La intolerancia parece seguir ocupando un lugar importante en sectores amplios de la política argentina. Muy lejos de las virtudes y el coraje de los dirigentes argentinos que recuperaron la democracia en 1983.
Recientemente el gobernador de La Rioja. Ricardo Quintela, rememorando los sucesos caóticos que desembocaron en la renuncia del ex presidente De la Rúa, en 2001, el gobernador dijo que en aquella oportunidad “tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido” y opinó que el gobierno de Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”. Estas declaraciones son golpistas en estado puro.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, efectuó declaraciones golpistas.
Foto:
La intolerancia parece seguir ocupando un lugar importante en sectores amplios de la política argentina. Muy lejos de las virtudes y el coraje de los dirigentes argentinos que recuperaron la democracia en 1983.
El asunto que nos convoca en esta ocasión tiene que ver con intolerantes conceptos vertidos públicamente sobre la continuidad del actual gobierno nacional.
Recientemente el gobernador de La Rioja y una senadora que representa en el Congreso a esa provincia tuvieron expresiones en ese sentido. Rememorando los sucesos caóticos que desembocaron en la renuncia del ex presidente De la Rúa, en 2001, el gobernador Ricardo Quintela dijo que en aquella oportunidad “tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido” y opinó que el gobierno de Milei “ no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”.
Por su parte, a la senadora nacional María Florencia López se le atribuyó una frase directamente alusiva a aquel desenlace del gobierno de la Alianza, al citar la partida en helicóptero desde la Casa Rosada que debió realizar Fernando De la Rúa tras su renuncia.
Estas apreciaciones públicas motivaron un pedido del fiscal federal Stornelli pidiendo el desarchivo de una causa sobre las circunstancias que generaron la renuncia del presidente De la Rúa, aportando como elementos para justificar una nueva investigación los dichos recientes del gobernador de La Rioja y de la senadora por esa provincia.
Es la Constitución Nacional la que prevé los mecanismos de sucesión democrática ante una eventual acefalía presidencial, definitiva o temporal, motivada por renuncia, muerte, destitución o inhabilidad. Por ello de ninguna manera se puede admitir que desde la función pública se induzca a la clase política a forzar un quiebre institucional para destituir a un titular del Poder Ejecutivo.
El citado procedimiento judicial en marcha es muy importante en las actuales circunstancias porque, justamente, apunta en lo posible a determinar si en aquella renuncia de Fernando de la Rúa a la Presidencia de la Nación hubo algún mecanismo orquestado políticamente para forzar el mecanismo de mandato provisional que también prevé la Constitución Nacional.
Es por ello que estas desmedidas palabras de dos políticos en uso de la función pública no sólo deben ser descalificadas en lo institucional, sino que, además, están demostrado que la clase dirigente argentina no madura institucionalmente y persiste en actitudes que podrían ser consideradas propias de una tribuna política, más allá de que la descalificación es desaconsejable en cualquier circunstancia.
En la vida democrática oficialismo y oposición deben confrontar ideas políticas dentro del marco institucional. En su momento, las elecciones son las que determinan si el voto popular le da continuidad a quien gobierna o abre la oportunidad a la oposición. No hay alternativas.