La Coviar se encuentra en una situación financiera delicada ya que el INV no aporta datos desde febrero. Cuándo podría conocerse la decisión de la Justicia.
Fabián Ruggeri, actual presidente de la Coviar.
Foto:
La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se encuentra en un momento complicado. No solo porque está en stand by a la espera de una respuesta judicial sino porque desde el INV no otorgan información desde febrero, lo que ha impactado en las cuentas del organismo.
Por un lado, el Gobierno nacional eliminó los aportes obligatorios que las empresas debían hacer para sostener el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). La resolución 55/2026 fue publicada en mayo y generó un fuerte rechazo por parte del Directorio de Coviar que contó con el apoyo de entidades como la Federación Económica de Mendoza y Acovi.
Por este motivo, se presentó un recurso de amparo en la Justicia para frenar la decisión de la Nación debido a que desde la Coviar consideraron que se atentó contra un organismo que fue creado por Ley y que llevaba adelante un programa para la industria en su conjunto. “La Coviar no es una entidad gremial empresaria sino un espacio con una llegada más amplia y una institucionalidad que abarca a toda la vitivinicultura nacional en su conjunto”, comentó Fabián Ruggeri, presidente de la Coviar.
Por otro lado, las dificultades de la Corporación Vitivinícola tienen que ver con el financiamiento, algo que comenzó a suceder antes de la resolución mencionada. Hay que recordar que los establecimientos vitivinícolas realizaban un aporte en función de la cantidad de ventas o exportaciones realizadas.
Sin embargo, según Ruggeri, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejó de enviar este informe en febrero, lo que imposibilitó cobrar la cuota correspondiente para solventar el PEVI. Esto generó un escenario complejo debido a la falta de ingresos y la imposibilidad de facturar los aportes correspondientes que comenzó antes de la vendimia y se profundizó con el correr de los meses.
Luego de realizada la presentación judicial que pide que se deje sin efecto la resolución 55, ahora la expectativa está puesta en la decisión del juez, que podría conocerse entre el 20 y el 25 de junio, de acuerdo con los plazos habituales de este tipo de procesos. En este contexto, la suspensión o no de la norma celebrada por otros sectores de la vitivincultura será determinante para el funcionamiento de la institución encargada de ejecutar el PEVI.
En caso de que la Justicia no haga lugar al recurso de amparo, Ruggeri admitió que la Coviar desaparecerá como tal ya que no hay forma de sostener una estructura como esa que incluye a todo el sector. “Coviar lleva adelante un plan estratégico diseñado para la vitivinicultura que no puede alcanzarse con un aporte voluntario”, observó Ruggeri.
Si la apelación fracasa, quienes están a favor de trabajar en conjunto podrían armar otra entidad que ya no sería para todo el sector sino para las cámaras específicas que formen parte de esta. La eliminación de los aportes obligatorios se dio en un contexto de desregulación del sector en donde ya ha habido planteos judiciales para frenar situaciones que atentaban contra la transparencia y calidad del mercado vitivinícola.