Foto:
En el mes de febrero, Integración Peronista, sector interno del PJ al que pertenezco, presentó en la Legislatura provincial a través de nuestros senadores, un proyecto de reforma de la Ley 6.722, con el que pretendemos aportar herramientas a la sociedad para actuar en uno de los temas que más preocupan: la inseguridad.
Se trata de la elección, por parte de los vecinos, de los comisarios de las unidades territoriales más cercanas, es decir de las que hemos denominado "comisarías territoriales".
Esta propuesta, que puede aparecer como novedosa, no lo es tanto; es de vieja práctica en algunos Estados norteamericanos, donde la elección de alguaciles, comisarios, o marshales es responsabilidad de los ciudadanos.
Se trata de un proyecto analizado durante más de un año y que, sin duda, puede ser perfectible en el debate, no sólo legislativo sino también social.
Creemos que, más allá de ser necesaria, la aprobación de esta propuesta no logrará alcanzar los niveles de seguridad que todos esperamos. También es perfectible el accionar de la Justicia, la readaptación penitenciaria, las políticas preventivas en la lucha de flagelos como el narcotráfico, la trata de blancas, etc., siempre acompañadas de políticas inclusivas en las que claramente nuestro país está haciendo un gran esfuerzo.
Entendemos que debe ser creciente el rol de la sociedad como controladora directa de los funcionarios y de quienes tienen responsabilidades públicas.
Si al lector le preguntásemos quién es el titular o responsable de la comisaría o unidad policial a cuya jurisdicción corresponde su domicilio y lo puede responder, pertenece entonces a una pequeña minoría inferior al 5% de la población mendocina.
Ahora bien, seguro conoce al responsable de la limpieza de la ciudad, del alumbrado público, de hacer pavimento y asfalto, es decir al intendente; lo conoce porque lo elige, lo haya votado o no, y puede ser juez de su gestión. A partir de esa realidad puede votarlo o no, si se presenta para ser reelegido.
Pero mayoritariamente nuestra población no sabe quién es el responsable directo de la protección de su casa, sus bienes, su familia, del espacio público de su barrio y nos surge la siguiente pregunta: ¿el nivel de compromiso de quien no pone en juego su prestigio personal porque no es conocido, sería el mismo si tiene que someterse a la aprobación de la comunidad de la jurisdicción en la que actúa? Ciertamente no sería igual, aunque pueda existir, con el sistema actual, un compromiso importante.
Con este proyecto de ley de ninguna manera se afecta la cadena de mandos o la carrera policial, tampoco supone una independencia de mandos superiores ni una autarquía funcional; lógicamente, quienes sean candidatos deben pertenecer a la institución, ser retirados de fuerzas de seguridad o con conocimientos específicos en seguridad pública; es decir, deben acreditar idoneidad para el cargo, condiciones de honorabilidad y conocimiento de la jurisdicción que pretenden conducir.
La iniciativa ofrece seguridad a quienes, integrando la fuerza, pueden aducir arbitrariedad en los destinos o determinación de jerarquías. Siendo la seguridad una de las mayores demandas de la sociedad, requiere hoy de la audacia de la clase política para encarar reformas profundas, en una provincia en la que, por no permitirse constitucionalmente la reelección, muchas medidas que pueden ser conflictivas en el corto plazo no se llevan adelante y otras, que tuvieron origen como políticas de Estado, no siempre se continuaron en el tiempo.
El mandato de los comisarios territoriales, como hemos dado en llamarlos, será de dos años, con la posibilidad de dos reelecciones consecutivas; entendemos que dos años es poco para una buena gestión, por eso la posibilidad de la reelección, pero también ese plazo puede ser muy largo para una gestión deficiente; en ese caso el vecino lo decidirá con su voto.
Se propone la elección por jurisdicciones, sólo se habilita al vecino del ámbito geográfico correspondiente, sin que la concurrencia a votar sea obligatoria. Tampoco será necesario que coincidan las fechas de elecciones de las distintas jurisdicciones, ya que cada una podrá ordenarse según sus características.
Las candidaturas se expresarán individualmente y cada candidato formulará sus propuestas en el ámbito de su zona. El costo de cada campaña será solventado por el gobierno provincial y los candidatos no podrán recibir ningún tipo de contribuciones del sector privado. Con esto se pretende dar a quien resulte electo total independencia, sin compromisos con intereses privados o sectoriales.
Creo haber destacado los aspectos más importantes del proyecto; lógicamente contempla también otros funcionales y organizativos.
En cualquier encuesta actual aparece la seguridad como una de las principales demandas de la sociedad. Sabemos que con esta reforma no alcanza, pero también sabemos que las estructuras tradicionales son cada vez más frágiles ante la complejidad del delito y el poder creciente de algunas formas de crimen organizado; ejemplo de ello es la situación de la cúpula policial de Santa Fe vinculada al narcotráfico.
La mayor participación comunitaria es la mejor garantía de control de gestión que la política puede brindar.
Decía Winston Churchill: "La guerra es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los militares"; en un pretencioso paralelo, decimos que la seguridad es demasiado importante para dejarla sólo en manos de la Policía.
