La impactante situación vivida en Río de Janeiro debería encender muchas luces de alerta en los países que muestran preocupación por combatir a las organizaciones armadas de narcotraficantes.
Al margen de la disputa política que se generó en Brasil sobre la oportunidad y magnitud del operativo montado, no debe dejar de sorprender la capacidad que han adquirido con los años estos grupos correctamente definidos ya como terroristas. Las imágenes televisivas mostraron una virtual situación de guerra.
Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo, este 28 de octubre de 2025, en Río de Janeiro (Brasil).
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EFE / Antonio Lacerda La impactante situación vivida en Río de Janeiro debería encender muchas luces de alerta en los países que muestran preocupación por combatir a las organizaciones armadas de narcotraficantes.
Al margen de la disputa política que se generó en Brasil sobre la oportunidad y magnitud del operativo montado, no debe dejar de sorprender la capacidad que han adquirido con los años estos grupos correctamente definidos ya como terroristas. Las imágenes televisivas mostraron una virtual situación de guerra.
Que se deba recurrir a una acción de la magnitud vista en el país vecino habla de la gravedad de la situación, fruto de muchos años de afianzamiento de dichas organizaciones en las llamadas favelas, villas que en mucho se parecen a los lugares en los que en nuestro país también se refugia este tipo de delincuentes.
En realidad, la sociedad argentina tampoco es ajena a este flagelo, aunque todavía no hayamos visto algo similar a lo del país vecino. Décadas de desatención por parte de las autoridades y la justicia derivaron en situaciones límite, como la que se vivió en la ciudad de Rosario y varios conurbanos de todo el país. Miles de ciudadanos aterrorizados por los grandes mercaderes de la droga, ajustes de cuenta y numerosos casos en los que la delincuencia común actuaba con libertad detrás del telón de los narcos.
La actual gestión nacional decidió encarar con firmeza el combate contra el delito organizado poniendo el foco, fundamentalmente, en el accionar de las bandas de narcos. Fue necesario para ello el trabajo conjunto de la Nación y las provincias afectadas por la delincuencia; Santa Fe fue uno de los primeros y más claros ejemplos.
La implementación del denominado Plan Bandera, un operativo conjunto llevado a cabo entre las fuerzas de seguridad nacionales y de esa provincia, permitió que en poco tiempo se advirtiera una constante disminución de asesinatos, que habían llegado a una cifra estadística estremecedora, como también a la desarticulación de bandas y la detención de muchos de sus integrantes.
Aquella crisis santafesina condujo en su momento a la comisión de 400 asesinatos en un año. Con la implementación del plan coordinado desde la Nación esa cifra se redujo sustancialmente y hubo meses en los que no se produjo ninguna muerte por enfrentamientos o ataques a víctimas que nada tenían que ver con el movimiento narco.
De todos modos, como hemos indicado en oportunidades anteriores sobre este delicado tema, nadie debe cantar victoria apresuradamente. Estas políticas deben perdurar en el tiempo para obtener eficacia. De lo contrario, tan hábiles delincuentes se reorganizan detrás del suculento negocio de las drogas.
Se trata, indudablemente, de una demostración muy clara de que cuando el peso del Estado es puesto a combatir el delito con mecanismos legales es posible neutralizar la criminalidad más dramática.
Lo ocurrido en Río de Janeiro debe confirmar que el rumbo elegido contra el delito narco organizado es el correcto, pero para su erradicación no se debe dar tregua alguna. De lo contrario, se estaría ante un combate a medias.