En el mes de abril se promulgó la reforma de la Ley de Arbolado Público (7.874), modificada por la Ley 9.702, con la pretensión de agilizar la gestión de las masas arbóreas en el espacio municipal o provincial.
El cuidado del arbolado público dependerá a partir de ahora prioritariamente de las municipalidades, que de manera urgente deberán encarar planes para apuntalar el arbolado existente, erradicar el que terminó su ciclo vegetativo y proceder a reforestar lo más rápido posible.
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En el mes de abril se promulgó la reforma de la Ley de Arbolado Público (7.874), modificada por la Ley 9.702, con la pretensión de agilizar la gestión de las masas arbóreas en el espacio municipal o provincial.
Se ha concedido a los municipios la autoridad exclusiva sobre los forestales de su jurisdicción, lo que puede ser bueno a la postre por aquello de que “el ojo del amo engorda el ganado”, refrán que significa que el negocio o proyecto prospera más cuando el dueño está encima de los detalles y supervisa todo.
Sin embargo, a casi dos meses de su publicación, aún no se perciben cambios en la práctica y es necesario que la etapa de instrumentación y reglamentación de la normativa se agilice.
El arbolado en Mendoza acredita muchas dificultades en todas las jurisdicciones: ejemplares secos, en mal estado y carentes de humedad.
Los habitantes de las distintas regiones cruzan los dedos para que no se produzcan vientos Zonda. Los últimos han causado estragos en las últimas ocasiones y lo que es peor, la pérdida de vidas humanas.
El proceso de reglamentación y de armonizar los procedimientos a partir de la gestión municipal del arbolado está en marcha, pero debe acelerarse para que, en la próxima primavera, las municipalidades se encuentren en condiciones de actuar con rapidez y solvencia en sus áreas de competencia ante cualquier emergencia.
Igualmente se descarta que los municipios serán provistos de los medios económicos y tecnológicos necesarios para mantener el arbolado urbano o de alineación, como lo llaman los ingenieros agrónomos.
Los números de los árboles en peligro o secos no está bien determinados, pero son muchos, como se aprecia en barrios y distritos.
De manera preventiva, las comunas deberían iniciar operativos de eliminación de ramas secas, rebajar copas de especies que están en riesgo, erradicar lo que ya no sirve y reforestar, toda vez que es posible.
También urge contratar personal especializado y capacitar a las cuadrillas, especialmente en las tareas de riego, además de disponer de ingenieros agrónomos a cargo para hacer el control y el mantenimiento.
Igualmente es perentorio agilizar los trámites municipales de la nueva ley. Atender con celeridad los reclamos de los vecinos debe ser otra prioridad, porque ellos saben por experiencia propia cómo cuidar el árbol del frente de la casa, como se encuentra y el riesgo que representa para los demás si puede caerse.
También deberá tenerse presente a las obras viales que se encaren, que son importantes y prioritarias, y por eso deben realizarse erradicando los ejemplares que han concluido su vida útil, pero no perjudicar a los que están en buenas condiciones.