De cada temporal con características destructivas como el ocurrido el viernes 30, se sacan conclusiones y se pueden intentar reformas para una mejor eventual protección de vidas humanas y bienes materiales. El Estado con obras y los ciudadanos contribuyendo a mantener limpios los cauces de riego y aluvionales.
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Fueron muy graves las consecuencias del violento temporal que el Gran Mendoza y otras áreas de la provincia soportaron el viernes 30 de enero, en horas de la tarde. Se estima que fue una de las peores tormentas de los últimos treinta años. La precipitación rondó los 70 mm en dos horas.
Los grandes diques de contención funcionaron en los sitios donde fueron emplazados, pero con prescindencia de esas obras estratégicas, se han cometido muchos errores en la inadecuada planificación del piedemonte en una distancia de aproximadamente treinta kilómetros, entre la capital y Luján de Cuyo.
Los daños que se produjeron el viernes 30 fueron cuantiosos, y se repararán; afortunadamente no hubo víctimas fatales o lesionados graves por el accionar incontrolado del líquido precipitado. Los grandes damnificados otra vez fueron las personas y sus viviendas; también el arbolado y las obras publicas.
La ciudad de Mendoza y alrededores crecieron mucho más rápidamente que la construcción de defensas aluvionales. El experto en esta temática, Raúl Mikkan, doctor en Geografía, afirmó hace tiempo: “Si Mendoza tuvo una expansión a 100km/hora, las obras (de protección) han crecido a 2km/hora”.
Una vez más y como ha ocurrido recurrentemente, junto con el clima árido que caracteriza la provincia, su relieve y su pendiente pronunciada en sentido oeste-este, correntadas sin contención produjeron destrozos de distinta magnitud. El agua descontrolada que superó la capacidad de acequias, zanjones y otros cursos de derivación de caudales.
Por otro lado, al disponer de vegetación de clima árido, achaparrada, baja, escasa, esta situación colaboró para la formación de verdaderos ríos en las calles. Hay mucha deforestación y no se han respetado normativas en la construcción de viviendas en la extensa franja del piedemonte. Todo un cóctel que potencia la acción de erosión del agua.
Por si fuera poco, tenemos una explosión de barrios cerrados. ¿Entonces, qué puede hacer el Estado? En primer lugar, regular la acción del sector privado y progresivamente ir solucionado el problema de las construcciones clandestinas sin planificar, en abierta contraposición a normas sabias, como la Ley del Piedemonte (Ley 9.414)).
El Estado tiene no debe permitir que se siga construyendo en lugares donde no es propicio hacerlo, donde el agua ante una crecida importante tiende a buscar los paleocauces, que muchas veces están impermeabilizados, y allí se asientan barrios, con los efectos destructivos que se han registrado. Por ejemplo, las calles perpendiculares a la avenida Boulogne Sur Mer, que culminan en calle Belgrano, son antiguos cauces impermeabilizados. Entre otras, Pueyrredón, Rufino Ortega y Nicolás Avellaneda, donde su pendiente puede apreciarse al transitarlas, caminando o en vehículo.
Hay obras hidráulicas importantes, hay defensas aluvionales, tenemos gaviones que se han colocado en la zona del piedemonte. Pero, algunas de estas obras tienen mucha antigüedad, no disponen del mejor mantenimiento y deberían renovarse, además de colocarse más elementos que coadyuven a contener el desplazamiento incontrolado de la masa líquida.
Asimismo, se deberían emplear diferentes materiales y elementos arquitectónicos que hagan que las construcciones resistan de mejor manera ante estos eventos y se adapten mejor a las características del clima.
Otra posibilidad es emplear materiales modernos, porosos e hidrófugos que permitan que el agua se infiltre.
Hay que insistir en dar mayor envergadura a la reforestación, cada planta, cada árbol actúa como un pequeño dique de contención y eso siempre favorece cuando la escorrentía es muy fuerte, produciendo erosión, inundaciones y daños.