Ante la demora en responder desde la Nación, varias entidades representativas de la actividad vitivinícola concluyeron recurriendo a la Justicia para plantear una acción de amparo, ante la mencionada decisión del gobierno nacional de determinar la eliminación de la obligatoriedad del certificado de ingreso de uvas (CIU).
Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en Mendoza.
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La política de desregulación del Estado puesta en marcha por el actual gobierno nacional incluyó al Instituto Nacional de Vitivinicultura, que tiene su sede en nuestra provincia, pero supervisa a una actividad cada vez más trascendente y extendida en varias zonas del país.
En una reciente visita a Mendoza, el encargado de poner en marcha dicha política, el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, explicó ante representantes de la industria vitivinícola los alcances de las medidas pensadas para desburocratizar la labor del INV. En general dicha oportunidad fue propicia para que los empresarios de la actividad plantearan distintas inquietudes, aunque sin dejar de reconocer la razonabilidad de la mayoría de los aspectos de la desregulación encarada.
Sin embargo, hubo un punto que generó preocupación y que condujo a un reclamo prácticamente al unísono entre las autoridades del área de la producción de nuestra provincia y distintas entidades representativas del sector, al que se fueron sumando funcionarios del área de las demás provincias que cuentan con actividad vitivinícola. Se trata de la eliminación de la obligatoriedad del certificado de ingreso de uvas (CIU).
Fue el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, el primero en manifestar preocupación mediante el envío de una carta al titular del Ministerio de Economía de la Nación, Luis Caputo, del cual depende operativamente el INV. Luego se sumó un buen número de entidades que representan, tanto a nivel nacional como regional, a bodegueros y viñateros.
Recordó el funcionario mendocino que durante décadas dicha herramienta fue clave para garantizar el funcionamiento ordenado, con transparencia, de la llamada cadena vitivinícola, asegurando la identificación precisa del origen del viñedo, la variedad y demás condiciones esenciales de la uva, su tenor de azúcar y parámetros para la valoración, trazabilidad de la materia prima, respaldo jurídico de la propiedad del productor y determinación precisa de los kilos de uva cosechados e ingresados a bodega.
Es evidente que todos esos ítems garantizan gran parte de la calidad del producto y resguardan legalmente tanto al bodeguero como al viñatero. Por ello la trascendencia de la firma conjunta del certificado por parte del productor y el establecimiento elaborador.
Ante la demora en responder desde la Nación, varias entidades representativas de la actividad vitivinícola concluyeron recurriendo a la justicia para plantear una acción de amparo, ante la mencionada decisión del gobierno nacional de determinar que dichos registros y controles pasen a ser optativos.
En el sector vitivinícola colocan al CIU en el sector de lo que llaman “herramientas exitosas que no generan burocracia ni mayor costo, garantizando seguridad jurídica y transparencia en toda la cadena” de producción del vino.
Se aguarda una respuesta favorable a un planteo a todas luces razonable. En este caso puntual, la regulación no resulta engorrosa para ninguna de las partes del circuito y es una garantía de transparencia y honestidad.