Tras el debate sobre el nivel de acatamiento que ha tenido el paro general del 27 de agosto, es necesario advertir que la situación social se está deteriorando efectivamente.
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Tras el debate sobre el nivel de acatamiento que ha tenido el paro general del 27 de agosto, es necesario advertir que la situación social se está deteriorando efectivamente.
Los indicadores sociales muestran en 2014 una evolución peor que en 2009, el único año en el cual el kirchnerismo tuvo la economía en recesión.
La inflación es 40% anualizada y es más probable que suba a que baje en lo que resta del año. En Mendoza se estima que, anualizada, está llegando al 50%.
Es una situación muy diferente a la de cinco años atrás, cuando la recesión moderó la inflación y la mantuvo en torno al 15%.
El nivel de pobreza es superior a entonces y hoy se ubica alrededor del 27%, que en los menores puede llegar al 35%, dado que las familias que viven por debajo de la línea de pobreza tienen mayor tasa de natalidad.
Hoy puede estimarse que, hacia fin de año, el porcentaje de población bajo el nivel de pobreza alcanzará a un tercio de la población (33%), siempre y cuando la inflación anualizada se mantenga en torno al 40%.
Hay indicadores que evidencian un fuerte deterioro del consumo: ha caído varios puntos la venta de alimentos en los supermercados y de nafta en estaciones de servicio.
El dato más relevante es que, año contra año, la cantidad de basura ha disminuido en 20%. Esto quizás muestre que la caída de la actividad es mayor a lo que se estima hasta ahora.
La realidad socio-laboral argentina muestra que, sobre 42 millones de habitantes, la población económicamente activa son 17,5 millones. De ellos, solo 8 millones son trabajadores registrados o en blanco.
Puede sumarse a ello casi otro millón de trabajadores autónomos que están aportando efectivamente al sistema previsional.
Desde esta perspectiva, debe registrarse que la mitad de la población económicamente activa está en la formalidad y la otra en la informalidad (trabaja en negro, vive de subsidios o está desocupada).
El promedio salarial de quienes trabajan en la informalidad es aproximadamente la mitad de quienes tienen un trabajo formal.
Además, cuando la economía entra en crisis, la destrucción de puestos de trabajo en el trabajo formal es gradual o escalonada. Primero se reducen horas extras, después se adelantan vacaciones y se reducen jornadas de trabajo, luego siguen las suspensiones y finalmente los despidos.
Sobre este universo del trabajo formal -que es el representado por los sindicatos-, hoy puede estimarse que aproximadamente 50.000 trabajadores están sufriendo suspensiones.
La cantidad de trabajadores formales ha sufrido una caída en los últimos meses, pese a que el sector público sigue aumentando su dotación. Ello evidencia que la destrucción de empleo ha comenzado y se está dando con intensidad en el sector privado.
Pero mientras en los 8 millones de trabajadores formales la absorción de la crisis es gradual y atenuada, en el mundo informal es inmediata y automática.
Cuando la recesión comienza, el “no vengas más”, “vení la mitad del tiempo” o “te puedo pagar la mitad” es un ajuste inmediato, que lo sufren muchos de los 6 millones de trabajadores informales.
No hay números precisos sobre la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en los últimos meses en la informalidad.
La Argentina enfrenta una situación económica difícil, con los indicadores sociales deteriorándose.
El gobierno “redobla la apuesta”, buscando alinear la política con la consigna “Patria o buitres” y avanzando hacia una mayor estatización de las decisiones económicas.
El futuro de la economía puede ser previsto o evaluado a través de cifras y curvas que permiten pronosticar. Con la política suele suceder otro tanto.
La sociología política proporciona elementos empíricos, como los sondeos de opinión, a través de los cuales también puede medirse la evolución de la política y su eventual proyección.
Pero las cifras en lo social son más relativas. El conflicto social funciona con la “teoría del resorte”: acumula y un momento salta y aparece una serie de tensiones contenidas. A veces no es posible determinar cuál ha sido el detonante que ha hecho saltar ese resorte.
En los últimos meses la Argentina ha mostrado dos “resortes saltando” en material de conflicto social: los saqueos con motivo de la huelga policial en diciembre y la violencia en el centro de la Ciudad de Buenos Aires en la noche del 13 de julio, cuando se perdió el partido contra Alemania en la final del Mundial y en diciembre del año pasado, con la huelga policial y los saqueos que tuvieron lugar entonces.
Se trató de dos situaciones imprevistas y fuera de cálculo, que permitieron emerger situaciones subyacentes no previstas.
En este marco, el último cuatrimestre de 2014 presenta un cuadro social difícil, en el cual el “resorte” puede volver a saltar. La combinación de inflación creciente con más recesión puede precipitar este tipo de situación.
Los sectores de menores ingresos pueden verse empujados al saqueo si sufren la dificultad de alimentarse. Pero la irrupción de este problema puede precipitar otros que están contenidos, como la frustración de la clase media.
Fin de año se ha transformado en Argentina en los últimos tiempos en un momento en el cual las tensiones sociales se exacerban, en un ciclo que puede ser definido como “estacional”.
En una situación de irrupción de la violencia social, los sindicatos pueden tener cierto rol en términos de contener, pero no serán los protagonistas principales.
Los movimientos sociales (piqueteros y cooperativistas) también pueden incidir, aunque hoy no decisivamente. Las fuerzas de izquierda con fuerte presencia en los conflictos sociales pueden jugar un rol en precipitar situaciones, pero después difícilmente las controlen. Las barras bravas de fútbol son un factor que interactúa con la política.
Pero serán los nuevos intereses para el control de la calle que han surgido con la extensión del crimen organizado y los carteles de la droga y los resentimientos acumulados, los que puedan jugar un rol más imponderable.
Hay que recordar que la recesión baja la conflictividad de los trabajadores formales cuando no hay inflación, como sucedió en 2002, pero no lo hace cuando la inflación devora sus salarios.