La anomalía generada por las vacantes en juzgados de todo el país produce demoras cada vez más perjudiciales para la normal administración de justicia, lo que convierte a la actual gestión en la de peor relación entre renuncias y designaciones desde la restauración de la democracia, a fines de 1983.
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La Justicia en la Argentina sigue funcionando con serias anomalías sin que el gobierno nacional haya tomado decisiones al respecto. A dos años del comienzo de la actual gestión presidencial no hubo por parte del Poder Ejecutivo ninguna designación de jueces, fiscales ni defensores, con lo cual la cifra de vacantes asciende a 609.
A esa cifra, en la que se destaca ampliamente la falta de jueces, se llega sumando 83 renuncias que se produjeron en el sistema judicial desde diciembre de 2023. Esto significa que el 37% de los cargos que componen el sistema de administración de justicia nacional y federal no se encuentra cubierto. Sólo este año se produjo un número de deserciones que marca un récord en cinco años.
En su mensaje ante la Asamblea Legislativa para inaugurar un nuevo período anual de sesiones del Congreso, en marzo último, Milei prometió que enviaría al Senado los pliegos de postulantes para todos los cargos vacantes de jueces y para la Procuración General de la Nación, con interinato en su mayor jerarquía desde hace varios años. Desde el Consejo de la Magistratura se procedió al envío de ternas para cubrir muchos de los puestos vacantes, pero todo se frena porque el Ejecutivo no envía luego al Senado los pliegos de postulantes que eligió para cada puesto.
Cuando en marzo el presidente hizo el anuncio de la normalización de la Justicia, desde este mismo espacio destacamos el enorme favor que se le puede tributar desde el Ejecutivo a la administración del Poder Judicial con la regularización de cargos de semejante envergadura. La anomalía generada por las vacantes en juzgados de todo el país produce demoras cada vez más perjudiciales para la normal administración de justicia, ya que, entre otros problemas, se deriva en la ocupación de jueces subrogantes, de labor temporal, que terminan actuando con el efecto de una “frazada corta” del sistema.
El ya penoso saldo convierte a la actual gestión en la de peor relación entre renuncias y designaciones desde la restauración de la democracia, a fines de 1983.
El problema con el inadecuado funcionamiento de la Justicia se hace extensivo a la esperada recomposición de la Corte Suprema de la Nación, que viene funcionando con tres jueces sin que el Gobierno tampoco haya conseguido consensuar en el Congreso la designación de nuevos miembros tras la frustrada intentona con los doctores Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Expertos del Derecho y funcionarios judiciales de alto rango han coincidido públicamente en señalar que el máximo tribunal de justicia del país debe completarse, entre otros argumentos, porque la falta de dos jueces en este caso no sólo ralentiza la actividad en general, sino que también debilita la confianza pública en la calidad del servicio que se presta a la comunidad. Una situación de merma en cuanto a la credibilidad, que se va acentuando hacia abajo cuando, como ocurre en estos tiempos, la cantidad de jueces en actividad es cada vez menor.
Es de esperar que de una buena vez el Ejecutivo Nacional se disponga a cubrir estas numerosas vacantes.