces dejó de serlo ya que es el poder más dependiente de los tres.
1) El Consejo de la Magistratura, incorporado a nuestra Constitución en 1997 por Ley 6.524, está integrado por 7 miembros, de los cuales sólo 2 son magistrados. Además, hay un miembro del Poder Ejecutivo, 2 abogados y 2 diputados.
2) El Jury de Enjuiciamiento lo forman los 7 ministros de la Suprema Corte, 7 diputados y 7 senadores. Sólo un tercio pertenece al Poder Judicial.
3) Para todos los nombramientos de magistrados se requiere el acuerdo del Senado.
4) Para su funcionamiento, la S.C.J. sólo “propone” al Poder Ejecutivo el Presupuesto anual pero la decisión está en manos de los otros dos poderes, que pueden: aprobarlo o no; aumentarlo o disminuirlo.
5) La única norma que le concedía “autarquía” (Ley 5.050) fue vetada por Llaver en setiembre de 1985.
6) Las “paritarias” judiciales no son tales puesto que interviene el Gobierno doblemente: a través de la Subsecretaría de Trabajo y otro miembro del Poder Ejecutivo, además de un funcionario del Poder Judicial (patronal) y el gremio. O sea 3 a 1, lo que muestra la tortuosidad del procedimiento y no hay “paridad”.
Hasta 1997 la totalidad de los jueces eran nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Con la reforma, esta manera de elegir quedó sólo para los ministros de la Suprema Corte y su Procurador General. El resto de todos los cargos deben someterse al Consejo de la Magistratura. Hay dos etapas en la selección de aspirantes: la primera, de evaluación técnica, se hace mediante concurso público, abierto y de oposición, en forma escrita y oral. En la segunda etapa, se realizan los estudios psicofísicos y se evalúan los antecedentes laborales, científicos y académicos de los postulantes. Este examen, con sus dos etapas, es bastante riguroso y ha sido un enorme avance respecto del anterior sistema.
Sin embargo, el resultado final es la “terna” que debe enviarse a las autoridades del Consejo de la Magistratura, que la propone al Poder Ejecutivo. Éste elige a uno de los tres y aquí viene el problema. Puede elegir entre el mejor y el peor de los tres y esto deriva, en la mayoría de los casos, en una injusticia. En mi humilde opinión, debe respetarse a quien obtuvo la nota más alta. De lo contrario, se desalienta la presentación de los postulantes. Me consta que muchos secretarios, abogados de profesión, han visto frustradas sus posibilidades por falta de “cuña” política, a pesar de haber ganado sobradamente el concurso.
Mi “osadía” en esta propuesta está fundamentada en el conocimiento que tengo respecto del funcionamiento del Poder Judicial.
1) La totalidad de los futuros magistrados deberán pasar por el Consejo de la Magistratura. No se salvarán los ministros ni el procurador general.
2) Ganará el concurso el primero en puntaje, para evitar los acomodos (injusticia dentro de la Justicia).
3) Para ser ministro o procurador general del superior tribunal, deberá acreditar un mínimo de 5 años como juez o fiscal de Cámara.
4) Para ser juez o fiscal de Cámara, deberá acreditar un mínimo de 5 años como juez o fiscal de 1° instancia.
5) Para ser juez o fiscal de 1° instancia deberá acreditar un mínimo de 2 años como juez de Paz Letrado.
6) Para ser juez de Paz Letrado, deberá acreditar como mínimo, 5 años en la profesión, “en la calle”.
Los demás requisitos de nacionalidad y edad, serán los mismos que dispone actualmente la Constitución. De esta manera, se evita que asuman como magistrados gente sin experiencia en el dictado de las sentencias, que demora los procesos inevitablemente por la falta de idoneidad. Esto está comprobado. Hay muy pocas excepciones. Sin perjuicio de la capacidad de los que han pasado por el superior tribunal, los abogados venidos “de la calle” invariablemente poseen influencia de algún tipo (académica o política) que contamina el entorno. Prefiero a los magistrados que han hecho la carrera dentro de la Justicia. Obvio que la mía es una mirada interna del Poder Judicial. Prefiero eso antes que las influencias políticas, tan desprestigiadas en la actualidad. El caso más patético fue la entrada “por la ventana”, como ordenanza, sin rendir concurso, de un funcionario vinculado a la difusión de los actos del Poder Judicial. Ésta es la forma de mejorar la Justicia, además de las tan difundidas y necesarias reformas a los Códigos Procesales.