Ha transcurrido una semana de la violenta tormenta que afectó a Bahía Blanca y alrededores, sumando tremendos daños, víctimas fatales, heridos y todavía desaparecidos por la notable inundación.
El desastre que sufren los bahienses da una oportunidad para un buen ejemplo de coincidencias políticas para superar la situación creada.
Una situación trágica que necesita respuestas.
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NA / UNAR AGENCY Ha transcurrido una semana de la violenta tormenta que afectó a Bahía Blanca y alrededores, sumando tremendos daños, víctimas fatales, heridos y todavía desaparecidos por la notable inundación.
En estos siete días todo el país tomó conocimiento de la situación en virtud de la gran cobertura periodística, la repercusión en redes sociales y los movimientos solidarios que se fueron organizando tanto en Buenos Aires como en otros puntos del país, incluyendo a Mendoza.
Este es el primer aspecto a tener en cuenta en el marco de la histórica tragedia de los bahienses. El instinto de ayuda de los argentinos, en general, que quedó una vez más demostrado a través de la enorme cantidad de donativos que se acumularon en templos religiosos, entidades deportivas y de bien público y otros lugares cuando se tuvo conocimiento del desamparo en el que quedaron miles de personas por la acción destructiva del agua, que invadió viviendas y todo tipo de inmueble y afectó a una importante red de infraestructura.
Esa ayuda que sigue llegando a la zona de desastre en trenes, camiones, ómnibus y vehículos particulares es la que ha permitido complementar el esfuerzo realizado por profesionales de la salud, servidores públicos y voluntarios de aquella sociedad para intentar calmar el dolor físico y espiritual de una ciudadanía golpeada en todo sentido.
Esta muestra de enorme solidaridad permitió en estos días disimular cualquier tipo de falencia por parte de las autoridades, en todas sus jurisdicciones, para salir en auxilio de la sociedad castigada. Sería justificable ante el tremendo estupor algún tipo de displicencia en el orden estrictamente local, pero resultaría injusto no reconocer que el intendente de aquella ciudad del sudoeste bonaerense estuvo al frente en medio del desorden generado por el fenómeno climático.
De parte de los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires hubo, a su vez, reacciones disímiles que de algún modo se justificaron en la enemistad política imperante entre ambos, lo cual se transformó en actitudes desde todo punto mezquinas de cara a la tragedia.
Recién el miércoles el Congreso avanzó, a través de la Cámara de Diputados, para la declaración de emergencia en toda la zona alcanzada por el temporal. Se dio aval así a las acciones del gobierno nacional, teniendo en cuenta que horas antes la Presidencia de la Nación anunció la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos para asistir a los damnificados. Esto se concretó luego de una breve visita realizada por el presidente Milei junto con parte de su Gabinete, complementaria de la que horas después del desastre habían realizado los ministros Bullrich y Petri para poner a disposición de la ciudad afectada personal y elementos para favorecer el drenaje en zonas que permanecían inundadas.
Lamentablemente, en esta semana posterior al temporal hubo inevitables cruces políticos. Es indudable que las diferencias en cuanto a orientación partidaria existente entre el Ejecutivo nacional y el de la provincia de Buenos Aires poco contribuye a la búsqueda de una necesaria armonía para ejecutar las obras que permitan a los bahienses retomar su ritmo de vida. Ese debería constituir el mayor desafío a enfrentar por la dirigencia sin distinción de color político: determinar si hubo fallas de infraestructura o de mantenimiento que agravaron la situación y en base al resultado dar vuelta la página y coordinar una solución a largo plazo.