La de los miembros del máximo tribunal de Justicia del país es, en realidad, una fuerte jugada para llevar a cabo profundos cambios en el proceso de selección de candidatos a jueces por parte del Consejo de la Magistratura, con el firme propósito de quebrar trabas y condicionamientos impuestos durante décadas por un reprochable contubernio político-judicial.
Jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) Horacio Rosatti (Presidente) y Ricardo Lorenzetti
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ganó protagonismo institucional con su reciente propuesta de cambios en los mecanismos de selección de jueces federales. Una iniciativa que se encuentra dentro de las atribuciones del máximo órgano judicial y que no requiere aprobación del Ejecutivo, pero que si éste la respalda se podrá decir que ayudó a darle a la Justicia su lugar y valor.
Un paso importante de la Corte en su condición de cabeza de un poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina, según lo que determina la Constitución.
Cabe recordar que el actual gobierno heredó una añosa y mañosa parálisis que se traduce en más del 40% de los juzgados del país vacantes. Aunque también corresponde aclarar que las actuales autoridades hasta ahora no habían mostrado aptitud y actitud para solucionar dicha anomalía.
Por lo tanto, se puede asegurar que la de los miembros del máximo tribunal del país fue, en realidad, una fuerte jugada para llevar a cabo profundos cambios en el proceso de selección de candidatos a jueces por parte del Consejo de la Magistratura, con el firme propósito de quebrar trabas y condicionamientos impuestos durante décadas por un reprochable contubernio político-judicial.
Con sus fundamentos los jueces supremos apuntan a un objetivo necesario e indiscutible: “reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad” y “garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados”, según se marca en las pautas dadas a conocer públicamente.
En virtud de la ineficiencia manifiesta observada durante larguísimo tiempo, se pretende de ahora en más que prevalezcan el llamado rendimiento académico de excelencia y el mérito real, según los pasajes más destacados de la fundamentación obrante.
En la búsqueda de la mencionada transparencia a lo que se apunta es a eliminar lo que abunda, lamentablemente: burocracia dominante que siempre derivó en un tránsito lento para el abordaje de las nominaciones. En adelante, los jueces deberían ser elegidos por concursos anticipados y mediante un sistema de puntajes tabulados que reduce la discrecionalidad política a la hora de establecer el orden de mérito.
Garantizar merecimientos e idoneidad deberá ser el vector determinante de la selección de los futuros magistrados, haciendo prevalecer el rendimiento académico y el mérito real por sobre la burocracia y sus demoras en las oficinas judiciales.
Se puede concluir con que nos encontramos ante una renovadora y auspiciosa propuesta, que deberá ser aprobada por el Consejo de la Magistratura, que preside el titular de la Corte e integran jueces, legisladores, abogados de la matrícula federal y representantes del ámbito académico.
Jueces supremos que le tienden una mano a los dos poderes políticos del Estado para destrabar lo que la política trabó muchas veces con propia culpa.